Por Daniela Salgado y Camila Mennickent Barros.
Uno de los tres negocios más lucrativos para el crimen organizado encontró en Chile un espacio fértil para su expansión. En tan sólo un año, la trata de personas con fines sexuales aumentó exponencialmente, con un estrecho vínculo a los nuevos flujos migratorios. La extrema vulnerabilidad de quienes arriban al país las hace foco de bandas e incluso individuos que buscan sacarles provecho económico. ¿Las principales víctimas? Mujeres migrantes que son explotadas y amenazadas, en su mayoría, por sus propios compatriotas.
En un 460% aumentó el delito de trata de personas con fines de explotación sexual en 2022, respecto a 2021. Todas las víctimas de las causas vigentes de esos años lideradas por el Ministerio Público, son mujeres migrantes.
Cifras del organismo a las que accedió la Unidad de Investigación de BioBioChile revelan que sus agresores serían, en gran mayoría, también extranjeros. Así, en las investigaciones iniciadas el año pasado, de 26 imputados, sólo dos son chilenos.
Con todo, las regiones del extremo norte, Metropolitana y tres del sur, concentran la mayoría de los casos.
Uno de los operativos más recientes ocurrió en plena Plaza de Armas de Santiago, donde la Policía de Investigaciones desbarató una red de explotación sexual, que incluso incluía entre las víctimas a menores de edad. La diligencia dejó seis extranjeros y un chileno detenidos, además de inmuebles clausurados. A los involucrados además se les vinculó a una red multipropósito, imputándoles delitos de asociación ilícita y tráfico de drogas.
Engaños y amenazas confluyen como factores comunes en la trata, donde los culpables se aprovechan de la vulnerabilidad de sus víctimas para sacar provecho económico de ellas.
SESGO DE GÉNERO EN LA TRATA
La abogada asesora de la Unidad Especializada en Lavado de Dinero, Delitos Económicos, Delitos Medioambientales y Crimen Organizado (Ulddeco) del Ministerio Público, Karen Guzmán, confirma a este medio que “las investigaciones muestran de manera abrumadora que las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual son mujeres migrantes, ello como consecuencia de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran”.
“Necesidades económicas, situación migratoria irregular, falta de redes en Chile, entre otros factores, las llevan a abandonar sus países de origen para buscar nuevas oportunidades laborales a fin de solventar las necesidades básicas de sus hijos/as y otras personas bajo su cuidado”, precisa. Justamente en este contexto es que caen en redes de organizaciones criminales.
No obstante, el director del Servicio Nacional de Migrantes, organismo que integra la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas, Luis Thayer, explica que la trata no sólo existe en esta forma, sino también con fines de trabajos forzados.
“Este delito transgrede derechos humanos fundamentales como es la dignidad y la libertad. A partir de ello, es importante visibilizar las manifestaciones de la trata, no solo centradas en mujeres y con fines de explotación sexual, sino también, por ejemplo, en ámbitos labores, siendo este un ilícito que afecta también a hombres, niños, niñas y adolescentes (NNA), adultos mayores, personas con discapacidades y diversidades sexo genéricas”, aclara.
De los datos entregados por el Ministerio Público, se desprende que el tipo de trata manifiesta un sesgo de género. Mientras que el trabajo forzado tiene como principales víctimas a hombres, la explotación sexual apunta a mujeres.
TRABAJO FORZADO
En 2021, el Ministerio Público contabilizó tres causas relacionadas a trata enfocada en trabajo forzado. Una de estas se sitúa en la región de Magallanes y Antártida Chilena. Registra ocho víctimas, todas hombres y de nacionalidad haitiana. El único imputado, un hombre chileno.
El segundo caso ocurrió en la región de Los Lagos. Tres venezolanos figuran como víctimas en una causa donde un chileno fue condenado a tres años de cárcel.
Finalmente, en la región de Coquimbo se denota una diferencia. Una diligencia identificó cuatro víctimas femeninas y dos masculinas. Todas de nacionalidad boliviana. ¿Los imputados? También extranjeros. De su mismo país. Un hombre y una mujer.
Ya en 2022, las causas de trata vinculada a trabajos forzados se reducen a dos. Ambas en la región Metropolitana. Una tiene como víctima a una mujer haitiana y la otra, a un hombre de esa misma nacionalidad. En el primer caso, los victimarios eran sus compatriotas, mientras que en el segundo, fue un chileno.
