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“Lloramos mucho, es una situación triste”: denuncian discriminación y tortura contra migrantes haitianos en EE.UU.

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Un informe de Amnistía Internacional afirma que las autoridades estadounidenses han sometido a las personas haitianas a detenciones arbitrarias y maltratos que constituyen tortura basada en la raza.

A Marcel, un hombre haitiano de 24 años, se le quiebra la voz al recordar su paso por Estados Unidos y dice que todavía “tiene pesadillas”.

Su búsqueda del sueño americano lo llevó a emprender una travesía peligrosa que inició el 14 de agosto de 2021, cuando salió de Brasilia y atravesó países como Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Guatemala y México, hasta el 21 de diciembre cuando fue deportado por las autoridades migratorias en territorio estadounidense.

“Me separaron de mi hija que tenía pocos días de nacida. Tuve que quedarme en la cárcel seis días con comida mala, sin ducharme y sin poder hacer nada. No nos daban información de la niña, por eso lloramos mucho, es una situación triste”, explica Marcel, en una entrevista telefónica desde Puerto Príncipe, la capital de Haití, adonde fue deportado por las autoridades estadounidenses el 21 de diciembre de 2021.

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Marcel pidió mantener su anonimato por temor a las represalias de los grupos del crimen organizado en Haití, donde la extorsión y los secuestros contra las personas deportadas son un problema recurrente.

El caso de Marcel, y muchos otros, son analizados en el más reciente informe de Amnistía Internacional titulado “No nos trataban como a personas”: Tortura y otros malos tratos relacionados con la raza y la condición migratoria contra personas haitianas que buscan seguridad en Estados Unidos.

En el documento, los investigadores denuncian que las autoridades de EE.UU. han sometido a las personas haitianas solicitantes de asilo a diversas situaciones de abuso como la detención arbitraria y maltratos discriminatorios generalizados que constituyen tortura basada en la raza.

Las autoridades continúan limitando el derecho de estas personas a buscar protección”

“Hace un año, la administración Biden condenó las vergonzosas escenas de agentes a caballo de la Patrulla Fronteriza que dispersaban violentamente a personas solicitantes de asilo haitianas en Del Río, Texas. Pese a esto, las autoridades continúan limitando el derecho de estas personas a buscar protección internacional en la frontera entre Estados Unidos y México”, afirma Erika Guevara Rosas, directora de Amnistía Internacional (AI) para las Américas.

El reporte se basa en múltiples entrevistas con 24 personas haitianas que fueron expulsadas por las autoridades estadounidenses en el periodo comprendido entre septiembre de 2021 y enero de 2022. Además cuenta con los análisis de psicólogos, abogados y académicos.

Esta investigación se publica cuando se cumple el primer aniversario de los sucesos acaecidos en Del Río, Texas, el 19 de septiembre de 2021, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza que montaban a caballo intentaron controlar a una multitud de personas haitianas. Según las fotografías captadas ese día, parecía que los oficiales perseguían y agredían a las personas solicitantes de asilo.

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El Gobierno estadounidense realizó una investigación que concluyó que ninguna de las personas haitianas fue golpeada de manera intencional por los agentes de la patrulla fronteriza, aunque admitió que los agentes hicieron un uso excesivo e inapropiado de la fuerza para repeler a los migrantes.

Los expertos de AI recalcan que los funcionarios no entrevistaron a las personas haitianas involucradas en el suceso lo que, según ellos, “socava seriamente su credibilidad”.

Según la investigación, esos incidentes de violaciones de derechos humanos, junto con las expulsiones masivas por la aplicación del Título 42, forman parte del largo historial de “detenciones, exclusión y la práctica de intentar disuadir a las personas haitianas que buscan seguridad en Estados Unidos”, que se relaciona con un problema mayor: la discriminación sistémica de las personas negras.

“Estamos exigiendo el fin del Título 42. No podemos, en buena conciencia, continuar con el mismo sistema que implementó el Gobierno anterior. Cuando se postuló, Joe Biden dijo que su objetivo era restaurar el alma de Estados Unidos. Lo que vimos debajo del puente en Del Río no estaba restaurando el alma de Estados Unidos, estaba condenando el alma de Estados Unidos”, aseveró Guerline Jozef, directora ejecutiva de Haitian Bridge Alliance, una organización comunitaria que lucha por los derechos de las personas migrantes.

