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Así los venezolanos suman riqueza donde llegan (y cómo los reciben en cada país)

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Economistas del FMI señalan que el éxodo venezolano está lejos de detenerse y pronto serán más de ocho millones viviendo en el exterior. Cuando llegan tienen un costo importante para los países receptores, pero después de integrados aportan con fuerza al Producto Interno Bruto (PIB).

Venezolanos migrantes

Un grupo de economistas del Fondo Monetario Internacional (FMI) ha encontrado los números del impacto económico de la histórica diáspora venezolana en los principales países a donde han ido a parar los más de siete millones de venezolanos huyendo de la peor crisis económica documentada para cualquier país en tiempos de paz.

Si bien, recibir, albergar e integrar a estos migrantes y refugiados tiene importantes costos fiscales inmediatos, en el largo plazo esa inversión se ve compensada porque estas personas aportan mucho a la formación del Producto Interno Bruto (PIB), o suma de riqueza en forma de bienes y servicios que genera un país.

«La llegada de venezolanos en busca de una vida mejor ha puesto a prueba las economías -y las sociedades- de los países latinoamericanos de acogida, que ya están haciendo equilibrios con presupuestos ajustados, especialmente desde la pandemia», destaca el estudio.

La investigación es firmada por los economistas Marco Arena, economista principal del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI y su equipo: Emilio Fernández Corugedo, subjefe de División; Jaime Guajardo, subjefe de División, y Juan Francisco Yépez, economista principal en el mismo departamento.

«Con una pronta integración de los migrantes, las economías de los países de acogida podrían aumentar su PIB hasta en 4,5 puntos porcentuales de aquí a 2030», señalan los expertos.

Destacan que más de siete millones de venezolanos han huido del país desde 2015, de los cuales seis millones se han asentado en otros países latinoamericanos.

Ese éxodo no para y pronto serán ocho millones los migrantes y refugiados venezolanos.

«El mayor episodio migratorio de la historia de la región está impulsado por el colapso de la economía del país, que ha dejado a los venezolanos luchando por satisfacer sus necesidades básicas», agregan.

Se calcula que entre 2013 y 2021, el producto interior bruto de Venezuela disminuyó más de un 75%, lo que supone la mayor caída para un país que no esté en guerra en los últimos 50 años.

La pandemia del COVID-19 agravó la crisis económica y humanitaria del país, y en 2020 más del 95% de los venezolanos vivían por debajo del umbral de la pobreza. (Citan a la anterior encuesta Encovi, que este año reporta una importante disminución del porcentaje de pobreza, pero hasta niveles todavía muy altos).

Colombia, el país que más migrantes venezolanos ha recibido, estimó gastar unos $600 por migrante en 2019. Esto cubría ayuda humanitaria, atención sanitaria, cuidado de niños, educación, vivienda y apoyo en la búsqueda de empleo.

Con más de dos millones de llegadas, esto se traduce en $1.300 millones en asistencia. En 2019, este coste alcanzó un máximo del 0,5% del PIB de Colombia.

«A largo plazo, sin embargo, esta inversión tiene el potencial de aumentar el PIB en los países de acogida hasta en 4,5 puntos porcentuales para 2030, como encontramos en nuestra última investigación sobre los efectos indirectos de la migración de Venezuela», señalan los expertos.

Para cosechar los beneficios de la migración, los países de acogida deben integrar a los recién llegados en la población activa formal -y en la sociedad- ofreciéndoles rápidamente permisos de trabajo y acceso a la educación y la sanidad, observan.

Migrantes venezolanos llegando a la frontera entre Venezuela y Colombia. Foto Rosalinda Hernández

Crisis migratoria de venezolanos

Las nefastas condiciones económicas y humanitarias desencadenaron la mayor crisis migratoria de la historia de América Latina y el Caribe, destacan.

La crisis venezolana provocó flujos migratorios comparables a los de las mayores crisis migratorias mundiales del último medio siglo. Se estima que unos 7 millones de venezolanos habrán abandonado el país en agosto de 2022, superando los niveles registrados en Etiopía (1980), Irak (1988, 2004), Sudán del Sur (2014), y el número de refugiados que han huido de la guerra de Afganistán y los refugiados que han huido de la guerra en Ucrania (6,3 millones en agosto de 2022.

