El promedio de edad de los fallecidos es de 6 años
Organizaciones nacionales e internacionales demandan el establecimiento de rutas seguras para los viajeros que escapan de la crisis humanitaria compleja
13 países de América han adoptado medidas de petición de visas y pasaportes vigente para tratar de frenar flujo migratorio
Cinco niños venezolanos migrantes han muerto en lo que va de 2022. El pasado 18 de enero, Victoria Lugo de 7 años se ahogó en el Río Grande cuando pretendía cruzar junto a su familia de manera irregular el paso fronterizo entre México y los Estados Unidos.
Keiler Vargas, de 2 años, falleció en el trayecto entre Perú y Bolivia el 29 de enero por supuesta falta de oxígeno. Leangel Gutiérrez, de 10 años, pereció el 3 de febrero en un accidente de tránsito, cuando el autobús en el que viajaba con su madre se volcó en la vía entre Pasto e Ipiales al sur de Colombia. Ese mismo día, el niño de 10 años, José Fabian Chacín, falleció junto a su padre, también en un accidente de tránsito en Ipiales. Ambos, pertenecientes al pueblo Wayuu, partieron del municipio Mara en el estado Zulia con destino a Perú.
Y Yaelvis Santoyo Sarabia, de apenas 1 año, murió luego de que una bala disparada por agentes de seguridad de Trinidad y Tobago le alcanzara la noche del 5 de febrero. El niño iba en los brazos de su madre a bordo de una embarcación que salió de Delta Amacuro rumbo a las costas trinitarias.
Las muertes de los niños, con una edad promedio de 6 años, reflejan el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los migrantes venezolanos y especialmente los menores.
Pese a la cifra de 5 fallecidos en menos de dos meses, ni el gobierno de Nicolás Maduro ni administraciones de otros países se han solidarizado con el drama migratorio y humanitario que vive el pueblo venezolano. De parte de la gestión chavista, solo han existido tímidos acercamientos con su homólogos trinitarios y una promesa de acelerar las investigaciones en torno a la tragedia de Yaelvis Santoyo Sarabia.
En el informe Pequeños en Movimiento, elaborado por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), se exponen los riesgos que afrontan los niños migrantes venezolanos en su traslado y llegada a los países receptores de la región.
Uno de los principales peligros representa la presencia de grupos irregulares armados en la frontera colombo-venezolana, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular de Liberación (EPL), disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (Farc), así como bandas delictivas entre las que destacan los “Rastrojos”, los “Pelusos” y el Tren de Aragua.
El documento expone que los menores de edad se ven expuestos a redes de trata de personas, prostitución infantil, extorsión, contragando y tráfico de drogas.
Carlos Rodríguez, investigador del CDH de la UCAB, dijo que en los últimos años se ha incrementado la migración irregular en Venezuela.
“Desde que varios países de la región exigen visa y pasaporte vigente a venezolanos, esa migración no se está haciendo por pasos fronterizos sino que por trochas y caminos irregulares, donde además de adultos por supuesto vemos a niños acompañados y solos”.
Carlos Trapani, coordinador general de los Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) sostuvo que desde esta organización no alientan la migración irregular, pero tampoco la critican.
Trapani indicó que los países receptores deben preservar los derechos humanos de los niños que viajan solos o en compañía de sus familiares.
El coordinador de Cecodap manifestó que el suceso en Trinidad y Tobago no puede considerarse como un hecho aislado. “Hemos visto una política de violación sistemática de los derechos de los venezolanos en ese país, condenamos la criminalización y la estigmatización de los migrantes, los tratados internacionales comprenden la protección a las personas, especialmente a los niños”.
A finales de 2020, 32 personas perdieron la vida ahogadas en el corredor marítimo migratorio que se ha formado entre la población de Güiria en el estado Sucre y las costas de Trinidad y Tobago. Versiones indican que dos balsas zarparon de la localidad sucrense hacia la isla del Caribe, las autoridades trinitarias las interceptaron e hicieron regresar a las personas en una sola que zozobró. A bordo iban 16 niños, según familiares de las víctimas.
“La soberanía no es una patente de corso para cometer atropellos y violar los derechos de los más vulnerables, este caso del niño asesinado en Trinidad y Tobago tuvo repercusión por lo cruento, pero seguramente hay muchos más que no son tan graves, pero no por eso menos importantes”.
El primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, aseguró que la muerte de Yaelvis Santoyo Sarabia fue un accidente y defendió la labor de los guardacostas de su país.
Sostuvo que los efectivos estaban cumpliendo órdenes razonables y profesionales bajo protocolos y leyes internacionales. “La embarcación fácilmente podría haber transportado cualquier cargamento de armas, municiones o asesinos”, dijo.
La Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) y Unicef condenaron el hecho.
Fronteras bloqueadas
Carlos Rodríguez sentenció que 13 países de América han adoptado la petición de visas y pasaportes vigente para tratar de frenar el flujo migratorio venezolano.
“A partir de 2019 empieza el recrudecimiento del cierre de fronteras a los venezolanos. Pese a eso y al coronavirus que llegó poco después, la migración no se ha detenido”.
Trapani manifestó que la migración en Venezuela es forzada debido a la hecatombe humanitaria compleja.
“En Venezuela hay una crisis estructural que involucra instituciones y servicios, donde existen problemas de educación, salud y bienestar social que repercuten en el desarrollo de los niños y adolescentes”.
El informe Pequeños en Movimiento, ratifica que Colombia es el principal receptor de niños migrantes venezolanos. De acuerdo al Plan Regional de Respuesta para las Personas Refugiadas y Migrantes de Venezuela (RMRP por sus siglas en inglés) , 1.641 niños de nacionalidad venezolana se encontraban bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para finales de agosto de 2019, entre ellos, 152 sin acompañantes.
Un estudio publicado en 2019 por Human Rights Watch revela que entre mayo y noviembre de ese año, 529 niños y adolescentes no acompañados cruzaron la frontera hacia el estado brasileño de Roraima, de los cuales el 90% tenía entre 13 y 17 años.
Por su parte, Unicef estimó que, para finales de 2020, 2.500 menores de edad atravesaron la frontera desde Venezuela hacia Brasil.
Rutas seguras para migrantes
Para Carlos Trapani, la tragedia de los niños venezolanos que emigran tiene implicaciones que van desde lo fundamental, como el respeto a los derechos humanos, hasta elementos de carácter jurídico.
“Un niño que sale de Venezuela sin identificación porque no tiene cédula o pasaporte está expuesto a muchos peligros. El Estado debe garantizar el derecho a la identificación de los menores de edad, un niño que está afuera sin cédula o pasaporte está en situación de desventaja en comparación con los demás”.
El director general de Cecodap instó al Estado venezolano y a los países receptores de migrantes a establecer rutas seguras y espacios de protección para los niños.
“Hay que hacer un esfuerzo mancomunado para que este tipo de situaciones no se repitan. Las familias venezolanas no migran por gusto, lo hacen por necesidad, es una opción de supervivencia”.
“Los sistemas que puedan garantizar la entrada segura y regularizada de refugiados y emigrantes pueden disuadir a las personas de recurrir a los traficantes y salvar vidas”, sostuvo Stein de Acnur y la OIM. “Para evitar que tragedias sigan ocurriendo, se necesita seguridad en las vías y asistencia a los más vulnerables”.
Fuente: Runrun
