Arturo Rojas
Especialistas advierten que autoridades mexicanas han sido rebasadas por la problemática. En 2020, la pandemia de Covid-19 y el cierre de fronteras, limitó significativamente el tráfico de personas.
Según datos de la solicitud de información número 330024624000938, la Fiscalía General de la República (FGR) tiene registros de que, de 2017 a febrero del 2024, se contabilizan 77,167 migrantes que han sido víctimas de trata. De este total, el 91.15% (70,345) corresponden a casos ocurridos entre 2019 y el segundo mes del año en curso.
En este periodo de tiempo, según la FGR, el 2022 es el año con el mayor número de migrantes víctimas ha registrado la autoridad, con un total de 20,931 personas.
Detrás, con 17,914 estuvo el 2021; en 2023, la suma fue de 12,943; para 2019, la cifra se ubicó en 10,394, mientras que, en 2020, las víctimas fueron 4,006.
Por otro lado, en los primeros dos meses del año en curso, la cantidad de víctimas fue de 4,157.
Investigaciones abiertas
En la respuesta a la solicitud de información también se indicó que el total de carpetas de investigación iniciadas por hechos que la ley considera como delito de tráfico de migrantes es de 7,684, entre 2017 y febrero de 2024.
Al igual que en el caso de las víctimas, entre 2019 y el primer bimestre de este año, correspondiente a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, se han iniciado la mayoría de estas en el periodo de tiempo indicado con un total de 6,453 (83.97%).
Sin embargo, en 2023, último año completo, la cantidad de estos trámites por el delito de tráfico de personas fue de 992, lo que significó una disminución del 39.17%, en comparación a las 1,631 carpetas iniciadas a lo largo de 2022. Por otro lado, en los dos primeros meses del 2024, la cantidad únicamente es de 174.
Mientras que, el año con más carpetas iniciadas, desde 2017, es el 2021, en el que se sumaron 1,660 indagatorias.
Actividad redituable para el crimen
Ante estas cifras, especialistas manifestaron la complejidad de esta problemática en México que, debido a que es una actividad redituable para los grupos de la delincuencia organizada, va en aumento.
“Es que (el tráfico de migrantes) es menos peligroso, es menos riesgoso y son ganancias menos riesgosas el traficar con personas que traficar drogas”, ejemplificó Gerardo Rodríguez, maestro del Departamento de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas Puebla.
Rodríguez Sánchez Lara comentó que, en 2020, la pandemia de Covid-19 y el cierre de fronteras, limitó significativamente el tráfico de personas.
Sin embargo, en 2021 y 2022, las organizaciones criminales reanudaron sus actividades, adaptándose rápidamente a las nuevas circunstancias.
En lo referente a las carpetas de investigación, el experto mencionó que, bajo la administración de Enrique Peña Nieto, “no hubo un interés real por poner atención a este fenómeno”.
Sin embargo, en contraste, en 2019, al inicio del mandato de López Obrador el aumento se debió a “el compromiso de esta administración con el acuerdo no escrito con el presidente (de Estados Unidos) Donald Trump (…) y se vio la presión de Estados Unidos”, detalló.
Por su parte, Vicente Sánchez, investigador del Colegio de la Frontera, explicó que el número de migrantes y las cifra de víctimas sugiere que podría existir un subregistro de casos ya que, los que sí se reportan, son por situaciones incidentales y no como resultado de investigaciones sistemáticas por parte de las autoridades.
El experto mencionó que el tráfico de personas ha evolucionado y ahora es controlado predominantemente por el crimen organizado, lo que llevó a la desaparición del pollero clásico.
Incapacidad de autoridades mexicanas
Los especialistas entrevistados indicaron que, para atender este problema, las autoridades mexicanas han sido rebasadas.
(Las autoridades) no han mostrado las capacidades realmente de poder tener un control real y efectivo sobre esa población (migrantes), y quienes vienen con ese tipo de trato ligado pues al negocio del tráfico de personas”, detalló Vicente Sánchez.
También, sugirió que México necesita una política exterior más activa y recursos adicionales para mejorar el trato y la protección de los migrantes.
Mientras que Gerardo Rodríguez enfatizó la necesidad de una mayor coordinación entre la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República para combatir el lavado de dinero vinculado al tráfico de personas.
Fuente: eleconomista.mx
