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Maternidad tras las rejas: las migrantes que son madres en cárceles colombianas

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¿Cómo están las mujeres y migrantes venezolanas que son madres y están en las cárceles de Colombia? La respuesta corta: mal. Datos y voces que ilustran esta realidad.
Juan Sebastián Salazar Piedrahita*
Foto: Vito

¿Cómo están las mujeres y migrantes venezolanas que son madres y que están en las cárceles de Colombia?

—Acá, para qué, me ha ido bien, gracias a Dios. Sí, es duro porque… ¿Quién quiere estar encerrada? Pero la vida se la da una. Lo único difícil es que tengo a mis hijos lejos.

Dice Daniela.

La condenaron por hurto agravado. La capturaron en diciembre de 2020; estuvo nueve meses en una estación y desde finales de 2021 está en la penitenciaría.

Desde entonces no ha recibido ninguna visita de algún familiar o amigo.

Ya no habla con su prima ni con los pocos amigos que viven en la ciudad; además, el que fuera su noviecito se fue a vivir a Bogotá -ella está en Medellín-. Su familia vive en Venezuela, en Valencia: ni sus tres hijos ni su mamá ni su abuela ni sus hermanas pueden visitarla –y eso no que no han faltado las ganas.

Daniela tiene cinco tatuajes: cinco nombres: el de la abuela, la mamá y los tres hijos. Todos se los hizo en Colombia, después de migrar desde Valencia, y moverse, durante varias semanas, hacia San Antonio –en la frontera–, y pasar por trochas y bañarse en ríos y caminar entre charcos, hacia este país: primero Cúcuta, luego Bucaramanga, Bogotá, Medellín… y así.

—Quise tirarme a la aventura.

Dice. Vuelve sonreír. Espera que le responda. Complementa:

—Una aventura demasiado extrema.

A sus abuelos y a su mamá y a sus hijos les dijo que volvería en un año. No es que necesitaran plata, pero algunos amigos le dijeron que la cosa en Colombia estaba bien, que podía venir por un tiempo.

En Bogotá se quedó siete meses. Consiguió un trabajo como mesera en un restaurante en el barrio Santa Fe y ahí estuvo repartiendo comida hasta que no aguantó la discriminación: le decían que en la mala para los venezolanos y una vez una señora le tumbó la bandeja de comidas: “La mala para los venezolanos”.

Su prima ya llevaba algunos meses en Medellín y le dijo que allí los cosas estaban muy bien, que se viniera. Eso hizo, pero adaptarse no fue tan fácil: no conseguía trabajo. Tuvo que vender bolsas negras en la calle, vender chicha en un carrito y hasta pedir plata en un semáforo.

A los cuatro meses una señora del barrio Santa Cruz le propuso ser empleada de servicio de su casa; allí estuvo durante ocho meses y en ese tiempo la señora le prestaba el computador para ver a sus hijos por videollamadas, les explicaba dónde estaba, les mostraba el lugar; ellos hablaban del colegio, de la abuela, los amigos… También le preguntaban que cuándo volvía.

En junio de 2019 regresó a Valencia; se fue en bus. Los hijos estaban muy bien, pero la ciudad no tanto: había filas para comprar harina, la luz se iba por las noches, había poca comida en los supermercados. Le dijo a la abuela que se iba a devolver a Colombia por los niños, para mandarles plata y vivir bien; ella le decía que no, que no se fuera: que aquí nos acostumbramos.

—Y aquí me tiene.

Dice: en la cárcel.

Hasta marzo de 2022 había 2859 internos extranjeros; de ellos 2389 eran venezolanos y venezolanas (el 84 %): 332 eran mujeres, el 14 % de la población total. La mayoría de ellas, al igual que las colombianas, fueron condenadas por delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, o por hurtos.

—El 16 de diciembre de 2020 me capturaron; ese día nos paró la policía.

El 7 de julio la condenaron. Daniela pidió prisión domiciliaria por ser madre cabeza de familia, pero el juez la negó porque los hijos no vivían en Colombia –eso dijo. También pidió la extradición hacia Venezuela dos veces y en las dos se la negaron –eso dijo. Y ya en la cárcel mandó solicitudes para poder tener visitas virtuales y ver a sus hijos a través de videollamadas desde los computadores de la institución, pero no han respondido.

