El número de ciudadanos mexicanos que han intentado salir del país en busca de mejores oportunidades se disparó de una manera preocupante después de la pandemia. Con ello se cambió drásticamente el comportamiento del flujo migratorio observado en los trece años anteriores.
La emigración de mexicanos a los Estados Unidos alcanzó un flujo máximo (1.9 millones) entre los años del 2003 al 2007. Disminuyó a la mitad en los siguientes cinco años y, a partir del 2013 hasta el año 2020 se estabilizó en un rango anual de entre 150 y 160 mil personas. El Instituto Nacional de Migración reportó, el 12 de julio, que los “encuentros” -eufemismo oficial usado para las deportaciones- de mexicanos con la patrulla fronteriza estadounidense fueron 414,345 en el año 2021 y 560,574 hasta el mes de mayo de este año.
¿Cuáles son las causas de este repentino impulso masivo? ¿De qué estados de la república proviene la mayor presión por emigrar? ¿Cómo conocer los datos sociodemográficos de este fenómeno? Y lo más importante: ¿qué hacer para detener lo que en algunas regiones del país debe tener características de estampida?
El fenómeno de la migración ciertamente es complejo y no puede ser explicado únicamente por una causa. No sabemos con certeza qué parte del fenómeno reciente se debe al escaso crecimiento interno y el límite que le impone a la oferta laboral; a la presión ejercida por la incontenible violencia que viven amplias zonas del país; o a la demanda de empleo del otro lado de la frontera con sus salarios atractivos. No conocemos con exactitud las causas de lo que está sucediendo con la migración mexicana en los últimos dos años, pero si existe suficiente información de lo que ha sucedido en la última década. Es probable que la actual siga más o menos el mismo patrón, por lo que conviene poner sobre la mesa algunos datos al respecto.
Una tercera parte de los mexicanos que emigraron tienen su origen en localidades menores a 2,500 habitantes y que dos terceras partes lo hacen desde poblaciones con 100 mil habitantes o menos, no obstante que la Ciudad de México aparece en el quinto lugar entre las entidades con mayor expulsión. Casi la mitad de las personas que emigran están en un rango de edad de entre 18 y 29 años y una quinta parte, entre 30 y 49 años. Diez entidades federativas concentran la mitad de las personas que se fueron. Estas son en orden de importancia: Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca, Puebla, Chihuahua y Guerrero.
Existen corredores migratorios muy bien establecidos entre regiones de México y de los Estados Unidos. California es, con mucho, el destino favorito de los migrantes mexicanos, con el 30%; seguido de Texas con el 22%, Illinois con el 9 %, Florida y Nueva York, ambos con el 3,5%. No obstante, los estados mexicanos de Guanajuato, Veracruz y Chihuahua tienen como principal destino a Texas.
Los trabajadores migrantes mexicanos se emplean principalmente en la industria de la construcción y la minería (20%), en los negocios de esparcimiento y recreativos (14%), en la manufactura (13%), servicios profesionales y técnicos (12%), comercio (11%), agricultura (5.5%).
Por escolaridad los mexicanos que se van tienen, en su mayoría, un nivel educativo medio y básico. El 40% han cruzado hasta el bachillerato y el 35%, la secundaria o menos. El 15% son técnicos con nivel superior y el 11% tienen nivel profesional o posgrado. Un trabajador promedio con estudios de secundaria y bachillerato gana anualmente entre 30 y 37 mil dólares anuales; en tanto que un técnico superior está en 43 mil y un profesionista llega hasta los 69 mil dólares anuales.
El nivel de desempleo de los trabajadores migrantes en el país vecino fue severamente afectado durante la pandemia (superó ligeramente el 17%) y no ha recuperado el que tenía antes que era del 3.9%. En el 2021 fue del 8%. A pesar de lo anterior, los montos de remesas enviados a México, no dejaron de crecer, representando ya casi el cuatro por ciento del PIB, poco más del doble de los recursos que se ejercen en los programas sociales del gobierno federal. El nivel de dependencia del país respecto de este tipo de transferencias externas se antoja alto. El número de familias que reciben los envíos de sus familiares migrantes aumentó considerablemente en la última década. Actualmente, un millón ochocientas mil familias (5.1% del total) reciben transferencias del exterior. Hace diez años eran un millón cuarenta mil (el 3.6%). La mitad de los recursos enviados se destinan a poblaciones que tienen 15 mil habitantes o menos. Es mucho más preocupante cuando esta dependencia se observa a nivel de entidad federativa. Michoacán es el estado que registra la dependencia mayor de las remesas, con el 17% de su PIB, seguido de Guerrero, Oaxaca, Zacatecas y Nayarit, con 14, 13, 12, y 10, respectivamente. La exportación de trabajadores se ha convertido, con el tiempo, en uno de los puntales de estas economías regionales.
La información sobre el fenómeno migratorio es muy amplia y detallada y debería ser la base para diseñar programas y acciones de gobierno focalizadas en las comunidades expulsoras. El presidente de México ha sugerido una serie de medidas para disminuir los flujos migratorios provenientes de algunos países centroamericanos, pero: ¿tiene el gobierno mexicano un plan para atenuar este problema originado en el propio país? A juzgar por los resultados, los programas sociales impulsados por el actual gobierno no han tenido un efecto disuasor de la migración. Los paisanos se van ahora en mayor cantidad al norte de lo que lo hacían hasta hace apenas dos años. La excesiva dependencia de las remesas también lleva a la pregunta: ¿cómo afectaría la economía -y de manera específica a las regiones y familias más dependientes- una hipotética recesión severa en los Estados Unidos, que eleve nuevamente los niveles de desempleo de la población migrante? ¿Existe una idea de cómo enfrentar ese riesgo?
Nota: la información fue tomada del Anuario de Migración y Remesas 2021 elaborado por el FONAPO y la Fundación del banco BBVA.
Fuente: cronica.mx