El número de migrantes venezolanos representa el 23% de la población total, menos que en Siria (2012) y Afganistán (1977), donde representaban más del 35% de la población cinco años después del inicio de las crisis. Sin embargo, todos estos otros episodios migratorios se debieron a conflictos armados, por lo que los factores de empuje fueron más graves.

Venezuela es el país con mayores salidas migratorias en los últimos años para un país sin un conflicto bélico activo.

El destino y la composición de los flujos migratorios venezolanos cambiaron a medida que se intensificaba la crisis. La mayoría de los migrantes de migrantes se han asentado en otros países latinoamericanos, mientras que algunos han emigrado a otras regiones, principalmente principalmente a Estados Unidos y España. Colombia ha recibido el mayor número de migrantes, un total de 2,5 millones o aproximadamente el 5% de la población colombiana en agosto de 2022.

Chile, Ecuador y Perú también han recibido flujos considerables, con un número total de migrantes superior a los dos millones (más del 3% de la población local de media). Aunque Aruba y Curazao han recibido una proporción menor de migrantes, representan una parte mucho mayor de su población, que oscila entre el 9% y el 15%.

Flujos migratorios

Tras una breve interrupción durante la pandemia, cuando muchos países cerraron sus fronteras, la migración desde Venezuela se ha reanudado y se espera que continúe en los próximos años, aunque a un ritmo más lento.

Estimamos que los emigrantes venezolanos serán unos 8,4 millones en 2025, más del 25% de la población del país en 2015.

Las características de estos emigrantes han evolucionado a medida que se intensificaba la crisis económica.

Gobierno firma con la ONU mientras sigue la crisis humanitaria
Las protestas masivas en Venezuela fueron reprimidas y cortadas por obra del gobierno y de la desilusión. Pero la crisis sigue viva, y colectivos como los de los jubilados siguen en pie de lucha. Foto EFE/ Miguel Gutiérrez

La primera oleada de emigrantes estaba compuesta en su mayoría por profesionales con un alto nivel educativo. La segunda estaba formada por jóvenes de clase media con un título universitario. Desde el colapso de la economía en 2017-2018, los migrantes han tendido a provenir de hogares de bajos ingresos y con niveles educativos más bajos.

En general, el perfil demográfico de los migrantes venezolanos es como el de la población local de los países de acogida. Casi dos tercios están en edad de trabajar y casi la mitad son mujeres.

La mayoría se ha establecido en otros países latinoamericanos, mientras que algunos han emigrado a Norteamérica y Europa, principalmente a EE.UU. y España.

Aunque Colombia sigue siendo el principal destino, Chile, Ecuador y Perú también han recibido flujos considerables, con un número combinado de migrantes superior a dos millones, más del 3% de la población local de media.

Efecto en los mercados laborales

La investigación concluye que los emigrantes venezolanos –muchos de ellos con mayor nivel educativo que la población local– se enfrentan a un mayor desempleo, tienen más probabilidades de trabajar inicialmente en el sector informal y ganan menos que los trabajadores locales.

«No encontramos pruebas de que los migrantes estén desplazando a los trabajadores domésticos, aunque sí hemos observado una presión a la baja sobre los salarios en el sector informal».

La brecha salarial entre trabajadores domésticos y migrantes aumenta con el nivel de educación, lo que sugiere una mala asignación del capital humano -habilidades, conocimientos y experiencia de los trabajadores-, ya que los migrantes con estudios tienden a encontrar sólo empleos no cualificados. Por término medio, los trabajadores locales ganan un 30% más que los inmigrantes.

Coste y beneficios

Proporcionar a los migrantes asistencia humanitaria y acceso a los servicios públicos conlleva un coste fiscal considerable y ejerce presión sobre los presupuestos de los países de acogida, como muestra el ejemplo de Colombia, concluyen los expertos.

«Pero el análisis también identifica grandes ganancias a medio plazo en productividad y crecimiento derivadas de un aumento de la mano de obra y de una mejor adecuación del capital humano de los emigrantes a los puestos de trabajo. Estas ganancias son mayores para los países que reciben flujos migratorios mayores y más formados en relación con la población nacional».

