Vista del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche en Madrid. (Alberto Ortega / Europa Press)
Un nuevo informe del Servicio Jesuita a Migrantes indica que en 2023 hubo 2.085 personas en situación administrativa irregular internadas en estos centros y denuncia el “trato hostil” que reciben por parte de la Administración
donde los internos, a pesar de no estar detenidos, viven bajo condiciones de reclusión y “sufren vulneraciones de derechos”.
Bajo el título Internamiento muteado, el informe muestra historias como la Younes, un joven marroquí internado en el CIE de Valencia que sufrió malos tratos y agresiones por parte de dos policías que lo sacaron de su celda a la fuerza, “dándole patadas y puñetazos porque se levantaba tarde” y, aunque trató de pedir ayuda a la Cruz Roja para identificar a los agentes y denunciarlos, “no encontró a los técnicos”. El hombre presentó una denuncia ante el juzgado de control, pero los policías “no le permitieron acudir al servicio médico” para documentar lo sucedido y no dejaron de hostigarle a través de insultos y amenazas. Finalmente, una noche fue expulsado por vía aérea “sin previo aviso ni posibilidad de defenderse”.
A partir de la pandemia descienden los internamientos
Cabe destacar que desde 2009 y hasta 2023, un total de 116.085 migrantes en situación irregular han estado internados en los CIE. Y es a partir de 2020, tras la pandemia, cuando empieza a descender notablemente el número de ingresos, debido a que los centros quedaron inactivos durante 6 meses y se empezaron a realizar obras de reforma en algunos de ellos. A partir de ahí, las cifras de internos se han mantenido bajas no solo por las obras, indica el informe, sino también porque se recurre menos al internamiento “como medida cautelar en procedimientos de expulsión y devolución”, si bien es “difícil anticipar si esa tendencia continuará una vez finalicen todas las obras de reforma y que sea operativo el nuevo CIE de Algeciras-Botafuegos”.
Cabe recordar que las personas migrantes pueden permanecer un máximo de 60 días en los CIE, un periodo de tiempo en el que normalmente son deportadas a sus países de origen, si bien el informe indica que de media suelen permanecer un mes. De hecho, en 2023 un 54,8% de las salidas de los CIE fueron por ejecución de la repatriación forzosa (1.120), el 42,5% por libertad (870), y el 2,5% por otras causas (53).
Ese total de 2.085 personas internadas durante 2023 es una cifra ligeramente menor a la de 2022, donde fueron internadas 2.276, aunque el número de mujeres ha sido más elevado en comparación con las 44 anteriores. En ese sentido, el informe señala que las entidades de la sociedad civil que visitan los módulos de mujeres han alertado sobre la complejidad que presentan sus perfiles, el ejercicio de la prostitución en algunas de ellas y el temor a que sean objeto de trata. Asimismo recuerdan que los CIE también encierran a personas necesitadas de protección.
El estudio también aclara que en 2023 “solo se practicaron pruebas de determinación de la edad a 1 joven en el CIE de Murcia y a 9 jóvenes en el de Valencia”, siendo identificados en este último centro 2 menores.
Por otro lado, si bien el Ministerio del Interior publica la cifra provisional de 877 solicitudes de protección internacional cursadas en los CIE en 2023, algo menos que las 909 de 2022, el informe precisa que el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska “no proporciona la cifra de solicitudes admitidas a trámite y, mucho menos, cuántas de ellas obtienen una resolución favorable”. Asimismo, recuerda que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura publicó en 2022 que las cifras de solicitudes de protección presentadas en los CIE y admitidas a trámite fueron 68 de un total de 1.118, lo que equivale solo al 6%.
Trayectorias con arraigo
El informe también destaca que 1.488 internamientos tuvieron causa de expulsión (71,3%), 557 de devolución (26,7%) y 40 de salida obligatoria (1,9%), además de que muchas personas internadas tenían procedimientos de expulsión “cualificados” por la posesión de antecedentes penales o policiales. En cualquier caso, la mayoría presentaba perfiles muy complejos, con arraigo, es decir, llevaban años en España y algunas incluso habían crecido aquí y temían ser expulsadas a un país del que tenían poco más que un pasaporte.
Solo un 29,7% de las 3.091 expulsiones ejecutadas fueron desde CIE (919), así como solo un 33,67% de las 597 devoluciones y salidas obligatorias (201).
Los equipos de visita del Servicio Jesuita a Migrantes también han constatado que existe un amplio abanico amplio de nacionalidades en los CIE, pues proceden de países como Albania, Argelia, Argentina, Armenia, Bolivia, Brasil, Bulgaria, Chile, China, Croacia, Cuba, Ecuador, Filipinas, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Marruecos, Moldavia, Nigeria, Pakistán, Rumanía, Sahara Occidental, Senegal, Sierra Leona o Túnez, si bien el grupo más numeroso en todos los centros es el marroquí.
El informe también recuerda que en algunos CIE se siguen poniendo “trabas a las visitas de las entidades de la sociedad civil, de la capellanía y a la orientación jurídica de Extranjería”, y denuncia la falta de privacidad en las consultas médicas y en las visitas. Además, concluyen, urge reformar los servicios médicos-sanitarios de estos centros.
Fuente: Infobae