El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello documentó que en los primeros meses de la llegada del covid-19 a la región muchos ciudadanos retornaron por la ausencia de redes de apoyo en los países receptores. Pero, agregó, se enfrentaron a una situación aún más crítica, lo que los motivó a salir nuevamente.
Los impactos severos que ha tenido el covid-19 en el país han provocado que haya un aumento en el número de migrantes venezolanos, a pie y a pesar de las restricciones establecidas por los gobiernos de la región debido a la pandemia, así lo señaló el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello en un informe reciente.
En Caminantes de ida y vuelta: el flujo de caminantes venezolanos por el continente en tiempos de pandemia los investigadores dijeron que esa apreciación es compartida por Eduardo Stein, representante especial del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados y de la Organización Internacional para las Migraciones.
Stein, señaló el texto, estima que unas 800.000 personas podrían salir de Venezuela este año, lo que aumentaría a 6,2 millones la cifra de migrantes y refugiados venezolanos.
“La reunificación familiar y la salida de grupos familiares extendidos apuntan a una nueva fase del perfil de la movilidad humana venezolana, que plantea retos adicionales para los países receptores, a causa de una mayor presencia de niños, niñas y adolescentes, madres lactantes, adultos mayores y otras personas que requieren atención diferenciada en función de sus vulnerabilidades”.
Es posible, se expuso en el informe, anticipar que continuará el ingreso por pasos no controlados y que esta situación traerá como consecuencia el incremento de personas en situación irregular en los países de acogida, ya sea por la retención y destrucción de los documentos de identidad con los que los caminantes iniciaron el recorrido o porque la regularización de esas personas supone un gran desafío para los gobiernos.
Los investigadores resaltaron la presencia de grupos irregulares y redes de delincuencia organizada que controlan los pasos no oficiales, conocidos como trochas, que se aprovechan de las restricciones por la pandemia para imponer condiciones y tarifas más elevadas para los migrantes.
Reflujo migratorio
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello documentó que en los primeros meses de la pandemia muchos venezolanos retornaron por la ausencia de redes de apoyo en los países receptores. Pero, agregó, los ciudadanos se enfrentaron a una situación aún más crítica, lo que los motivó a salir nuevamente.
“La ausencia de programas sociales de apoyo a esta población persiste, al tiempo que la falta de documentos de identidad y el reingreso por pasos no controlados los mantiene invisibilizados y, en consecuencia, es más difícil que sean identificados y alcanzados por políticas públicas o mecanismos humanitarios para mitigar el impacto de la pandemia en las personas en movilidad”.
Los creadores de la investigación recomendaron que, en los países de tránsito y en las franjas fronterizas, especialmente, se establezcan protocolos para identificar y asistir a personas con necesidad de protección internacional y evitar su devolución, incluyendo la disposición de recursos de apelación y asistencia legal.
“El tiempo ha demostrado que la presencia de migrantes y refugiados venezolanos en los países de la región no es un fenómeno temporal, por lo que no puede seguirse enfrentando con soluciones de corto plazo, ni con los mismos requisitos formales que se exigen a un migrante voluntario”, indicó.
Subrayó que es claro que, en las actuales circunstancias, los caminantes no pueden producir los documentos exigidos normalmente para la regularización; con el agravante de que ahora las identificaciones las retienen o destruyen los funcionarios venezolanos durante el trayecto.
Fuente: El Nacional, Venezuela