Con el apoyo y las políticas de integración adecuadas, la migración procedente de Venezuela tiene el potencial de aumentar el PIB real de Perú, Colombia, Ecuador y Chile entre 2,5 y 4,5 puntos porcentuales en comparación con una situación de referencia sin migración para 2030.

«También proyectamos que el coste de integrar a los inmigrantes se reduciría con el tiempo a medida que éstos se incorporasen a la población activa, aumentando la actividad económica y ampliando la base impositiva».

Migrantes venezolanos con altas calificaciones dan su aporte a la economía y la sociedad de países de acogida, como lo hace este grupo de médicos establecidos en Argentina. Foto: Asomevenar

Apoyo continuado

Al principio de la crisis migratoria, los países de América Latina acogieron a los migrantes venezolanos y les proporcionaron ayuda en forma de exención de visado, tarjetas de movilidad y acceso a asistencia humanitaria, atención sanitaria, educación y guarderías. Los migrantes también recibieron permisos de trabajo y credenciales para ayudarles a integrarse en el mercado laboral.

«Sin embargo, en 2018 y 2019, vimos un cambio en las políticas a medida que se intensificaban los flujos migratorios. Mientras que algunos países introdujeron nuevos programas para facilitar la integración de los migrantes, otros dificultaron la entrada de venezolanos al exigir documentación adicional».

Los países deben seguir apoyando a los migrantes y ayudándoles a integrarse en el sector formal para que puedan encontrar empleos acordes con su capital humano y aumentar la productividad de la economía.

Para ello será necesario mejorar las disposiciones transitorias y los sistemas de asilo, incorporar a los migrantes a los sistemas de salud y educación, y formalizar a los trabajadores migrantes otorgándoles permisos de trabajo y acelerando la acreditación de competencias y educación.

Para sufragar los costes de aplicación de estas políticas, los países deberán solicitar la ayuda de donantes e instituciones internacionales. El FMI está analizando el impacto de la migración y coordinándose con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y otros organismos pertinentes para ayudar a los países a acceder a fuentes de financiación.

«Los países de la región también deberían acordar una respuesta coordinada a la crisis migratoria, en la que cada uno aporte la parte que le corresponda para el apoyo y la integración de los migrantes», recomiendan.

Estatutos migratorios para venezolanos

Los expertos levantaron una valiosa recopilación comparativa de los servicios de asistencia social y de los mecanismos de regularización y registro migratorio vigentes en los países americanos.