En simple, en un universo de 19 víctimas, cinco fueron mujeres.
ENGAÑOS, AMENAZAS Y EXTORSIÓN
En marzo del año pasado, la Fiscalía de Los Lagos formalizó por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual a dos de cinco detenidos en Puerto Montt. Esto, luego que se detectara una zona donde mujeres eran obligadas a prostituirse y entregar a sus captores el dinero que obtenían a diario.
Las víctimas, que comenzaron en seis y con el paso de los días aumentaron, relataron que los sujetos aseguraban ser integrantes del Tren de Aragua y que tenían control del acceso norte del país. Precisamente ese poder, apuntaron, impedía que las afectadas denunciaran la situación.
En octubre de 2022, la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de la PDI capturó en el norte el país a uno de los principales miembros de “Los Gallegos”, célula del Tren de Aragua en Chile.
Se trata de un venezolano que se encargaba de ingresar clandestinamente a mujeres desde Perú a Arica para obligarlas a ejercer el comercio sexual. Una vez acá, las víctimas eran extorsionadas y debían entregar la mitad del dinero que obtenían por prostituirse. Si alguna se negaba, las amenazaba con atentar contra sus vidas y las de sus familiares.
DE CINCO A 28 VÍCTIMAS
Considerando exclusivamente las causas de trata con fines de explotación sexual, la conclusión es de un claro crecimiento. De un año a otro, las víctimas aumentaron en un 460%. Mientras que en 2021 se registran cinco, en 2022 ascienden a 28.
La abogada asesora de la Ulddeco contextualiza las cifras y confirma el alza: “Las investigaciones por trata de personas han ido aumentando de manera leve, aunque sostenida en el tiempo, para luego disminuir en 2020 por las cuarentenas decretadas debido a la pandemia covid-19, retomando en 2021 ingresos cercanos a los de prepandemia, para incrementarse de manera significativa en 2022”.
La evolución, explica, se relaciona con los flujos migratorios que se registran en el país. Es a través de ofertas laborales engañosas o incluso mediante la misma prostitución que las captan. Una vez en el territorio nacional, les cambian las condiciones de trabajo, aprovechando su situación vulnerable.
Los datos proporcionados por el Ministerio Público desglosan dos hechos de trata con fines de explotación sexual en 2021. Durante ese año se imputó a dos personas por este delito: un colombiano y una venezolana. ¿Las víctimas? Sus propias compatriotas. Las situaciones ocurrieron en la región de O’Higgins y Metropolitana. Afectó a tres colombianas y dos venezolanas.
En 2022, las cifras aumentaron drásticamente: 28 víctimas y 26 imputados (ver gráfico).
EXPLOTADAS POR SUS COMPATRIOTAS
En ocho de las nueve causas iniciadas en 2022 por trata con fines de explotación sexual, las víctimas fueron utilizadas por sus propias compatriotas. Los imputados son hombres y mujeres. Así lo develan los datos del Ministerio Público analizados por BBCL Investiga (ver tabla).
En la región de Tarapacá, las afectadas corresponden a tres venezolanas, las que eran explotadas por dos mujeres y un hombre de su misma nacionalidad. Aparte, por la explotación de cuatro bolivianas, una de ellas menor de edad, fueron puestos a disposición de la justicia tres mujeres y dos hombres (todos compatriotas).
En la región Metropolitana se detectaron cuatro víctimas venezolanas, tres corresponden a menores. Los imputados son dos mujeres y un hombre, todos del mismo país.
Más al sur, en la región de Los Lagos, se registraron cinco víctimas, también venezolanas. Por este caso se le imputaron cargos a cuatro hombres y una mujer. Aquí los victimarios también compartían la misma nacionalidad de las afectadas.
Hay tres causas más. En Valparaíso, la explotación de una venezolana y una brasileña dejó a cuatro mujeres y dos hombres formalizados por trata. Entre las nacionalidades de los imputados figuran: chilena (4), brasileña (1) y ecuatoriana (1).
En Arica, aparecen como víctimas nueve venezolanas, entre ellas una menor de edad. ¿Los imputados? Compatriotas suyos, dos mujeres y un hombre.
