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Devoluciones en caliente: Vallas, fronteras y asesinatos causados por el Estado español

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STEPHANIE TOLEDO

“No es la primera vez que cruzan la frontera y son asesinados, no es la primera vez que lo intentan ni será la última mientras siga existiendo leyes que lo permitan y se adapten a un Estado torturador que legitima la violencia organizada así como el racismo institucional, seguirá habiendo muertes y maltrato a miles y miles de migrantes… Los agentes del orden en nombre de la paz y de la tranquilidad tendrán carta libre para asesinar y silenciar la realidad de personas en su intento de cruzar las fronteras, saltar las vallas o cruzar a nado como es en el caso en las costas de Canarias. Porque migrar no es delito, delito es que Europa fortaleza tenga en sus fronteras a miles y miles de muertos, desaparecidos y torturados por sus políticas migratorias que NO funcionan, tratados internacionales obsoletos que no cumplen con sus artículos ni cláusulas. Ante esto solo nos queda organizar la respuesta: ¡La lucha migra continúa!”.

Las devoluciones en caliente son avaladas por la legislación española en materia de seguridad ciudadana y migraciones al amparo del Ministerio del Interior; y no es para menos, se regulan en la Ley Orgánica (LO) 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, que incorpora una disposición adicional décima a la Ley de extranjería: LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. De esta forma se permite que los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado español puedan realizar entregas sumarias a las autoridades marroquíes de extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Y como ya es bien sabido, en complicidad con el gobierno de turno.

Esta ley permite la evasión de todo tipo de garantías constitucionales y con la consiguiente vulneración de los derechos humanos (DDHH) ya que, cuando muchas de estas personas intentan cruzar la frontera, esa línea que la ley denomina: “Elementos de contención fronterizos”, conocido por muchas de nosotras como: LA VALLA, autoriza expresamente el que se realicen las devoluciones sumarias o en caliente. Esto significa que no es necesario tramitar un expediente administrativo con todas las garantías para atender las demandas de protección y, en todo caso, proceder al retorno de estas personas, aunque es tan evidente y se supone que las personas que salen de sus países para cruzar la frontera no quieren regresar, porque sus vidas corren peligro, son perseguidas, son amenazadas y su libertad negada o vienen escapando de la hambruna, la pobreza, la guerra, las sequías o cualquier otro motivo externo, negándose en todo momento el derecho al asilo sin tener en cuenta sus circunstancias individuales, si son víctimas de trata o de si son menores de edad o no.

No debemos olvidar que toda esta legislación se hizo efectiva a partir de su aprobación por el gobierno corrupto y de turno del ex presidente Mariano Rajoy (PP), al que ha seguido el actual del PSOE-UP sin modificar nada, mientras están preocupados por sacar unas elecciones con miles y miles de muertes a sus espaldas, en la fronteras tanto de Ceuta y Melilla como en las costas de Canarias donde día a día se vive y se palpa otro tipo de realidad (cientos de personas mueren ahogadas en el intento de llegar a Canarias); porque esto hay que decirlo claro y lo adjunto como dato: la ruta canaria es considerada como una de las más mortíferas, aproximadamente con 1.784 víctimas el año pasado (sin contar las que no están contabilizadas o desaparecidas entre niñxs y jóvenes), que en todo el territorio español da la suma de 2.390 personas migrantes fallecidas en el 2022; personas que pierden la vida en su trayecto migratorio hacia España por la frontera occidental euroafricana. Así lo recoge el Informe Derecho a la Vida del año 2022. Pero más allá de datos oenegistas que no atacan los problemas migratorios, sino desde una perspectiva de solo “sentirnos como refugiados o pobres migrantes”, nosotras, las personas migrantes, queremos ir más allá porque sufrimos en nuestras carnes el hecho de que al cruzar una frontera se ponga en riesgo nuestra propia existencia, existencia que no se vería en tales riesgos si esos tratados internacionales o cualquier otra cláusula de los gobiernos Europeos no permitieran tales agresiones en sus legislaciones y se cumpliera realmente el principio de NO DEVOLUCIÓN, recogido en el Estatuto de refugiados en 1978 de la Convención de Ginebra, de la que España forma parte desde su creación, y que forma parte de esos tratados internacionales en cuestiones de protección internacional y de violación de DDHH, y que cuando vas a la ley se contradice, ya que España forma parte de la masacre y la tortura, donde la legislación no está sola, porque también se encuentra avalada por la Constitución española del 78 : “La Constitución Española de 1978 asumió el concepto de seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de seguridad pública (artículo 149.1.29.ª). Posteriormente, la doctrina y la jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad ciudadana”.

¿Mantenimiento de la tranquilidad?
Entendemos por esto que desde nuestra posición migrante y racializada ¿tenemos que asumirlo y aceptarlo?; ¿que según el bienestar y el privilegio de unos pocos que están al otro lado de la frontera debemos avalar esta legislación opresora de DDHH? Lo hemos visto claramente cuando el pasado mes de junio de 2022 se masacraba a gente del otro lado de la valla de Melilla, donde hermanos subsaharianos que intentaban cruzar la frontera, se les acorralaba, se les forcejeaba y se les dejaba morir, ¿todo esto en nombre de la libertad y por la tranquilidad ciudadana? Pero seguimos contando y si vamos atrás en el tiempo, lo hemos vuelto a ver en el 2014 en la Tragedia del Tarajal, cuando en nombre de la democracia y la tranquilidad ciudadana, nuevamente se asesinaban a varias personas en la frontera del Tarajal que separa Ceuta de Marruecos, de la mano de la guardia civil que disparaba a destajo… ¿Y también debemos de aceptarlo? ¿Por qué los avala la legislación? Y el colmo de todo esto es que 9 años después seguimos pidiendo justicia por los asesinatos cometidos por el Estado español que no han sido resueltos y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en el 2020 estas devoluciones en caliente, contradiciéndose de su decisión anterior del 2017, en la que consideraba que esas expulsiones de carácter colectivo y sin un procedimiento con garantía eran contrarias al convenio Europeo de Derechos Humanos[1]; también en el 2020 el Tribunal Constitucional avaló la figura del rechazo en frontera introducido en la Ley de Extranjería mediante una enmienda de la LOSC. Sin embargo, en su intención de ofrecer garantías en esta figura, nuevamente estableció una serie de requisitos que terminaban siendo contradictorios entre sí. Así lo recogía, Amnistía Internacional en una de sus denuncias sobre la tragedia del Tarajal.

Si todavía después de tanta contradicción y mareo sigues leyendo esto, es porque quieres encontrarle algún sentido, pero desde la ley y los tratados internacionales no existe sentido alguno. Ni mucho menos en la Ley de Extranjería.

Tenemos tratados de sobra, así como sus legislaciones que si se cumplieran debidamente no permitirían la violencia hacia todas las personas que queremos migrar. Pero no les da la gana de cumplir y si Europa fortaleza no quiere asumir la responsabilidad de esas muertes, mucho menos lo hará el Estado español. Es por eso que, desde los colectivos migrantes organizados, personas no organizadas, también así como cualquier persona con humanidad y sentido común, desde abajo y con voz propia saldremos a las calles el 4 de febrero de 2023, para organizar nuestra indignación, nuestro malestar en contra de las políticas migratorias racistas.

Hacemos el llamado a todas las personas que sienten y creen que las fronteras deben ser abolidas con sus correspondientes tratados y leyes de extranjería que no son garantes de un Estado democrático y de derecho, porque migrar es humano y es natural en todo ser vivo.

Stephanie Toledo es activista social y miembro del movimiento antirracista en Tenerife

Fuente: vientosur.info


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