  • Argentina: Los migrantes venezolanos pueden obtener un visado de residencia temporal de dos años en virtud del acuerdo de movilidad del Mercosur, a pesar de que Venezuela está suspendida del bloque, siempre que presenten documento nacional de identidad o pasaporte, documentación que acredite su entrada legal en el país, certificados de no antecedentes penales en Argentina y en cualquier otro lugar donde hayan residido por más de un año en los últimos tres años, y prueba de residencia en Argentina.
  • Bolivia: Rige un decreto que permitirá «de manera manera excepcional» la regularización migratoria de extranjeros que se encuentren en territorio de manera ilegal. La norma autoriza a los extranjeros a acogerse a una permanencia temporal de dos años, que podrán solicitar por un plazo de 12 meses a partir de la publicación del decreto.
  • Brasil: También hay una serie de disposiciones reglamentarias, adoptadas desde marzo de 2017, que facilitaron la emisión de residencia de países limítrofes sin especificar personas de Venezuela. La Portaria Interministerial No. 9 de 2018 reglamentó el permiso de residencia temporal para migrantes que se encuentren en territorio brasileño y que sean nacionales de un país fronterizo, beneficiando a personas de Venezuela. En 2021, se permitió la posibilidad de regularizar la situación jurídica (solicitar asilo o residencia temporal) para las personas procedentes de Venezuela que entraron irregularmente en Brasil durante el período en que se prohibió la entrada por tierra (desde el 17 de marzo de 2020 hasta el 23 de junio de 2021).
  • Chile: El primer proceso de regularización de 2018 concedió la condición de residente a más de 210.000 personas en Durante el tiempo intermedio entre la promulgación de la nueva ley 21.325 y su entrada en vigor, su artículo 8 transitorio contempló un procedimiento extraordinario de regularización por una duración de 180 días hasta el 7 de enero de 2022. Chile limita el beneficio de la regularización a personas que ingresaron por pasos habilitados. Según la nueva ley migratoria, los extranjeros que hayan ingresado a Chile por paradas autorizadas antes del 18 de marzo de 2020 y se encuentren en condición condición migratoria irregular podrán solicitar una visa de residencia temporal sin ser sin ser sancionados administrativamente en el marco del proceso extraordinario de regularización. La visa tendrá una vigencia de un año prorrogable por igual período.
  • Colombia: Comenzó a expedir un Permiso Especial de Permanencia (PEP) en agosto de 2017 a los venezolanos que habían entrado legalmente. La primera ronda de PEP cubrió a cualquier venezolano que hubiera ingresado a Colombia con pasaporte antes del 28 de julio de 2017. A medida que la migración la migración venezolana continuó, el gobierno colombiano implementó seis rondas más de PEP. Una de estas tres rondas cubría a los venezolanos que habían entrado en el país de forma irregular siempre que siempre y cuando se hubieran registrado posteriormente ante el gobierno entre abril y junio de 2018. Los venezolanos que entraron ilegalmente al país después del 8 de junio de 2018, sin embargo, casi no tuvieron acceso a procesos de regularización hasta que el gobierno colombiano implementó el Permiso Especial de Permanencia para la Promoción de la Formalización, que permite a los venezolanos mayores de 18 años que tengan una oferta de empleo formal reciban un permiso de trabajo temporal temporal por el tiempo que dure su contrato. En marzo de 2021, Colombia se comprometió a regularizar la población migrante procedente de Venezuela a través del Estatuto de Protección Temporal (ETPV).
  • Ecuador: En 2017 expide una Ley Orgánica de Movilidad Humana para hacer efectivo el derecho a migrar estableciendo los requisitos para entrar y salir del territorio nacional. Entre las visas de residencia temporal que esta ley contemplaba se encontraba la visa MERCOSUR, que ya no se aplica a Venezuela al haberse suspendido su participación en este espacio, y la visa de residencia temporal UNASUR, válida por dos años y prorrogable por dos años más. El Estado implementó la Visa de Excepción por Razones Humanitarias (VERHU), disponible a las personas procedentes de Venezuela. Quienes hubieran ingresado al país por los controles migratorios puntos hasta el 26 de julio de 2019 podían solicitar la visa VERHU. En el año 2019, se otorgará la Amnistía Migratoria y Visa de Residencia para ciudadanos venezolanos bajo ciertas condiciones. En junio de 2022, a través del Decreto 436, el Ejecutivo ecuatoriano estableció que los venezolanos que hayan ingresado al país regularmente antes de este viernes 3 de junio de 2022 podrán solicitar la Visa de Residencia Temporal de Excepción para Ciudadanos Venezolanos (VIRTE), con una vigencia de dos años, renovable por una sola vez.
  • Paraguay: No tiene políticas específicas con respecto a los refugiados venezolanos. En 2015, un decreto presidencial sobre la política nacional de migración y se creó la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE). El marco migratorio nacional se basa en los principios de no discriminación y protección de los refugiados, y busca fomentar la integración social y cultural de los refugiados.