La única opción, por ahora, es llamar. Su mamá o su anterior pareja –el que vive ahora en Bogotá– o una «compañerita» de la cárcel le colaboran: consignan plata a una cuenta de ahorros de la penitenciaría y con esta recarga el teléfono. El minuto hacia Venezuela cuesta 600 pesos –«uno de los precios más caros del mercado», dice Claudia Cárdenas. Daniela habla una vez a la semana con los tres niños; ella les dice que la mamá está bien, que no se preocupen; ellos le dicen que se porte juiciosa para salir pronto.

“Las mujeres extranjeras en cárceles son mucho más excluidas. No tienen cerca a sus familias; dependen de otras familias que, de alguna u otra forma, las adoptan; sus gobiernos las abandonan y no reciben ayudas de ellos –ni asesorías legales ni kits higiénicos con toallas menstruales ni acompañamiento psicológico ni visitas para comprobar que no sean torturadas, por ejemplo. Y lo complicado, después, es cuando salen de prisión con la libertad condicional –que es el caso de la mayoría: tienen el pasaporte vencido, no tienen permiso de trabajo y, además, tienen la marca de ser pospenadas. Tienen que rebuscarse el dinero para el pasaporte y para enviarle a los hijos y a quienes los cuidan, y para el tiquete de avión o bus para volver y, claro, para ellas vivir mientras están a paz y salvo con el país e irse”, dice Claudia Cárdenas:

«La mayoría de mujeres venezolanas que migran hacia Colombia lo hacen huyendo de contextos de violencia, pero, aquí, terminan encontrando más violencia»

Y si hay algo violento es cuando las mujeres pueden tener a sus hijos en las cárceles y tienen que separarse de ellos cuando cumplen tres años.

En el artículo 153 del Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1993) se establece que los hijos de las internas pueden estar con ellas en el establecimiento de reclusión hasta la edad de tres años: “por ello el Inpec debe prestarles atención especial y, además, tiene que dispensar para cada uno el servicio de guardería”.

Actualmente hay ocho establecimientos de reclusión que tienen guardería, entre ellos El Buen Pastor (en Bogotá), Pedregal (en Medellín) y el Complejo Carcelario de Jamundí (en Valle del Cauca).

“Lo cierto es que las mujeres gestantes y lactantes de los centros penitenciaros –y sus hijos–, en general, tienen acceso a salud –con el pediatra y los cuidados prenatales y el ginecólogo–, en algunos casos tienen alimentación diferenciada, y también acceso a espacios de guardería, donde los niños pasan buena parte del tiempo. Sin embargo, aún hay ciertos niveles de limitación, como el acceso a pañales o a toallas higiénicas, o el uso de los espacios y su infraestructura: el niño, aunque no sea un interno, no deja de estar en una cárcel.», dice Liliana Sánchez: «Esos son retos importantes para el sistema penitenciario. Sin embargo, uno de los problemas más dramáticos es la separación de las madres de sus hijos cuando cumplen tres años… Las mujeres alegan que no reciben apoyo psicológico adecuado para manejar esta situación”.

La culpa es un lugar común. El policía de captura acusa a la mujer por no ser un “buen ejemplo para sus hijos”; el juez señala a la mujer por no actuar en pro de su familia, por no pensar en ellos y no hacerles daño; los guardianes les dicen que por qué hicieron eso, que si no pensaron en las consecuencias para sus hijos:

«La culpa la siento porque estoy lejos de mis hijos y porque mi abuela está sufriendo junto con ellos», dice Daniela.

La pregunta es: ¿los hombres también sienten esa culpa?

Algunos expertos en migración forzada hablan del continuum de violencia de las personas que sufren esta condición –los venezolanos o los haitianos que vienen a Colombia, por ejemplo–, y dicen que se debe entender el desarraigo como una sensación fundante que inicia cuando las personas dejan su país, y no después, cuando llegan a territorios ajenos.

En el caso de las mujeres, en general, y de las mujeres internas, en particular, esta “raíz” debería pensarse –tal vez– desde antes, desde el mismo nacimiento: desde el momento en que la obstetra dice: “Felicitaciones, es una mujer”.

Fuente: Extraido del espectador.co


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