Una alerta lanzó de manera reciente la Procuraduría General de la Nación, ante la grave crisis humanitaria que presenta el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el aumento de la migración ilegal y pidió a la autoridades locales, departamentales, nacionales e incluso a las aerolíneas, que refuercen sus controles para evitar que ciudadanos de diferentes nacionalidades del mundo sean víctimas de redes de tráfico de personas.
El Procurador para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento Olarte y su equipo, lograron evidenciar en visita a la isla que, a pesar de una disminución en la llegada de pasajeros en vuelos comerciales, en lo que va de 2023 aumentaron los casos de interdicción de embarcaciones y rescate de migrantes irregulares en las aguas del archipiélago, realizados por la Armada Nacional.
Lo más alarmante es la grave crisis humanitaria que viven niños y niñas, incluso recién nacidos, mujeres en gestación y adultos de diversas nacionalidades, varios de los cuales han desaparecido en el mar abierto del archipiélago buscando llegar a Centroamérica.
Los migrantes son víctimas de traficantes ilegales y de trata de personas que están ofreciendo una ruta ‘VIP’ de migración irregular, viajando en avión desde Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá hasta el aeropuerto de San Andrés.
Luego de pasar una noche en la isla, las redes los embarcan en una peligrosa travesía por mar abierto, haciendo transbordo en los cayos Albuquerque y pescador, al sur del archipiélago para llegar a Nicaragua en su tránsito hacia Estados Unidos.
Desde junio del año pasado, la Procuraduría confirmó por medio de informes de la Armada Nacional y recorriendo una de estas rutas utilizadas por los traficantes ilegales, que han sido rescatados 804 ciudadanos de distintos países de origen como China, Vietnam, Uzbekistán, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, entre otros.
El equipo de la Procuraduría, incluso, fue testigo cómo en el Cayo Pescador los traficantes están talando árboles y contaminando con residuos sólidos y botellas plásticas que amenazan la sostenibilidad ambiental del mismo.
De igual forma, a través de la recolección de testimonios de pescadores aparcados en este lugar, la Procuraduría pudo confirmar la presencia de las redes de traficantes que engañan a los migrantes ofreciendo una ruta segura de viaje, pero que en realidad los someten a viajar en embarcaciones no aptas para el traslado de pasajeros, con sobrecupo y tomando rutas que, en condiciones climáticas adversas, aumentan el peligro de naufragio en mar abierto.
De hecho, existen evidencias de que, en agosto, octubre y diciembre de 2022 hubo cuatro naufragios en los que desaparecieron 59 personas entre los que se cuentan niños, niñas y madres gestantes.
La Armada Nacional realiza el control territorial y ejerce la soberanía del país en estas aguas, sin embargo, debido al incremento desmesurado de migración irregular, su capacidad operativa no es suficiente para controlar el fenómeno.
Por eso, se solicitó a Migración Colombia, a la Oficina de Control, Circulación y Residencia del Archipiélago (OCCRE) y a las aerolíneas comerciales, redoblar controles y vigilancia para evitar que los traficantes lleven mar adentro a los migrantes.
También hizo un llamado a la Dirección de Inteligencia (Dijín) de la Policía y a la Fiscalía para que investiguen qué organizaciones están detrás del negocio de la migración ilegal y anunció que presentará a la Procuradora Margarita Cabello Blanco un informe preventivo sobre la situación para que determine los requerimientos preventivos y acciones disciplinarias a que haya lugar.
Fuente: opinioncaribe