  • Perú: Los venezolanos pudieron solicitar el Permiso Temporal de Permanencia (PTP) a partir del 2 de febrero de 2009, o PTP) desde el 2 de febrero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018. Ofrecía un año de residencia temporal residencia temporal a los venezolanos que ingresaron al país antes del 1 de noviembre de 2018. El país aprobó las medidas especiales, excepcionales y temporales para regularizar la situación migratoria de los extranjeros y otorgó una Tarjeta de Permiso Temporal de Permanencia (CPP) por el plazo de un año a quienes ingresaron al país hasta el 22 de octubre de 2020, como resultado de la aprobación del procedimiento administrativo de regularización migratoria. Este incluye a quienes se les hubiera vencido su estancia temporal o residencia y a quienes hubieran ingresado al territorio de forma irregular (a diferencia del caso del PTP).
  • Trinidad y Tobago. En abril de 2019, el Gobierno anunció un sistema de registro para las personas procedentes de Venezuela, que se llevó a cabo entre el 31 de mayo y el 14 de junio de 2019. Los venezolanos que superaron los controles de seguridad recibieron una tarjeta de identificación Permiso Ministerial, que inicialmente permitía permanecer y trabajar en Trinidad y Tobago desde el 31 de mayo de 2019 hasta el 31 de julio de 2020. En 2021 el gobierno llevó a cabo un ejercicio de reinscripción entre el 8 y el 26 de marzo, posteriormente prorrogado hasta el 9 de abril, para actualizar la información sobre las personas de Venezuela que participaron en el ejercicio marco de registro migratorio original en 2019.
  • Estados Unidos: En marzo de 2021, Venezuela fue designada para el Estatus de Protección Temporal (TPS) por 18 meses, hasta septiembre de 2022. Esta nueva designación de TPS para Venezuela permite a los nacionales venezolanos (e individuos sin nacionalidad que hayan residido por última vez en Venezuela) que residan actualmente en los Estados Unidos a presentar solicitudes iniciales de TPS, siempre y cuando cumplan con los requisitos de elegibilidad.
  • Uruguay: En Uruguay, los venezolanos pueden obtener un visado de residencia permanente en virtud del acuerdo de movilidad del Mercosur. Para ello, deben presentar un documento nacional de identidad o pasaporte, prueba de antecedentes penales en los países donde hayan residido más de seis meses en los últimos cinco años.
  • Costa Rica: Un programa de regularización masiva para trabajadores agrícolas anunciado el 27 de septiembre de 2019. Bajo este programa, los migrantes que ingresaron al país entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019 y que se dedican al trabajo agrícola fueron elegibles para una visa temporal que puede ser renovada por periodos de dos años. En junio de 2020, tras el cierre de las fronteras terrestres, un segundo decreto fue trabajó para regularizar a los trabajadores migrantes agrícolas que habían llegado a ese país entre el 15 de enero de 2016 y el 15 de enero de 2020.
  • Curazao: En 2021, el gobierno puso en marcha a principios de año un programa de regularización temporal que permite a todos los migrantes que entraron legalmente en el país el 13 de marzo de 2020 o antes solicitar un permiso de residencia temporal de un año. El estatuto amplía además la protección frente a la deportación hasta el 22 de septiembre de 2021. Una vez concedida la residencia temporal, los beneficiarios pueden solicitar un permiso de trabajo más duradero. Fuente: Instituto de Política Migratoria (2021).
  • República Dominicana: Resolución MIPEXT No. 00119-2021 dirigida a normalizar el estatus migratorio (dentro de la categoría de No residentes) de los venezolanos elegibles que ingresaron regularmente (es decir, con tarjeta o visa) entre enero de 2014 y marzo de 2020, pero que son considerados irregulares (es decir, permanecieron más allá de la vigencia autorizada) . Se aplica también a sus hijos menores de edad. Los venezolanos que cumplan los requisitos pueden beneficiarse de una prórroga de permiso (concedida por 60 días); la prórroga se renovará hasta que el Consejo Nacional de Migración recomiende el cese. Los venezolanos disponían de 30 días desde aplicación de la Resolución para introducir sus datos.
  • El Salvador: Los migrantes en situación irregular en El Salvador pueden optar por la regularización bajo algunas de las categorías migratorias estipuladas en la Ley Especial de Migración y Extranjería. Dependiendo de Dependiendo de la categoría, el solicitante puede no tener que tener un estatus migratorio regular para solicitar Residencia temporal o estatuto de No Residente. En algunos casos, los No Residentes pueden solicitar un cambio de estatuto de conformidad con el artículo 109 de la Ley.
  • Guatemala: Las autoridades guatemaltecas no tienen políticas oficiales para ayudar a los migrantes procedentes específicamente de Venezuela. En general, el decreto 44-2016 «Código de Migración» establece que todos los extranjeros tienen derecho a la familia, a la propiedad y a la inversión, al trabajo, a la educación pública, a no ser discriminados.
  • Guyana: En 2018 crea registro de migrantes. El Comité Nacional de Coordinación Multiinstitucional para Migración se estableció para monitorear el flujo de migrantes y coordinar los esfuerzos de socorro. La Comisión de Defensa Civil (CDC) también está apoyando los esfuerzos de socorro a los migrantes. Suministro de información sobre los procedimientos de inmigración y asilo. Ofrece asesoramiento sobre cuestiones clave como la documentación y la residencia legal. Tiene políticas y medidas de inmigración flexibles, por ejemplo, no deportaciones por entrada ilegal o estancia prolongada.

