El matrimonio de Salvador Espinoza y Xóchilt Tapia estaba en su casa en el barrio San Antonio, en Managua, cuando la Policía incursionó con violencia en abril pasado durante una redada contra músicos y productores musicales que no simpatizan con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Después de la captura, los mantuvieron aislados durante nueve días en la prisión de El Chipote hasta que les propusieron la opción del destierro como única salida a su situación carcelaria.
El principal ejecutor de la orden fue la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), una dependencia del Ministerio de Gobernación, que no ofreció ninguna explicación sobre la salida de los jóvenes el 21 de abril pasado. Se fueron a Hamburgo, Alemania.
Las autoridades no dijeron nada tampoco sobre los otros músicos detenidos, Josué Monroy y el productor Leandro Canales, quienes fueron enviados a El Salvador y Costa Rica, respectivamente.
La posibilidad del destierro contra sus críticos fue planteada por el mismo Ortega en noviembre de 2021, en su primer discurso tras su reelección ilegítima, en la que llamó “hijos de perra del imperialismo yanqui” a los presos políticos, mientras aseguró que “se los deberían de llevar para Estados Unidos, porque esos no son nicaragüenses. No tienen patria”.
Antes del caso de Espinoza y Tapia, que tuvo repercusión internacional, las autoridades de la DGME fueron cuestionadas por la confiscación de pasaportes, la no renovación de los mismos, la negativa de entrada y salida a territorio nacional, también la negación de permisos de salida de menores de edad cuando sus padres son sujetos de interés para el Estado y otras decisiones que los juristas consideran “ilegales”.
Ese control es extensivo a los empleados públicos como se ha publicado meses atrás e incluso al entorno de la misma familia presidencial como demostró el caso reciente de Yadira Leets Marín, exnuera de Ortega, quien viajó por tiempo indefinido fuera del país, según el diario La Prensa, lo que fue posible tras un permiso de Murillo.
El exembajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Arturo McFields, quien denunció a la dictadura en marzo pasado, sostuvo en una entrevista con CONFIDENCIAL que una de las medidas que podía tomar el régimen era “quitarle el pasaporte” y “alistar una “suite presidencial en El Chipote” para él, si no mantenía el discurso de que las votaciones de noviembre pasado fueron libres.
En esa misma conversación, al describir que hay empleados públicos con vocación humanística, McFields agregó que incluso que hay “algunos ministros y altos funcionarios que les piden el pasaporte”.
En noviembre del año pasado, se informó sobre una ampliación de la “lista roja” de Migración, entre ellos supuestamente el exsubdirector de la Policía, Francisco Bautista Lara, exembajador ante el Vaticano.
Moreno: Migración no tiene autonomía
La abogada María Asunción Moreno, académica y miembro del consejo directivo de la Alianza Cívica, dice que estos actos son consecuencia de la falta de autonomía de la institución.
Según la información oficial, la DGME es dirigida por el comandante Juan Emilio Rivas Benítez, y el inspector general es el comandante Ernesto David Moncada Solís, hijo del influyente asesor de seguridad nacional de la pareja presidencial, Néstor Moncada Lau, sancionado por violaciones de derechos humanos.
“En Nicaragua no existe una oficina de Migración y Extranjería autónoma, que tome decisiones independientes sobre política migratoria, ahora bien, por ley dicha Dirección obedece a las órdenes del Ministerio de Gobernación, pero, desde la llegada de Ortega al poder, hemos visto un progreso de la concentración del poder en El Carmen (residencia del mandatario) que se evidencia en la microgestión. Los Ortega Murillo son los directores de Migración y Extranjería”, afirmó Moreno.
La institución tiene además una larga trayectoria de denuncias en su contra, sobre todo por arbitrariedades con motivaciones políticas. CONFIDENCIAL sostuvo, por ejemplo, que al menos 25 extranjeros fueron expulsados del país entre 2010 y 2016 como parte de una política de hostilidad contra políticos, defensores de derechos humanos, artistas y periodistas.
La comandante guerrillera Mónica Baltodano, de 67 años, quien se encuentra exiliada en Costa Rica, denunció que les retuvieron y no renovaron los pasaportes a ella, su esposo Julio López Campos y su hijo Umanzor. La respuesta a su solicitud fue que Migración ordenó “realizar los trámites desde Managua”.
Desde que hizo pública la denuncia, Baltodano sostiene que ha conocido el caso de al menos 50 personas que se encuentran en la misma situación, y que son hijos de excarcelados, presos políticos y exiliados, pero dijo que lamentablemente muchas de las víctimas prefieren quedarse calladas.
“Temen represalias para otros familiares. Sé con certeza que aquí en Costa Rica el Consulado ha negado pasaportes a otros solicitantes de refugio. También son los autores de la retención de pasaportes de cientos de ciudadanos que han querido salir del país, por distintos motivos, a veces a atenderse médicamente, como doña Pinita (María Josefina) Gurdián (madre de la presa política Ana Margarita Vijil, y abuela de la también rea de conciencia Tamara Dávila”, lamentó Baltodano.
Gurdián ha denunciado que le impiden salir de Nicaragua, pese a que necesita hacerlo para un tratamiento médico contra el cáncer que padece. Para ella, Nicaragua es otra cárcel.
Baltodano lamentó la situación de Espinoza y Tapia, porque ningún ciudadano puede ser privado de entrar a su país o ser expulsado del mismo, según el marco jurídico vigente. En julio de 2021, funcionarios de Migración negaron la entrada a Nicaragua del padre del preso político y líder estudiantil, Lesther Alemán. Lo mismo hicieron con la también nacional Rosalía Miller, a quien incluso le dijeron en junio que en su caso fue una orden del general Julio César Avilés, jefe del Ejército de Nicaragua.
