Colombia es el octavo país con más capturas de migrantes en Estados Unidos. FOTO:
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) alerta por la ausencia del Estado en las fronteras con Ecuador y Panamá, a través de El Darién.
El crimen organizado tiene bajo control el flujo migratorio que pasa por Colombia, tanto en la frontera con Ecuador como en el paso a través de la selva del Darién, ante un Estado “ausente” en ambas zonas, señala el último informe de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
La investigación refleja un panorama preocupante ya que según esta, el Gobierno Nacional no está haciendo suficiente para gestionar los flujos de migración, determinar quién pasa o proteger a las personas en situación de vulnerabilidad.
“Desde los cruces informales o trochas en la frontera con Ecuador hasta cada paso del camino a través de la selva del Darién a Panamá, son controlados por grupos criminales”, dice el documento publicado el pasado 20 de junio.
En El Darién, el Clan del Golfo es la estructura que mantiene el monopolio de la actividad ilícita sin un verdadero competidor. Con dicho control, que incluye el transporte en barco, la organización obtiene entre 160 y 400 dólares estadounidenses por persona. De hecho, el informe indica que las ganancias que extraen de las personas migrantes son actualmente, junto con la cocaína y la extracción ilícita de metales preciosos, la principal fuente de ingresos de los grupos armados y criminales de Colombia.
Imagen del tapón del Darién. FOTO:
“Es difícil cruzar el país e imposible tomar la ruta terrestre del Tapón del Darién, sin permiso pagado de grupos del crimen organizado”, subraya WOLA.
En el 2023, 520.085 personas cruzaron el Darién, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). De estas, 328.650 fueron venezolanas (el 63 por ciento), 57.250 ecuatorianas (el 11 por ciento), 46.422 haitianas (el 9 por ciento), 25.565 chinas (el 5 por ciento), 18.841 colombianas (4 por ciento) y 43.357 otros (8 por ciento).
En la frontera con Ecuador, en cambio, el crimen organizado tiene presencia más dispersa. La gente pasa más de 110 cruces fronterizos irregulares, cada uno controlado por uno de varios grupos armados, algunos influyentes a nivel nacional, como las disidencias de las Farc, o el Tren de Aragua, un sistema criminal de rápido crecimiento con base en Venezuela. Otros grupos son pequeñas bandas cuya influencia apenas se extiende más allá de sus municipios de origen. “Si el Darién es un cuello de botella, la frontera suroeste de Colombia es casi que un tamiz, lo que hace que la migración sea menos visible dispersándolo geográficamente”.
De acuerdo con WOLA, aproximadamente 500 venezolanos por día migran hacia el sur, hacia Ecuador, buscando establecerse en otros lugares de América del Sur o como parte de un movimiento “pendular” de migrantes que van de país en país buscando ingresos y seguridad alimentaria.
Un número mayor, alrededor de 600 por día, están migrando al norte de Colombia: unos pocos para mudarse a Colombia, algunos buscan regresar a Venezuela, y muchos se dirigieron al Darién y, esperan, por consiguiente, a Estados Unidos.
En Panamá, los migrantes son atendidos por equipos de Médicos Sin Fronteras. En junio, ese país registró 11.000 migrantes llegados desde la selva del Darién. FOTO:
Un Estado sin presencia
Para explicar la ausencia del Estado y su responsabilidad en la problemática, la WOLA indica que, en todos los niveles de gobierno, los organismos responsables están mal coordinados. “Los puntos de control, patrullas y detenciones son poco frecuentes, así como los servicios humanitarios y el acceso a la protección. A pesar de los ambiciosos planes para “fortalecer al estado” en zonas de conflicto —el más reciente, siendo el acuerdo de paz de Colombia de 2016—, en los puntos clave a lo largo de la ruta migratoria hay un vacío estatal que es llenado por grupos armados y grupos criminales”.
Acandí, municipio al otro lado del Golfo de Necoclí donde comienza la ruta terrestre del Tapón del Darién, tiene un total de 20 policías para patrullar sus 600 metros cuadrados, “aunque los agentes rara vez abandonan las ciudades para aventurarse en el campo”.
Cerca de la frontera con Ecuador, la ONG sostiene que, de acuerdo con sus observaciones y testimonios recolectados, las autoridades colocan puntos de control poco frecuentes en la carretera.