Lo que vimos debajo del puente en Del Río no estaba restaurando el alma de Estados Unidos, estaba condenando el alma de Estados Unidos”.

GUERLINE JOZEF, DIRECTORA DE HAITIAN BRIDGE ALLIANCE

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Se estima que, entre septiembre de 2021 y mayo de 2022, Estados Unidos expulsó a más de 25,000 personas haitianas, recurriendo al uso del Título 42, una orden implementada durante el gobierno de Trump como una medida de salud pública por la pandemia que, según diversas organizaciones humanitarias, ha funcionado como una política de disuasión para la migración y el asilo.

Los expertos de AI aseguran que las personas haitianas que fueron entrevistadas para esta investigación, y muchas más, “han sufrido detención arbitraria y, en algunos casos, tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante por motivos de raza y condición migratoria, lo cual constituye una violación del derecho internacional”.

Entre las irregularidades de estos casos destacan que a las personas que participaron en la investigación no les hicieron pruebas de COVID-19, ni les ofrecieron vacunaso mascarillas lo que, según los investigadores, “socava las afirmaciones de que las expulsiones en virtud del Título 42 tienen como finalidad prevenir el COVID-19”.

También señalaron que las personas migrantes no fueron debidamente informadas sobre su paradero y los motivos de su privación de libertad, lo cual “constituye detención arbitraria en virtud del derecho internacional”. Asimismo, los testimoninos indican que las autoridades estadounidenses detuvieron ilegalmente al menos a cinco mujeres embarazadas sin evaluar debidamente sus necesidades médicas.

Y, como sucedió en el caso de Marcel, los funcionarios detuvieron a menores de tan solo 9 y 14 días, y en varios casos los separaron de sus progenitores.

“Estuve varios días sin saber nada de mi niña. Eso fue muy cruel porque era muy pequeñita y nunca contestaron mis preguntas cuando estuve detenido”, explica Marcel.

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Una demanda presentada por un grupo de inmigrantes haitianos en diciembre de 2021 acusa al Gobierno federal de abuso físico y verbal, trato inhumano y negación del debido proceso por los maltratos que recibieron en Del Rio.

Al menos una decena de incidentes de uso de la fuerza similares han ocurrido en los últimos diez años, en los cuales agentes de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) han sido criticados por activistas y organizaciones como Amnistía Internacional y la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por su sigla en inglés) por el modo en que usaron armas no letales (como tasers, bastones y gas lacrimógeno, entre otros) para detener el ingreso de migrantes vía la frontera sur.

Datos federales analizados por Noticias Telemundo muestran que las demandas y las críticas por el uso excesivo de la fuerza no han desalentado la inversión en armas no letales por parte de la Patrulla Fronteriza. Al contrario, la agencia reforzó su arsenal en los últimos años. Este y otros hallazgos forman parte de la investigación El Negocio de la Represión, que Noticias Telemundo y otros 11 medios latinoamericanos realizaron en colaboración con el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) en junio de este año.

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La inversión más grande ocurrió entre 2016 y 2018, cuando la CBP quintuplicó el gasto en este tipo de armas, principalmente tasers y sus accesorios. En 2018, durante la Administración del expresidente Donald Trump, llegó a pagar por lo menos 11.8 millones de dólares, el mayor monto anual invertido en equipo no letal en casi una década.

Los reportes de uso de armas no letales por parte de la Patrulla Fronteriza muestran que este arsenal ha sido utilizado por los agentes bajo todas las administraciones desde la de George W. Bush (2001-2009).

Pero a partir de 2018, la Patrulla Fronteriza comenzó a utilizar las armas no letales con mayor frecuencia e incluso llegó a disparar gas lacrimógeno sobre familias con niños que intentaban cruzar la frontera al menos en dos ocasiones que fueron documentadas y denunciadas, en noviembre de 2018 y enero de 2019. En esta última, se utilizaron incluso perdigones de plástico para repeler a los inmigrantes, según indicaron periodistas de la agencia de información AP y testigos.