Qué servicios sociales reciben

  • Argentina: La política migratoria argentina determina que los migrantes tienen derecho al libre acceso a los servicios de salud, justicia y educación, independientemente de su situación migratoria.
  • Aruba: Los inmigrantes indocumentados no tienen acceso al Seguro Universal de Salud de Aruba ni a las otras partes del sistema de seguridad social (pensión/seguro de enfermedad, etc.) ya que no tienen permisos de trabajo legales. Se escolariza a todos los niños (independientemente de la situación de los padres), pero la enseñanza se imparte en neerlandés. Aunque la educación es obligatoria para los niños de 4 a 16 años, tal y como establece la Ley de Enseñanza Obligatoria. Los niños están obligados a tener un seguro, y los niños inmigrantes que no lo tienen no pueden acceder a la educación.
  • Brasil: El acceso a la sanidad es uno de los derechos universales garantizados en la Constitución a todas las personas dentro del territorio de Brasil. Todas las personas en territorio brasileño pueden acceder a los servicios sanitarios independientemente de su estatus migratorio, aunque existen algunas limitaciones. Para acceder a los servicios sanitarios, es necesario tener un documento de identificación. No tiene por qué ser un documento que acredite que está legal en Brasil, pero debe probar la identidad de la persona. Los niños que deseen ir a la escuela no necesitan presentar ninguna documentación antes de matricularse. La Constitución brasileña, y se aplica a todas las personas que se encuentran en el territorio brasileño, independientemente de su estatus migratorio.
  • Chile: El derecho a la salud es uno de los establecidos por la Constitución de Chile, que además garantiza el derecho de todas las personas, incluidos los migrantes, a acceder a acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y rehabilitación de la persona, en forma libre e igualitaria. La nueva Ley de Migración Ley reitera que los extranjeros residentes o en situación migratoria irregular, ya sea como titulares o dependientes, tendrán acceso a la atención médica de conformidad con los requisitos establecidos por la autoridad sanitaria, en igualdad de condiciones que los nacionales. La educación básica y la educación media son obligatorias y gratuitas de acuerdo con la Constitución. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen acceso a la educación independientemente de su estatus migratorio o el de sus padres o tutores. Los niños y adolescentes que no ingresaron por pasos autorizados, o cuyos padres o tutores no ingresaron por pasos, no serán excluidos del acceso a la educación. La nueva ley de migración reitera este derecho. La Constitución garantiza el derecho a la seguridad social a todos los habitantes del Estado.
  • Colombia: El derecho a la educación no es estrictamente universal. Si bien todos los niños y niñas pueden acceder a la educación primaria primaria como un derecho universal independientemente de su estatus migratorio, los de secundaria necesitan un estatus regular para graduarse y recibir un diploma. Del mismo modo, todos los adultos pueden acceder a la universidad independientemente de su situación migratoria, pero no es posible graduarse o licenciarse en una condición irregular. El derecho a acceder a los servicios de salud en Colombia no es estrictamente universal, pero las personas de Venezuela en condición irregular están excluidas cuando el caso no es una emergencia. Al igual que con otros derechos, Colombia distingue entre migrantes regulares e irregulares en relación con el derecho a las prestaciones sociales. Todos los migrantes en situación migratoria regular tienen acceso a las prestaciones sociales, incluido el desempleo.
  • Costa Rica: Los inmigrantes indocumentados no tienen acceso legal al Seguro General de Enfermedad ni a los otros elementos del sistema de seguridad social (pensión/seguro de enfermedad, etc.), ya que no tienen permisos de trabajo legales. Se escolariza a todos los niños (independientemente del estatuto de los padres). El marco jurídico permite a los solicitantes de asilo y refugiados acceder a las necesidades y servicios básicos en igualdad de condiciones que los nacionales.