Sobre Migración Colombia, el informe apunta que esta entidad avanza lentamente hacia el aumento su presencia en Urabá, como lo demuestra la nueva Oficina respaldada por Estados Unidos en Necoclí. A lo largo de la frontera con Ecuador, la agencia está poniendo en marcha planes para mejorar su cobertura de las trochas, algo que “que requeriría un nivel de coordinación con el Ministerio de Defensa y otros ministerios”.
Refugiados de Venezuela: trayectoria “preocupante” del Gobierno y mensaje confuso desde EE.UU.
Durante el primer trimestre de 2024, Colombia contabilizó 123.441 migrantes transitando el territorio nacional. De ese número el 53,9 por ciento ingresó al país a través de su frontera con Venezuela y el 45,6 por ciento a través de su frontera con Ecuador.
Sobre abordaje del flujo de migrantes y refugiados del país venezolano, el informe tuvo conclusiones duras contra el gobierno del presidente Gustavo Petro. Si bien, dice, la respuesta humanitaria de Colombia para las personas venezolanas forzadas a huir sigue siendo más completa y generosa que la de la gran parte de Sudamérica, actualmente es más difícil para los venezolanos —especialmente los recién llegadas— obtener documentación y acceder a servicios en Colombia.
“Las vías para obtener la residencia permanente, incluido el asilo, son muy escasas. Dado el retraso en estos procesos y la dificultad en integrarse, hay más que se embarcan en el peligroso viaje hacia el norte”, comenta la ONG.
Esta realidad tiene un impacto diferenciado y más grave en mujeres adultas, que son más de una cuarta parte de las personas que transitan por Colombia, o que buscan instalarse en el país — especialmente mujeres cabeza de familia— y otra cuarta parte correspondiente a la población infantil. “El riesgo de sufrir daños físicos, incluida la violencia sexual, o de padecer hambre o falta de acceso a la atención médica, es mucho mayor para las mujeres, las personas migrantes negras, indígenas y LGBTQ+”.
Al mismo tiempo, WOLA puntualiza que si bien Estados Unidos ha apoyado iniciativas para ayudar a Colombia a integrar a las personas migrantes, abrir vías legales de migración para los que desean llegar a Estados Unidos y fomentar una mayor cooperación, el gobierno estadounidense orienta gran parte de sus políticas y sus programas de seguridad a minimizar el flujo migratorio y a desalentar a Colombia y a otros estados de organizar el trayecto de una mejor manera, por preocupación de que esto incentive a más personas a viajar.
“Como resultado, los gobiernos y las personas migrantes reciben un mensaje confuso y poco claro de Washington que, en el caso de las personas migrantes, pueden verse abrumadas por información incorrecta obtenida en las redes sociales”, señala el documento.
En los pasos fronterizos, como este del puente Simón Bolívar (Cúcuta), hay optimismo por el anunciado restablecimiento de las relaciones con Venezuela. FOTO:
Corredores humanitarios, la recomendación
Al final, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos plantea una serie de recomendaciones para plantar cara a los desafíos de la migración. Uno de estos tiene que ver con la facilitación de corredores humanitarios alternativos, con presencia estatal fuerte y consistente y registro de todas las personas migrantes, y para aquellas personas que decidan proseguir el viaje terrestre a pesar de otras medidas.
“Como parte de ese corredor, se debe considerar seriamente los planes anunciados de reducir el control del Clan del Golfo mediante la construcción de una carretera —hecha de adoquín, para minimizar el impacto ambiental— desde Acandí hasta la frontera con Panamá. Esta carretera tendría una presencia estatal permanente, lo que permitiría al estado colombiano tener un mayor control sobre el flujo de personas”, dice el informe.
Por otro lado, se sugiere un esfuerzo masivo para consolidar la presencia del Estado las zonas que componen las rutas migratorias. De hecho, se asocia como solución o ruta la implementación del capítulo de la reforma rural integral del acuerdo de paz de 2016 entre el Gobierno y la desmovilizada guerrilla de las Farc, en el que se prioriza 170 de los 1.100 municipios o veredas de Colombia como territorios en los que el gobierno invertiría miles de millones de dólares para establecer presencia estatal, esfuerzo denominado “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial” o PDET.
“La mayor parte de la frontera entre Colombia y Ecuador, y toda la frontera entre Colombia y Panamá, está conformada por municipios PDET”.
Asimismo, se recomienda abrir vías legales de immigración para aproximadamente medio millón de personas que no están cubiertas por programas anteriores y que ahora permanecen en situación irregular en Colombia. De igual manera ampliar las vías legales de traslado a Estados Unidos.
J UAN PABLO PENAGOS RAMIREZ
Fuente: eltiempo.
