Una estrategia interesante podría ser sociocaracterizar a la población venezolana que se desempeña en sectores informales, para determinar capacidades que pueden estar subestimadas entre migrantes que están trabajando en ocupaciones por debajo de sus competencias, habilidades y nivel académico. Foto: Getty Images/iStockphoto – girafchik123
No encarar este asunto adecuadamente puede terminar teniendo consecuencias económicas y sociales graves para el país que podrían traducirse en que la migración se convierta en un lastre más que en una oportunidad para el desarrollo.
Txomin Las Heras Leizaola*
Las últimas cifras de Migración Colombia indican que en Colombia viven 2.894.593 venezolanos (con corte a octubre de 2022), cerca del 6 % de la población total del país, de los cuales 289.228 tienen alguna de las diferentes visas de residencia y 1.748.945 ya poseen a la fecha de hoy Permisos por Protección Temporal (PPT) aprobados, de los cuales 1.611.317 han sido entregados a sus beneficiarios. Aún están en proceso de estudio y expedición alrededor de 666.000 de estos documentos de identificación.
En las cifras recientemente anunciadas por las autoridades migratorias también están incluidos 311.729 venezolanos en situación irregular, número este que podría aumentar en los próximos años de acuerdo con los cálculos contenidos en el último informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la migración venezolana en América Latina y el Caribe, donde se indica que esta podría pasar de 7.131.435 a 8.400.000 en 2025. Si tomamos en cuenta que Colombia ha recibido entre el 35 % y el 40 % de los venezolanos que han salido de su país, es posible que su número en territorio colombiano se acreciente en medio millón en los próximos tres años.
Si bien los esfuerzos y los recursos tienen que ser dirigidos mayormente a partir de ahora hacia las tareas de la integración socioproductiva de los venezolanos que han manifestado su intención de quedarse en el país, las cifras de migrantes irregulares antes señaladas y las de aquellos que previsiblemente llegarán en los próximos años dan cuenta de la necesidad de continuar no solo con las labores de asistencia humanitaria sino con las iniciativas para regularizarlos en el país.
Lograr integrar en el tejido laboral nacional a los venezolanos que han llegado no será una labor rápida ni fácil si tomamos en cuenta que Colombia ya cuenta no solo con una tasa de desempleo por encima del 10 %, sino con unos índices de informalidad que superan con creces el 50 %. Sin embargo, no encarar este asunto adecuadamente puede terminar teniendo consecuencias económicas y sociales graves para el país que podrían traducirse en que la migración se convierta en un lastre más que en una oportunidad para el desarrollo.
En el informe El reto de la integración: desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026, el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario hace una serie de recomendaciones para avanzar en este cometido que comienza por fortalecer, financiera e institucionalmente, a los departamentos y municipios para la gestión de la migración, especialmente en las regiones fronterizas. Si bien el grueso de los migrantes está en las grandes ciudades, es importante resaltar que el 97 % de los municipios del país cuenta hoy con población venezolana.
Es necesario, asimismo, multiplicar por todo el territorio nacional la exitosa oferta de servicios de los Centros Intégrate y fortalecer sus lazos con el ecosistema empresarial y la red institucional de empleabilidad del país. En este sentido, hay que dar continuidad y ampliar los programas de certificación y capacitación de habilidades y competencias laborales, así como determinar las necesidades de capital humano tanto regional como localmente y cruzarlas con la oferta laboral que ofrece la población migrante.
Un punto crucial es garantizar el reconocimiento del PPT como un documento de identidad que dé acceso a servicios financieros por parte de las instituciones bancarias. Sin este paso resulta imposible acceder a empleos formales. Este reconocimiento también debe hacerse por parte de los colegios profesionales que otorgan la tarjeta profesional.
Una estrategia interesante podría ser sociocaracterizar a la población venezolana que se desempeña en sectores informales, para determinar capacidades que pueden estar subestimadas entre migrantes que están trabajando en ocupaciones por debajo de sus competencias, habilidades y nivel académico. Igualmente, es importante capacitar a la población venezolana en el conocimiento de derechos laborales, no solo para la protección de ellos mismos, sino de la propia fuerza de trabajo colombiana. Crear alianzas con organizaciones de la comunidad venezolana como difusoras de información también puede ser una provechosa práctica.
Finalmente, es vital desarrollar una amplia campaña de socialización dirigida exclusivamente al sector empresarial que, como principal empleador, debe estar al tanto de procedimientos sobre contratación de extranjeros y la oferta que ellos ofrecen, de manera que se puedan revertir mitos y procesos de desinformación.
La campaña Entrelazando, que fue presentada recientemente por el Ministerio del Trabajo, la Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo y la Fundación ANDI, con apoyo del proyecto Lazos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el proyecto Oportunidades Sin Fronteras de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), busca precisamente incidir sobre los generadores de empleo para avanzar en la integración laboral de la migración venezolana.
* Investigador adscrito del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario y de la Bitácora Migratoria en alianza con la Fundación Konrad Adenauer, y presidente de Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano.
Fuente: elespectador
