La muerte de Victoria Salazar Arraiza, salvadoreña, a manos de la policía en México, causa conmoción. Algunos comentaristas equiparan el caso al asesinato de George Floyd en Estados Unidos
El video que empezó a circular el domingo en la tarde por las redes sociales en México dura menos de un minuto. En él se ve la patrulla 9276 de la policía de Tulum y a cuatro efectivos sujetando a una mujer que solo consigue emitir unos gemidos. No opone resistencia, pero aun así un oficial se arrodilla sobre su espalda. Pocos segundos después, la mujer yace inerte en el piso, presuntamente asfixiada. Al poco tiempo trascendieron detalles: la víctima se llamaba Victoria Salazar Arraiza, era salvadoreña, tenía 36 años, una visa humanitaria y dos hijas menores de edad. La policía la arrestó aparentemente por escándalo en la vía pública, por insultar a pasantes y empleados de una tienda. El visible exceso de la fuerza que muchos comentaristas equiparan al asesinato de George Floyd en Estados Unidos, no es una excepción sino que refleja problemas profundos en los cuerpos de seguridad y la política migratoria, señalan representantes de organismos de derechos humanos y defensa de los migrantes a DW.
Discriminación y falta de capacitación
“Vemos un aumento de estos casos de abuso de la fuerza pública”, señala Laura Díaz de León, directora del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) a DW. “Son dos elementos que confluyen, uno es la discriminación y violencia en contra de los migrantes y otro la falta de capacitación de los policías y agentes del Instituto Nacional de Migración (INM)”. Díaz de León señala que los funcionarios de seguridad en México no suelen aplicar los protocolos existentes de uso de la fuerza en detenciones o en intervenciones en manifestaciones. “También lo vimos en noviembre del 2020, cuando los policías de Cancún, en lugar de acompañar una marcha contra feminicidios, disparan al aire y hacen acoso sexual.” En el caso de la muerte de la salvadoreña señala como agravante que los policías municipales y estatales no tienen facultades de detener a migrantes, lo que es únicamente atribución de la Policía Federal y de la Guardia Nacional.
Castigo solo en casos mediáticos
El gobierno mexicano condenó el asesinato luego de una protesta oficial del gobierno salvadoreño. En su conferencia mañanera del lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo sentir “vergüenza” y prometió que “no habrá impunidad”. Los policías fueron separados de su cargo y están bajo investigación, anunció la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Edgar Cortez, coordinador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), no duda que en este caso habrá castigo. Sin embargo, señala en entrevista con DW que “el problema es sistémico y aparte de casos muy mediáticos, no hay investigación y contención al interior de las instituciones y tampoco castigo por parte de la Fiscalía.”
Enumera casos recientes de abuso de la fuerza policial como el del mexicano Oliver López, asfixiado en Tijuana durante una detención, el de Alexander Martínez, un joven de 16 años que salió a hacer un mandado para su madre y fue ejecutado en Oaxaca por policías municipales o el del joven albañil Giovanni López, detenido, torturado y asesinado en Guadalajara. “En una reciente encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el 64% de las personas detenidas indicaron haber recibido maltrato por parte de los oficiales”, señala Cortez. Los organismos de derechos humanos han enviado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) una recopilación de casos graves en 2019 y 2020. “Sin embargo, no hemos tenido un pronunciamiento hasta ahora”, señala Cortez. La Presidenta de la CNDH es militante del partido gobernante Morena y ha recibido críticas por sus omisiones.
Entre policías, ladrones y cárteles
Para los migrantes, que en su mayoría vienen de Centroamérica, México es paso obligatorio en su intento de llegar a Estados Unidos. Después de una queda el año pasado debido al cierre de fronteras por la pandemia y la dura política migratoria de EEUU, la migración ha subido de nuevo este año. Desde enero hasta el 25 de marzo, el INM ha detenido a 34.993 migrantes, un aumento de casi el 28 por ciento comparado al año pasado.
La travesía nunca ha sido fácil. Si bien hay una red de albergues para migrantes y varias ONG dedicadas su apoyo y defensa, los peligros son muchos, apunta Díaz de León. “Aparte de los abusos por policías y autoridades, está el crimen común que los asalta y también el crimen organizado que los recluta forzosamente para sicarios y prostitución, o los secuestra para extorsionar a sus familias en Estados Unidos.”
La presión de Estados Unidos para que México frene la migración tampoco ayuda a mejorar el trato. De hecho, desde el tiempo de Donald Trump los migrantes se han convertido en “moneda de cambio”. Si el entonces presidente estadounidense amenazó con sanciones comerciales si México no detenía la migración, la actual Administración parece únicamente haber cambiado de incentivo: “Ahora me parece que Estados Unidos pide detener la migración a cambio de vacunas”, dice Díaz de León, aludiendo al reciente anuncio del gobierno estadounidense de enviar 2,5 millones de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca, producidas en territorio estadounidense y originalmente reservados para sus propios ciudadanos.
MIGRANTES EN LA FRONTERA DE ESTADOS UNIDOS: EN LA META Un test de coronavirus al ingresar Cualquier persona que venga a EE. UU. deberá primero hacerse un test de COVID-19. La entrada no depende del resultado, pero los inmigrantes que dan positivo deberán realizar una cuarentena. Según un comunicado de la Agencia de Gestión de Emergencias de Estados Unidos (FEMA), la incidencia de contagios entre los inmigrantes es casi un 6% inferior a la media de la población de Texas.- Fuente: Deutsche Welle