En abril de 2022 hicieron lo mismo al académico de la Universidad de Costa Rica, Carlos Sandoval, director del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, bajo el argumento de que no entregó los nombres de las personas con las cuales se reuniría en el país. Los periodistas también están bajo la mira de las autoridades.
Limitan desplazamiento de menores de edad
Abigaíl Hernández, directora de Galería News y miembro de la directiva de la organización de Periodistas y Comunicadores Independientes (PCIN) de Nicaragua, sostuvo que registraron diez casos de periodistas a quienes les quitaron sus pasaportes en 2021 en distintos puestos fronterizos.
Hernández califica las retenciones de pasaportes como un acto que violenta el derecho de identidad. Según ella, además de quitarles sus documentos, las autoridades en otras ocasiones optan por mantener retenidos a los comunicadores por períodos que pueden durar entre dos y cuatro horas. Lo primero que hacen es sacarlos de las filas y se los llevan a oficinas donde son interrogados.
Hernández denunció que las autoridades están también restringiendo el desplazamiento de menores de edad, hijas e hijos de periodistas, lo que hacen cuando los padres se acercan a solicitar un permiso de salida para los pequeños, tal como dice la ley.
“A muchos se les ha negado. Tenemos reportes de colegas que se le da el pasaporte a uno (de los hijos menores de edad) y al otro no. Es una manera de coacción mantenerte secuestrado, (el mensaje es) te llevás a uno, no podés al otro. Es una forma de secuestro, no solo con cárcel, sino restringiendo el desplazamiento al que tenemos derecho”, agregó Hernández.
Medidas son violatorias de la Constitución
Según abogados consultados por CONFIDENCIAL, las medidas tomadas por el Ejecutivo violan los artículos 28, 31 y 37 de la Carta Magna. El primero referido a que los nicaragüenses gozan del amparo y protección del Estado, a través de sus representaciones diplomáticas; el segundo al derecho que se tiene a circular y fijar su residencia en cualquier parte del territorio nacional, mientras el tercero plantea el derecho de igualdad.
Para Moreno, lo que ocurre en Migración es similar a lo que pasa en otras instituciones del Estado, donde se ha dado una concentración de poder en la pareja presidencial que se refleja desde la ejecución de cosas banales a decisiones más complejas.
“La Ley de Migración y Extranjería no es el referente de la actuación y toma de decisiones, por lo tanto, todas estas decisiones constituyen una grave violación a derechos constitucionales en dos sentidos: por un lado, mandando al destierro o quitándole la nacionalidad a nicaragüenses y por otro lado otorgando nacionalidad a delincuentes internacionales que no cumplen con los requisitos para obtenerla”, lamentó.
La académica se expresó sobre el caso de los expresidentes salvadoreños, Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, ambos del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional —aliados de Ortega—, a quienes la DGME entregó la nacionalidad nicaragüense, a pesar de que eran objeto de investigaciones en su país por actos de corrupción.
Moreno agregó que estas decisiones no deben sorprender, porque el régimen no vaciló en disparar contra los manifestantes nicaragüenses en 2018, cuando miles de ciudadanos salieron a las calles a demandar un cambio de gobierno y fueron reprimidos con brutalidad. Al menos 355 personas fueron asesinadas.
“Esto no debe sorprendernos el régimen de Ortega no vaciló en disparar a manifestantes pacíficos en un día simbólico como es el Día de la Madre o que encarcela a decenas de personas solo por pensar diferente y mantiene recluidos a inocentes incluidos a personas de la tercera edad y con enfermedades crónicas y después de dejar morir a quien expuso su vida por liberar al mismo Ortega (se refiere a Hugo Torres), estas arbitrariedades migratorias sólo son una pieza más en el engranaje de la represión social y política que supera cada día niveles de crueldad insospechados”, añadió.
Otro experto consultado, que aceptó hablar pero bajo condición de anonimato para evitar represalias, explicó que ningún nicaragüense puede ser despojado de su nacionalidad, pero también cuestiona todas las irregularidades que a su juicio se están cometiendo.
“Ningún nacional nicaragüense puede ser deportado o expulsado del país, ni extraditado. Eso según la Ley de Migración y Extranjería, en el artículo 171. Por lo tanto, es arbitrario que por motivaciones políticas te expulsen, vos que sos nacional. No existe sustento legal. Más bien la Constitución y las leyes hablan de protección, el Estado debe proteger a sus ciudadanos, no solo dentro del país, sino fuera del país”, explicó.
Además, agregó que tampoco tiene ninguna base legal la retención de pasaportes. Para este experto, las actuaciones de Migración forman parte de todo el ambiente represivo.
Recordó que Nicaragua en su artículo 46 de la Constitución recoge los tratados de derechos humanos que ha suscrito Nicaragua y que, por lo tanto, son ley. Por esas razones, no se pueden dictar resoluciones que restrinjan los derechos y principios fundamentales.
Sin embargo, aunque nada de esto debería ocurrir, la fuente reconoce que el principio de la legalidad es inexistente en el país, y lo que impera es un “terrorismo de Estado”, es decir un régimen que impone todo tipo de abusos, basado en la fuerza, la cual sustenta en las armas tanto de la Policía, el Ejército y los paramilitares. “Es una realidad que se puede constatar”, lamentó.
Fuente: confidencial
