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VIOLENCIA CONTRA MIGRANTES: “BÁJALE QUE AHORITA TE METO UN TIRO”

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Además de la violencia de los cárteles, que controlan redes de trata y tráfico de personas, los migrantes enfrentan la violencia institucional, reflejada a través de extorsiones y amenazas. En siete años, se acumulan más de 5 mil víctimas de delitos, de acuerdo con un informe oficial.

Por Áxel Chávez

delitos contra migrantesElementos de la Guardia Nacional se enfrentan a migrantes afuera de oficinas del Instituto Nacional de Migración en Chiapas. Foto: Cuartoscuro.com.

EMEEQUIS.– “No sigas chingando con lo mismo, hijo de tu puta madre, porque yo mismo me encargo de desaparecerte: te llevo a mi camioneta, te doy un balazo y te tiro”, advirtió el agente del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tamaulipas, un territorio hostil para el éxodo centroamericano, que busca llegar a Estados Unidos por la hambruna, la pobreza o la violencia en sus países.

El propio agente lo recalcó: cuando le dijo que le iba a meter un balazo, añadió, amenazante, “al cabo que es muy común que a la gente aquí, en Reynosa, los desaparezcan”.

Esta fue la amenaza que Randolfo, un migrante guatemalteco, recibió el 21 de mayo en la estación migratoria de aquella entidad fronteriza, donde estuvo hacinado e incomunicado, hasta que pudo contactar a una ONG local, la Asociación Internacional de Derechos Humanos (AIDHAC), por medio de la cual solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El testimonio es parte de un informe enviado al organismo a cargo de Rosario Piedra Ibarra, en el que, además, solicita que se documente por escrito, con fotografías y/o videograbaciones, las condiciones reales en que se encuentran los migrantes y sus familias en las estaciones, así como las posibles irregularidades en las que incurren mandos de seguridad y funcionarios del INM.

Por las amenazas, Randolfo se suma a los migrantes que, en su paso por México, han sido víctimas de un delito, los cuales sumaban 5 mil 144 desde enero de 2016 hasta abril de 2022, de acuerdo con un informe de la Secretaría de Gobernación (Segob). Los principales ilícitos denunciados reflejan la gravedad del problema: en primer lugar, tráfico de migrantes; en segundo, robo, y en tercero, los actos contra la libertad, entre los que se encuentran el secuestro de menores y otras formas de retención ilegal.

Randolfo acusó que la estación migratoria en la que fue detenido y la del puente internacional están sobrepobladas: “están muy llenas y las personas se encuentran hacinadas, en condiciones infrahumanas, y sin que se les permita salir al patio ni siquiera a tomar el sol; nos tienen prácticamente como criminales, sin poder ver la luz del día”.

Lo peor, añadió, es que en la del puente internacional hay menores de edad, que, como los adultos, viven bajo la amenaza de ser agredidos y, en la forma más extrema de violencia, asesinados o desaparecidos, en una entidad con antecedentes como la masacre de San Fernando, cometida por cartel de Los Zetas entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en el ejido de El Huizachal, en el municipio tamaulipeco de San Fernando, en la que 72 migrantes de diversos orígenes en tránsito por México con rumbo a los Estados Unidos fueron asesinados.

La Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho recabó testimonios que evidencian que en ese hecho “la policía presuntamente secuestró a las víctimas y las entregó al grupo criminal. Además, agentes no persiguieron a los criminales y los mantuvieron lejos del peligro de ser capturados”.

Migrantes centroamericanos en Chiapas esperan la llegada de agentes de migración para entregarse y ser trasladados a albergues de Oaxaca y Tabasco. Foto: Cuartoscuro.com.

AMENAZA ENCUBIERTA

Este antecedente lo conocen los migrantes que actualmente cruzan por el territorio nacional y, acusan, lo utilizan los policías y agentes de migración para intimidar, y como una amenaza encubierta de lo que puede pasarles si se resisten.

En el informe “Personas extranjeras en situación migratoria irregular que manifestaron haber sido víctimas de delito en territorio mexicano”, la Secretaría de Gobernación documenta que tan sólo de enero a abril hubo 596 víctimas provenientes de 14 países, 13 de América e islas del Caribe, y una más de Asia.

De los delitos que denunciaron, 219 están relacionados con tráfico de migrantes, 358 con robo y cinco con trata de personas. De este último, todas las posibles víctimas fueron mujeres.

Además, ocho denunciaron abuso de funciones por parte de servidores públicos, entre los cuales están policías y agentes de migración; además, tres extorsión o chantaje, una tentativa de homicidio y otra agresiones o amenazas.

