Por Arturo Rojas
Un informe de organizaciones civiles reportó que, en el caso del incendio de la Estación Migratoria de Juárez, el Estado mexicano no ha otorgado la suficiente ayuda a las familias afectadas.
Durante y después del incendio en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) en Ciudad Juárez, que cobró la vida de 40 migrantes y dejó a 27 gravemente heridos, organización civiles han documentado violaciones graves a derechos humanos.
En el Informe “No nos dejen morir aquí”, presentado por la Fundación para la Justicia (FJEDD), el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA), Asylum Access México y la Clínica Jurídica para Personas Refugiadas Alaíde Foppa, se reportaron detenciones arbitrarias, desaparición forzada de corta duración, tortura y malos tratos contra migrantes.
Además, en el documento se indicó que este incidente, ocurrido en marzo de 2023, no fue un hecho aislado, pues se documentaron 14 incendios previos en instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), ocurridos entre enero de 2019 y marzo de 2023 en distintos puntos de Baja California, Oaxaca, Coahuila, Chihuahua, Tabasco, Veracruz, Chiapas y Puebla.
“Nos dimos cuenta que quienes entraban a esa cárcel, porque no se le puede llamar de otra manera, se enfrentaban a condiciones atroces. En primer momento consideramos que se presenta una potencial situación de desaparición forzada, en corta duración, porque quienes entran a las estancias migratorias muchas veces quedan en el olvido, sus familiares no son notificados, el personal funcional no es notificado.
“(También), nos dimos cuenta que al interior de la estancia no existían las condiciones necesarias para que los migrantes pudieran tener un resguardo, ni siquiera les voy a decir cómodo, solamente cumpliendo con los estándares mínimos de protección civil”, dijo Jerónimo del Río, investigador de la FJEDD, durante la presentación de la investigación.
Manejo de cuerpos
Otro aspecto que fue calificado como crítico fue el manejo de los cuerpos de las personas fallecidas. Según las organizaciones, el proceso de repatriación, aunque iniciado con esfuerzos conjuntos entre el Estado mexicano y los consulados de los países de origen, enfrentó obstáculos logísticos y emocionales.
El informe también señaló una falta de acción por parte de las autoridades mexicanas en la investigación y persecución de los responsables, así como en la reparación integral del daño a las víctimas y sus familias. Se indicó que, a pesar de solicitar su destitución, Francisco Garduño, comisionado del INM, sigue en su cargo aun con las acusaciones en su contra.
Fuente: eleconomista.mx