  • Ecuador: Todos los migrantes tienen acceso a los servicios sanitarios, ya que la salud es un derecho universal protegido por la Constitución. El artículo 52 reitera que los extranjeros residentes en Ecuador tienen derecho a acceder a a los sistemas de salud de conformidad con la ley y los instrumentos internacionales ratificados por el Estado ecuatoriano. Las instituciones públicas o privadas que presten servicios de salud de emergencia no podrán negarse, en ningún caso, a brindar atención en razón de la nacionalidad o condición migratoria de una persona. Todas las personas pueden acceder a los centros de salud públicos con cédula de identidad venezolana, u otra forma de identificación, incluidas las que entraron a través de paradas no autorizadas. Sin embargo, a las personas no se les niega la atención sanitaria esencial por no tener identificación. Del mismo modo, los solicitantes de refugio tienen acceso a los servicios sanitarios, aunque es más fácil acceder a ellos cuando el migrante está registrado en el sistema social.
  • República Dominicana: La Ley General de Salud de 2001 prescribe la universalidad de los servicios de salud, que son accesibles a todos los migrantes, independientemente de su situación legal. Pero existe una falta de acceso a la atención médica especializada para la población refugiada y migrante en la República Dominicana. Acceso a la educación primaria y secundaria: La Ley de Educación estipula que todos los niños y adolescentes tienen derecho a ser matriculados en centros educativos, independientemente de su legal. Además, el artículo 63 de la Constitución de la República Dominicana establece el derecho universal a la educación.
  • Guyana: Suministro de salud, educación, vivienda, alimentos, agua y artículos no alimentarios. En 2018 estableció la iniciativa «Escuela Segura» para mejorar la prestación de educación en las comunidades de acogida. Implementa servicios de desarrollo infantil temprano para inmigrantes. En 2019 sigue proporcionando salud, educación, vivienda, alimentos, agua y artículos no alimentarios. Amplía la infraestructura de las escuelas del interior para atender a los niños inmigrantes. Refuerza mecanismos de prestación de servicios de protección social, amplía políticas para alojar a más inmigrantes venezolanos. La Constitución de Guyana establece la igualdad de acceso a la educación para todos en el país, pero este derecho no se ha codificado en la ley.
  • México: La Ley de Educación de México de 2014 puso la educación a disposición de todos los niños, independientemente de su estatus migratorio, y redujo los requisitos para inscribirse en la escuela para hacerla accesible a los llegados del extranjero. La entrada a México da derecho a los extranjeros a alimentación, servicios médicos, servicios educativos, asistencia jurídica y asistencia de organizaciones de derechos humanos. En 2021 se expidieron un total de 89.642 Tarjetas de Visitante Humanitario.
  • Panamá: Todos los inmigrantes tienen derecho a acceder a los servicios públicos de salud independientemente de su estatus migratorio. migratoria. El derecho a la salud está garantizado tanto en la Constitución como en otras leyes específicas. Por ejemplo, el artículo 485 del Código de Familia establece explícitamente la igualdad en la protección de la salud de los niños, niñas y adolescentes nacionales y extranjeros. El artículo 91 de la Constitución Política de 1972 señala que toda persona residente en Panamá tiene derecho a la educación y la responsabilidad de educarse. El artículo 95 establece que la educación oficial es gratuita en todos los niveles preuniversitarios. El primer nivel de educación general básica es obligatorio. Sin embargo, no todos los hijos de inmigrantes tienen acceso a todas las ayudas estatales relacionadas con la educación.
  • Perú: Los venezolanos en situación migratoria regular en Perú tienen la posibilidad de optar por la afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), un seguro subsidiado por el Estado que brinda atención gratuita en todos los centros de salud públicos. Los migrantes venezolanos con tarjeta migratoria vigente y que no cuenten con otro seguro de salud cumplen con los requisitos para acceder al SIS. Hay dos poblaciones que siempre están protegidas a nivel migratorio: los niños menores de 5 años y las las mujeres embarazadas. Para acceder al SIS, el resto de la población requiere tarjeta migratoria. Todos los niños y adolescentes tienen acceso a la educación con o sin documentación, ya que la educación primaria es un derecho universal, protegido por la Constitución. Los niños y adolescentes que quieren ir a la escuela necesitan identificarse con algún tipo de documento, pero se aplica cierta flexibilidad para garantizar la inscripción de los niños y adolescentes. Para acceder a la enseñanza superior se necesita el carné de extranjería, el PTP o el CPP. Los migrantes venezolanos no tienen acceso a programas sociales como JUNTOS.

Fuente: El Estimulo


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