Estas denuncias se suman a 4 mil 548 acumuladas entre 2016 y 2021, que incluye los dos últimos años de gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto y los primeros tres de su sucesor, Andrés Manuel López Obrador.

El año de transición de gobierno, 2018, fue, precisamente, en el que más delitos contra migrantes se denunciaron, mil 414 –949 víctimas hombres y 465 mujeres–, más del doble de los 701 de 2017.

De 2016 a 2021, el principal delito denunciado fue el tráfico de migrantes, con mil 497, seguido de mil 908 robos y 551 actos contra la libertad, entre los que están 450 secuestros y siete secuestros a menores.

En este periodo, la Segob también contabilizó 163 casos de personas que afirmaron haber sido víctimas de trata, 37 de violación sexual, 86 de actos que causan muerte o que tienen la intención de causar muerte, 24 de tentativa de homicidio intencional, dos de tortura, 55 de haber sido obligados a pagar sobornos a funcionarios o de abuso de funciones y 30 de agresiones o amenazas.

LA MAYORÍA DE LAS VÍCTIMAS, DE CENTROAMÉRICA

Para la activista afromexicana Gina Diédhiou, existen causas principales de la migración que se deben entender para disuadir la discriminación y la violencia en contra de las personas que transitan el territorio nacional: situaciones de hambre, de pobreza, de pobreza extrema, de destierro, porque muchas de estas familias huyen de sus comunidades por miedo, por guerras, por guerrillas, por genocidios históricos o por etnocidios.

 

En su trayecto, los migrantes están expuestos a cárteles, que controlan giros delictivos, pero también a violencia institucional, dice la activista Gina Diédhiou. Foto: Especial.

Los migrantes“son arrancados de su espacio, de sus casas, de sus territorios y salen con cualquier cosa en la mano, algunos con documentos, porque mucha gente les pone la etiqueta de indocumentados, pero otros sin ellos” en busca de oportunidades, algunos con persecuciones políticas o religiosas, o que vivieron catástrofes naturales que destruyeron su patrimonio.

“Está este desplazamiento forzado histórico que viene de Sudamérica y Centroamérica, que está vinculado incluso con el narcotráfico y con una serie de redes de trata de personas que orilla este tipo de explotación y de violencia generada a través de estos grupos organizados”, planteó.

Al atravesar el territorio, añadió, están expuestos a cárteles, que controlan giros delictivos por los cuales han violentado a migrantes, pero también a violencia institucional.

La cifra nacional de las víctimas de delitos en su paso por México también revela a poblaciones vulnerables. De enero a abril de este año, de las 596 víctimas, 539 eran de América Central –Nicaragua (248), Guatemala (135), Honduras (80), El Salvador (74), Costa Rica (1) y Panamá (1) –, y 43 de Islas del Caribe –Cuba (32), República Dominicana (10) y Haití (1) –.

En contraste, sólo hubo una víctima de América del Norte, un canadiense, y una de Asia, un ciudadano hindú.

En el histórico (2016-2021), los migrantes provenientes de Centroamérica también son los más agredidos, aunque también existen registros de víctimas de otras naciones como Jamaica, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Venezuela, Albania, Macedonia, Rumania, Bangladesh, India, Irak y Pakistán que denunciaron haber sido víctimas de algún delito.

Para Gina Diédhiou, instancias como la CNDH, el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (Conapred), así como las comisiones estatales de derechos humanos deben asumir una responsabilidad para la protección de las personas migrantes, porque son “quienes históricamente han hecho este ejercicio de seguir trabajando a favor de que la migración sea un derecho humano y sea legítimo el poder movilizarse en todo el país”.

“Ellos van a seguir movilizándose”, recalcó, además de advertir que mientras no se generaren mecanismos ni protocolos de protección, no se inhibirán los actos de discriminación y violencia.

En el caso de Randolfo, tras la amenaza de muerte el migrante guatemalteco también pidió a la CNDH, a través del oficio, que de considerarlo necesario deberán auxiliarse de psicólogos para que valoren los posibles daños psicológicos derivados de las condiciones de internamiento y/o alojamiento en la que permanecen quienes están en las estaciones migratorias.

Asimismo, verificar el trato que reciben de los funcionarios, además de pedir un informe sobre el protocolo que aplican tanto los policías federales que están en la caseta de entrada de las estaciones como por el personal del jurídico y administrativo del Instituto Nacional de Migración, a quienes también señala por posible uso indebido de funciones, amenazas y malos tratos.

Fuente: m-x.com.mx


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