Es complicado encontrar un tema más divisivo en la Unión Europea que la migración; hablamos casi de un tabú en unos tiempos además en los que se están rompiendo récords de llegadas a las costas de España o Italia, que son a su vez frontera europea. No hace falta irse demasiado lejos para empezar a ver la fractura que provoca este asunto sobre todo entre los Estados miembros, por mucho que la Comisión Europea haya puesto sobre la mesa propuestas para alcanzar el tan ansiado pacto común de migración y asilo. Ahora parece que ese acuerdo está más cerca, pero los flecos -o muros- que quedan por superar siguen siendo muy relevantes. ¿Por qué?

“La presidencia española es la última oportunidad porque llevamos años de muchas energías consumidas“, expuso el presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en el Parlamento Europeo, Juan Fernando López Aguilar, en una entrevista con 20minutos, asegurando que es un “ahora o nunca” para la UE, puesto que después llegan las elecciones europeas -en plena presidencia belga- y después será el turno de Hungría y Polonia en el Consejo, dos de los grandes baluartes antiinmigración en el bloque comunitario.

¿Qué hay ahora mismo en marcha? Un acercamiento casi inédito, con la conversación ya en la fase decisiva mientras la Comisión ha propuesto por ejemplo medidas como el endurecimiento de las penas a los traficantes de migrantes con el fin de reducir las llegadas. Tanto es así, que en los casos en los que haya muertos en el mar la condena será de hasta 15 años de cárcel. Según los datos del último Eurobarómetro, la migración es la décima preocupación de los ciudadanos, creciendo en importancia pero sin ser una de las prioridades. Esto es relevante sobre todo porque solo faltan seis meses para las elecciones europeas.

Tras el último Consejo de ministros del Interior, celebrado este martes, el balance fue bastante positivo y el titular español, Fernando Grande Marlaska, aseguró que el acuerdo “está cerca de cerrarse”, una vez que se pueda superar la fase de trílogo entre el Consejo, el Parlamento y la Comisión. “O se cierra ahora o será difícil que se haga en un futuro”, apuntó, antes de volver a ser muy claro en este sentido. “El desafío migratorio es un desafío que se va a mantener en el tiempo y por tal motivo somos conscientes que nos tenemos que dotar de un marco normativo que nos haga en ese sentido más fuertes para poder hacer frente a dicho desafío y mostrar algo muy importante en esta materia: la unidad de la Unión Europea”, concluyó.

Tan peliagudo ha sido que Bruselas ya ha pedido información al Gobierno italiano sobre lo firmado con Albania, que además es un país candidato a la adhesión a la UE. Estos centros se prevé que tengan capacidad de hasta 3.000 personas y estarán en marcha en la primavera de 2024. En ellos, sostuvo Meloni, se hará tareas tanto de atención como de control, y también parte de los trámites para las repatriaciones.

Hasta el ‘motor’ de Europa se ha vuelto más rotundo

Pero también Francia o Alemania han virado hacia posturas más rotundas, en parte incluso para frenar el auge de la derecha radical. En París están a vueltas con la polémica ley migratoria que ha lanzado el Gobierno de Emmanuel Macron. El Ejecutivo lo lidera la primera ministra Elisabeth Borne, pero esta norma viaja apadrinada por el ministro del Interior, Gerald Darmanin. El texto ya está siendo debatido en torno a una enorme polémica; en una especie de competición por el voto más conservador, Macron camina sobre terreno pantanoso bajo una mayoría parlamentaria que no es nada firme. La ley por la que apuesta el Elíseo endurece las medidas contra los extranjeros sin papeles, pero que a la vez favorece la integración de los inmigrantes, con una vinculación por ejemplo con el mercado laboral.

El Ejecutivo galo quiere suprimir las garantías contra la expulsión, en particular las aplicables a los extranjeros llegados a Francia antes de los 13 años, que hayan vivido aquí más de veinte años o más de diez y que sean cónyuges o padres de franceses. También pretende acelerar la tramitación de las solicitudes de asilo, simplificar los litigios administrativos relativos a los extranjeros y condicionar la concesión de un permiso de residencia plurianual a un nivel mínimo de francés. El equilibrio, no obstante, es complejo, porque también se prevé aumentar los días máximos de detención para las personas indocumentadas.

A la vez, el texto que debaten ahora los partidos pretende favorecer la regularización e integración de los inmigrantes que trabajan en sectores con escasez de mano de obra, como la construcción o la hostelería. Gobiernos de izquierda han regularizado dos veces a gran escala a los inmigrantes indocumentados. Fueron 130.000 en 1981 y 80.000 en 1998. Eso sí, las personas sin papeles perderán con esta norma facilidades en lo que a la asistencia sanitaria se refiere.

Fuente: 20minutos.es