Se sienten bien recibidos y tienen residencia permanente, pero siguen sin obtener respuesta a su solicitud de refugio: durante el gobierno de Alberto Fernández esos trámites estuvieron “congelados” y, en medio de la conflictividad interna, considera que no es una prioridad para el de Javier Milei.
Cada 90 días Lobo debe presentarse ante la Comisión Nacional para los Refugiados (Conare) para sellar sus documentos y mantener actualizada su información. También debe notificar y solicitar permiso en caso de que deba viajar a otro país, una situación que, sostiene, viven unos 4.000 venezolanos en Argentina.
Según cifras de la Conare presentadas por solicitud del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), en Argentina, entre 2018 y 2022 hubo 6.272 solicitudes de refugio de venezolanos de las que solo 314 han sido reconocidas. En 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri fue fueron aprobados 294 casos, la mayor cifra en ese período.
Para el 13 de mayo de 2024, del total de solicitudes que se encontraban pendientes por resolución por parte de la Conare, 4.670 estaban en condición de iniciar procedimiento de caducidad, por “falta de impulso procesal de su titular”.
Si bien se desconocen las causas, es posible que se atribuya a la ausencia de avances de las entrevistas, expone un trabajo elaborado por CADAL y Promedehum, una organización sin fines de lucro que defiende, educa y promueve los DDHH, con énfasis en la libertad de reunión y asociación pacífica fundada por Lobo.
Para el activista, los refugiados, a diferencia de los migrantes, no están en la agenda de los gobiernos ni de muchas organizaciones y afirma que, al no haber respuestas, especialmente, en casos en los que no existen plazos preestablecidos respecto a las resoluciones de los casos, hay una revictimización.
