Deserción alta, desconocimiento de la norma y situación económica, los principales desafíos.
MATEO CHACÓN ORDUZ
La población migrante ya representa el 5,8 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo colombiano. Una cifra significativa que implica cerca de 600.000 menores, de acuerdo con el Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat) del Ministerio de Educación.
En otras palabras, más de medio millón de niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela están matriculados en el sistema educativo colombiano. Sin embargo, de acuerdo con cifras de Migración Colombia, 713.032 menores migrantes en edad escolar (incluyendo primera infancia) viven hoy en el país.
Estos datos reflejan dos realidades respecto al acceso a la educación de esta población: por un lado, una creciente tendencia a su escolarización, y por otro, que persisten las dificultades para garantizar este derecho fundamental para estos menores, en su mayoría, en condición de vulnerabilidad.
En el 2018 las cifras de matrículas de migrantes era de apenas 34.030, mientras que la cifra preliminar que maneja el Ministerio de Educación para el 2022 es de 583.550, un aumento del 1.714 por ciento.
Al inicio de la crisis migratoria, la matrícula de esta población se encontraba localizada principalmente en las zonas aledañas a la frontera, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Con el pasar de los años, la matrícula se ha dispersado a lo largo y ancho del territorio nacional, moviéndose especialmente hacia las capitales departamentales y centros poblados de mayor dinamismo económico.
Actualmente, se reporta la matrícula en 32 departamentos y el Distrito Capital, en las 96 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) y en 1.089 de los 1.120 municipios.
Para el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, este ha sido uno de los puntos fuertes en materia educativa en los últimos años: “La educación es la puerta de entrada a la inclusión de los migrantes. Colombia ha hecho un gran esfuerzo en esto, de la mano de las secretarías de educación y maestros. Debemos reconocer que el sistema de educación ha sido capaz de integrar a esta población, garantizarles sus derechos, lo que sin duda debemos mantener y reforzar”.
El Estado entiende el acceso a la educación como un derecho fundamental, sin distinción de razas o nacionalidad, para lo cual modificó su normativa para eliminar las trabas. De esta forma, desde el 2018 existe la Circular 016, la cual establece la ‘Ruta para la atención educativa de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela’, en la cual se establecen mecanismos para que se acepten en los colegios a estos menores, incluso si no cuentan con documento de identidad ni certificados de notas.
De acuerdo con el ministerio, en este contexto, “en cualquier grado de la educación preescolar, básica y media que necesite cursar un niño, niña o adolescente que viva en territorio colombiano, el Estado hará lo necesario para garantizar este derecho sin discriminación alguna”.
No obstante, ya sea por desconocimiento o condiciones externas en la vida de las familias migrantes, todavía hay un gran número de personas en edad escolar que a la fecha no hacen parte del sistema educativo, a lo cual se suman los impactos que causa en el sistema recibir a menores en estas condiciones y habiendo perdido, muchas veces, varios años de formación.
Dificultades
“Mi hijo tiene 9 años y lleva cuatro años sin poder estudiar. No ha sido posible”, le dice a EL TIEMPO Yurlenis Henao, una mujer que llegó a Colombia desde Venezuela en el 2019 de manera irregular, acompañada de su esposo, su hijo (entonces de 6 años) y dos maletas en las que empacaron pocas cosas.
“Cuando llegamos a Colombia –asegura– no lo metimos porque ni teníamos dónde vivir. Luego vino la pandemia, y tampoco se pudo. El año pasado nos estaban pidiendo Sisbén, pasaporte y hasta el certificado de notas de su escuela en Maracaibo, y nosotros no tenemos eso, y este año fue al colegio dos meses, pero luego me tocó sacarlo porque nos hemos mudado de ciudad varias veces para que mi esposo y yo busquemos trabajo”.
El caso de Yurlenis y su hijo es el mismo que hoy viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes que enfrentan todo tipo de dificultades para que les sea garantizado su derecho a la educación. Lo que cuenta refleja gran parte de las barreras que hoy persisten en el sistema educativo.
La primera de ellas es un aparente desconocimiento de la mencionada Circular 016, que claramente establece que no debe haber ningún tipo de barreras para que un estudiante de origen venezolano sea admitido en una institución educativa.
De acuerdo con el informe ‘Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano’, de la organización Dejusticia, con apoyo de Unicef, se encontró que algunos colegios exigen que se les entregue documentos que claramente no pide la normativa vigente y que son difíciles de conseguir, en especial para migrantes en condición irregular.
De esta forma, hay colegios que piden a las familias estar inscritas en el Sisbén, en el programa Familias en Acción, contar con un acudiente o cuidador colombiano, carné de afiliación a una EPS, pasaporte vigente (muchos migrantes llegaron al país por trochas sin contar con este documento), y hasta el recibo de la luz o el agua de su lugar de vivienda.
“Las barreras de acceso al sistema educativo para los adolescentes no se derivan de problemas en el diseño de la normativa del Ministerio de Educación, sino de la implementación de esta a nivel territorial debido a la falta de conocimiento de las y los funcionarios de las instituciones educativas sobre los procesos allí descritos y los procedimientos migratorios”, sostiene Dejusticia.
Fuente: eltiempo