Finalmente, en el Bío Bío se registró una víctima argentina, siendo un chileno formalizado por el delito.
VÍCTIMAS SIN DOCUMENTACIÓN
De acuerdo con las Naciones Unidas, la trata de personas, el tráfico de drogas y de armas son los tres negocios ilícitos más lucrativos a nivel mundial.
La abogada Guzmán detalla que, particularmente en la trata de personas, los captores “generan deudas que deben pagar las víctimas bajo amenaza de difundir su actividad o de daños graves, incluso la muerte de las propias víctimas o de sus familiares. En este último caso, estas situaciones se observan cuando las víctimas han caído en las redes de organizaciones criminales transnacionales que tienen como una línea de sus negocios ilícitos la trata de personas”.
Desde la entrada en vigencia del delito de trata, en los últimos 11 años en Chile la mayoría de los casos se concentran en la región Metropolitana, pero también en las del extremo norte y sur del país. En concreto, respecto a estas últimas, la máster en Criminología y Ejecución Penal menciona a Arica y Tarapacá en el norte y Bío Bío, La Araucanía y Los Lagos, en el sur.
Consultada por los mecanismos adoptados por fiscalía para perseguir el delito, la abogada asesora del Ministerio Público asegura que el organismo se ha adaptado a medida que evoluciona el ilícito en el país. “Es un fenómeno muy dinámico”, argumenta.
En esa línea, reconoce que “sin lugar a dudas hay muchos desafíos y espacios de mejoras en la persecución, atención y protección de las víctimas de trata de personas, así como en su prevención”.
El incremento en las denuncias e investigaciones que reporta fiscalía también lo constató el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). Su directora, Consuelo Contreras, concuerda, en conversación con este medio, que existe un estrecho vínculo entre los flujos migratorios y el alza de la trata.
“Muchas mujeres viajan engañadas a los países de destino. Las bandas criminales que perpetran este ilícito les ofrecen condiciones laborales que no se cumplen y que, muy por el contrario, se transforman en una subyugación. Las bandas encargadas del viaje ejercen un control sobre ellas que se transforman en violencia sexual, como en el caso del portal Fernández Concha”, afirma, apuntando al reciente caso registrado en la Plaza de Armas de Santiago.
A modo de ejemplo, entre 2021 a 2022, el INDH interpuso en los tribunales 20 querellas: tres por torturas, una por apremios ilegítimos y 16 por trata o tráfico de migrantes. De éstas, siete tuvieron fines de explotación sexual.
¿QUÉ ESTÁ HACIENDO EL GOBIERNO?
Ante los graves casos detectados en el país, la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, indica a esta unidad de investigación que el sentir del Gobierno no distingue nacionalidad. “Nos preocupa la violencia que sufren o pueden sufrir todas las mujeres”, comienza.
“Sabemos que en el caso de las extranjeras que ingresan de manera irregular al país, la situación de vulnerabilidad se incrementa y es por eso que, desde que se inició el gobierno, hemos puesto atención a estos casos y nos encontramos en permanente coordinación con el Ministerio del Interior, que coordina la Mesa Intersectorial sobre Trata de Personas“, argumenta. La medida se conformó en el gobierno de Michelle Bachelet.
“Nuestro principal compromiso es el apoyo a las mujeres víctimas a través de las Casas de Acogida que dispone el servicio y que gracias al aumento presupuestario que hemos conseguido como ministerio, vamos a poder duplicar“, anuncia. “Además participamos activamente del protocolo de asistencia a víctimas de trata de personas”, agrega.
Las Casas de Acogida existen desde 2012 y tienen cobertura a nivel nacional para mayores de 18 años, con o sin hijos y brindan atención psicosociojurídica a las víctimas, las que pueden ingresar por derivación del Ministerio Público, las policías o dispositivos de Sernameg, ONGs o redes de salud.
Según cifras de Sernameg, en 2022 se atendió en dichos recintos a 17 mujeres. De ellas, el 76,47% tienen entre 18 a 24 años: cinco colombianas, cinco paraguayas, cinco venezolanas, una haitiana y una peruana.