De hecho, según los datos federales, solo en el año fiscal 2018 el CBP utilizó más gases lacrimógenos que en todos los años anteriores.

En los últimos tres años, se han registrado en promedio 250 incidentes anuales en los que los agentes fronterizos utilizaron armas no letales contra personas en la frontera sur, de acuerdo con los reportes de uso de la fuerza de la CBP analizados por Noticias Telemundo.

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Estos incluyen presuntos abusos sexuales, violaciones del debido proceso, negativa a brindar atención médica, condiciones severas de detención y tratos deshumanizantes en la frontera. Human Rights Watch pidió información al DHS sobre 11 casos de gravedad y las acciones disciplinarias tomadas, sin que obtuviera una respuesta al momento de publicar el informe, según explicó la organización.

Los documentos obtenidos al amparo de la FOIA sugieren que el DHS es un organismo que parece haber normalizado la existencia de “abusos gravísimos” en la frontera de Estados Unidos, advierte Human Rights Watch en un informe.

Las denuncias de abusos no se limitan de este modo a los ataques contra grandes grupos de migrantes que intentan cruzar la frontera. También incluyen presuntas agresiones en centros de detención y a lo largo de todo el proceso desde que un inmigrante entra en contacto con la CBP.

“No somos delincuentes. Pero cuando estábamos detenidos te hacen sentir mal, no te dan información. Conmigo estaba una mujer a la que golpearon mucho porque no quería que la deportaran, eso fue horrible”, recuerda Marcel, el migrante haitiano que fue detenido en diciembre de 2021.

“No podemos comer”

El informe de AI señala que Witness at the Border, una organización que rastrea los vuelos de deportación, ha registrado que entre septiembre de 2021 y mayo de 2022 al menos 227 vuelos de Estados Unidos aterrizaron en Haití, en comparación con el total de 37 vuelos en todo 2020 y los 37 de los primeros ocho meses de 2021.

En uno de esos aviones iba Marcel, quien dice que tenía años sin vivir en Haití y no estaba preparado para la situación de violencia y la inestabilidad política y económica que imperan en su patria.

Haití no tiene nada, nada, todos estamos sufriendo”

“Haití no tiene nada, nada, todos estamos sufriendo porque no podemos comer. No se puede trabajar, y hay mucha delincuencia, yo quiero volver a irme de aquí”, explica con desesperación.

Haití es un país inmerso en una cruenta batalla que libran las bandas armadas en Puerto Príncipe y sus alrededores. Esos enfrentamientos paralizan regularmente a la capital y han ocasionado la muerte de más de 300 personas. Además, se estima que más de 3,000 pobladores han tenido que abandonar sus casas.

Andrea es una psicóloga que trabaja con el Servicio Jesuita a Migrantes en Puerto Príncipe, donde ha atendido a decenas de personas deportadas por las autoridades estadounidenses que presentan graves secuelas de salud mental por los maltratos que sufrieron.

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“Desarrollan muchos traumas porque cruzan varios países, a veces lo roban, los golpean y a muchas mujeres las violan. Pero todos dicen que lo peor es llegar a Estados Unidos, donde creen que van a estar a salvo, y allá también los maltratan. Eso los lleva a la depresión y grandes problemas emocionales”, explica Andrea, que también pidió mantener su anonimato.

Marcel explica que, como al resto de las personas que fueron entrevistadas para el informe de AI, nunca lo sometieron a una evaluación para determinar los riesgos a los que podía enfrentarse a su regreso a Haití, tampoco le permitieron hacer llamadas telefónicas y no tuvo acceso a intérpretes o asistencia jurídica.

“A todos los haitianos nos discriminan cuando salimos de nuestro país, pero nosotros queremos trabajar. Solo queremos eso, pero en Estados Unidos dicen ‘métanlos en un avión y mándenlos para Haití’. Y eso no está bien porque aquí vivimos un infierno”, concluye Marcel, entre sollozos.

Fuente: telemundo


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