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Los desastres ambientales están alimentando la migración, pero el derecho internacional no reconoce a los refugiados climáticos

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Reuters .- Cuando los huracanes “Eta” e “Iota” azotaron Centroamérica en noviembre de 2020, inundaron pueblos y ciudades, causaron pérdidas catastróficas en el sector agrícola y contribuyeron a la inseguridad alimentaria. En total, 4.7 millones de hondureños se vieron afectados y decenas de miles decidieron irse, formando caravanas migrantes en un intento desesperado por reconstruir sus vidas en Estados Unidos.

Los científicos finalmente vincularon esa temporada récord de huracanes en el Atlántico con el cambio climático, dejando en claro que ese fenómeno ambiental ya está influyendo en la migración.

Daniel L. Huizenga, investigador en migración y geografía humana en la Universidad de Toronto, estudia las relaciones entre el derecho, las personas y el medio ambiente.

En la ley internacional, señala el investigador, las personas se convierten en refugiados cuando tienen un temor fundado de persecución en su país de origen. Actualmente, los motivos admisibles para solicitar asilo se limitan a persecución por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opinión política. Eso significa que, cuando las personas migran debido a la degradación ambiental o un desastre natural en sus países, no son, en el sentido legal de la palabra, “refugiados“.

“Pero el derecho internacional sobre refugiados y derechos humanos ya no puede centrarse únicamente en la persecución social y política. Debe revisarse para considerar el cambio climático e incluir el término de ‘ambientes mortales‘ como una forma de persecución“, señala Huizenga.

El concepto de “ambientes mortales” da cuenta de las condiciones sociales, políticas y ecológicas que obligan a alguien a migrar. Incluirlo en las definiciones legales establecería que el medio ambiente contribuye a las condiciones de privación y persecución de los derechos humanos, detalla el investigador.

El Banco Mundial estima que si no se hacen esfuerzos radicales y concertados para frenar el cambio climático, 216 millones de personas serán desplazadas dentro de sus propios países para 2050. Con la escala de la migración inducida por las condiciones climáticas es inevitable que millones busquen refugio a través de las fronteras, incluso si son invisibles para la ley de refugiados.

Los investigadores señalan que se ha vuelto común examinar el cambio climático como una causa más de la migración, a la par de otros factores como la violencia, los conflictos políticos y los desastres.

La velocidad incierta de las perturbaciones climáticas complica aún más las cosas bajo el marco legal. Su inicio puede ser lento, como sequías continuas que causan inseguridad alimentaria, o rápido, como huracanes e inundaciones que destruyen casas y cultivos.

Además, no existe una definición internacionalmente aceptada de migrantes afectados por el clima, advierte Huizenga. La Asociación Canadiense de Abogados Refugiados utiliza el término “migrante climático”, mientras que un informe de la Casa Blanca utiliza “migración relacionada con el cambio climático” como término general. Algunos países usan el término migrantes ambientales, otros usan pueblos desplazados ambientalmente.

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el cambio climático afecta los derechos humanos a la vida, la libre determinación, el desarrollo, la salud, la alimentación, el agua, el saneamiento, la vivienda adecuada y los derechos culturales. Uno, de muchos otros ejemplos, son los 400 mil pastores de ganado en el sur de Etiopía que fueron desplazados por la sequía relacionada con el clima entre 2015 y 2019. Continúan necesitando asistencia para alimentos, agua y refugio.

Cambiar a “ambientes mortales” la determinación para poder ser considerado como refugiado dejaría en claro que dichos ambientes son producidos no sólo por el cambio climático, sino también por las prácticas mantenidas a lo largo de las fronteras.

El Transnational Institute, un organismo internacional de investigación, informa que los países más ricos del mundo gastan más recursos en militarizar sus fronteras que en responder a la crisis climática. Esto a menudo incluye la construcción de muros, el desarrollo de tecnologías de vigilancia y la contratación de guardias fronterizos armados. Según el instituto, los países ricos están construyendo un “muro climático global” para mantener alejadas a las personas obligadas a migrar debido al cambio climático con consecuencias mortales.

Alison Mountz, geógrafa de la Universidad Wilfrid Laurier, describe el desarrollo constante del procesamiento de asilo en lugares alejados de las fronteras físicas, como los campos de procesamiento en alta mar de Australia en Papúa Nueva Guinea. Mountz argumenta que el crecimiento de los centros de detención de migrantes en alta mar contribuye a las muertes físicas de los solicitantes de asilo, así como a sus muertes políticas, a medida que las noticias sobre migrantes ahogados son normalizadas.

El cruce fronterizo entre Estados Unidos y México es particularmente mortal, con 2 mil 980 muertes registradas desde 2014. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de las Naciones Unidas, las “principales causas directas de muerte identificadas en esta zona son los ahogamientos y las muertes causadas por las duras condiciones ambientales y la falta de cobijo, comida y agua”.

Por todos esos factores, los expertos señalan que las leyes internacionales sobre refugiados y derechos humanos deben revisarse con urgencia para reconocer los “ambientes mortales” como lugares de persecución.

La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados ya ha establecido vínculos entre el cambio climático y la persecución. Señala que cuando un Estado no está dispuesto a responder a las necesidades humanitarias que son el resultado del cambio climático, existe un “riesgo de violaciones de los derechos humanos que equivalen a persecución”.

Los “ambientes mortales”, incluidos aquellos transformados por el cambio climático, ya sea repentinamente o durante largos períodos de tiempo, deben considerarse lugares de persecución, explica Huizenga. “Su presencia debería generar obligaciones gubernamentales para brindar protección a las personas desplazadas a la fuerza por el cambio climático”, afirma el investigador.

“El centro de este esfuerzo es establecer relaciones entre la ley, los humanos y el medio ambiente. Este es un paso hacia el reconocimiento de que las personas desplazadas por el cambio climático son, de hecho, refugiados”, concluye.

Fuente: latinus.us


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