Al ser consultada por el caso particular del norte del país, en medio de la crisis migratoria, la ministra Orellana asevera que “tenemos un grupo de trabajo específico con nuestras seremis y también trabajos coordinados para refugiados y migrantes, ahí nos articulamos con el subsector encargado de violencia basada en género, en conjunto con Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados) y también nos coordinamos con los distintos actores como el Ministerio Público”.
“VISAS HUMANITARIAS”
El director del Servicio Nacional de Migrantes (Sermig), Luis Thayer, explica que cuando se detecta un caso, se activa el protocolo y se coordinan acciones con el Programa de Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En ese contexto es que solo en 2022 se capacitó en prevención, detección y derivación de casos a 72 instituciones públicas y privadas, con un total de 2.417 personas.
Si una de las afectadas migrantes desea permanecer en el país, la ley 21.325 establece en su artículo 71 la visa humanitaria para víctimas de trata. Tiene una vigencia de un año, es gratuita y de tramitación expedita. La medida garantiza que la mujer no será retornada a un lugar donde su integridad física o psíquica estén en grave peligro.
“La cifra de visas humanitarias otorgadas desde el Servicio Nacional de Migraciones hacia víctimas de trata de personas ha ido gradualmente en aumento en los últimos 3 años. En 2020 otorgamos 11 visas y en 2021, 16. En 2022 tenemos 13 visas otorgadas y otras seis en trámite”, detalla Thayer.
Lo anterior contribuiría a la detección, investigación, apoyo de las víctimas y eventuales retornos asistidos y protegidos en los términos de la Convención de Palermo, explica.
Con él, concuerda la presidenta del directorio del Servicio Jesuita a Migrantes, Macarena Rodríguez. Con ello, apunta a la importancia de la visa humanitaria, ya que facilitaría que las víctimas denuncien los hechos.
“La condición de irregularidad en la que están estas mujeres hace que sea muy difícil que realicen la denuncia frente a este tipo de casos. Las víctimas están sumamente vulnerables. En otros países existen visas y se elaboran políticas públicas para favorecer esa denuncia y las víctimas de este tipo de delitos violentos puedan acceder a una residencia porque, de lo contrario, esas personas no van a denunciar los delitos”, lanza.
En concreto pone de ejemplo la Visa U de Estados Unidos, reservada para las víctimas de abuso físico o mental y que brinda ayuda a las investigaciones y persecución de actividades criminales.
“Hoy en día la ley contempla la posibilidad de una visa para víctimas de trata y de tráfico, pero sujeta a una serie de requisitos, entre ellos la determinación del tribunal, pero lo que necesitamos es acercar esta política a las personas, con mecanismos muchos más ágiles para facilitar esa denuncia”, cuestiona.
A su juicio, las políticas públicas existentes en materia de trata de personas son “insuficientes”. “Se requieren políticas más focalizadas, con mayor cantidad de recursos y conocimientos respecto de lo que significan estos tipos penales”, refuerza.
Tal como se expuso anteriormente, también apunta a la necesidad de contar con una coordinación regional, con los países vecinos, para enfrentar este fenómeno migratorio.
ESTAR ALERTAS A…
Lucrativas y tentadoras ofertas laborales son la principal táctica que usan las bandas para persuadir a las mujeres. Por ello, desde Migraciones llamaron a estar alertas ante las siguientes situaciones:
-Cuando en la oferta laboral se ofrece hospedaje gratuito, alimentación y altas remuneraciones.
-Cuando les aseguran que la visa se trata en Chile, en los pasos fronterizos o aeropuertos; información que es falsa.
A su vez, detallan los métodos de control que ejercen los captores sobre las víctimas:
-No administra su propio dinero
-No puede ir a otro lugar, no puede dejar su trabajo
-No tiene control sobre sus documentos (pasaporte, cédula de identidad, etc.)
-No recibe remuneración por su trabajo o muy poca
-Vive con otras personas en condiciones insalubres o vive con él/la empleador (a)
-Parece estar siempre acompañada
-Muestra lesiones o cicatrices visibles, como cortadas, moretones o quemaduras
-Muestra comportamiento sumiso
-Muestra síntomas de angustia emocional y problemas psicológicos como depresión, ansiedad, lesiones autoinfligidas o tendencias suicidas
-No tiene llaves de su domicilio
-No puede comunicarse libremente con su familia o con personas ajenas al lugar en que trabaja
Fuente: biobiochile.cl
