La agencia europea de control de fronteras dispara su presupuesto con más de 2.000 millones en cuatro años. La partida para retornos se dispara mientras que los fondos para su Oficina de Derechos Fundamentales no llegan al 0,5% a pesar de los numerosos escándalos de la agencia por amparar prácticas violentas e ilegales contra migrantes y refugiados.
JAIRO VARGAS MARTÍN
La inversión europea en la vigilancia y control de sus fronteras sigue creciendo de forma exponencial. En solo cuatro años, de 2019 a 2022, la partida presupuestaria de Frontex, la agencia europea de control de fronteras, suma más de 2.000 millones de euros. El presupuesto de 2022 rebasó los 750 millones, el más elevado de la historia de esta agencia que nació en 2004 con un modesto presupuesto de poco más de seis millones de euros para 2005.
Desde entonces, Frontex ha crecido mucho y muy rápido. Es la “agencia de la UE de más rápido crecimiento”, se jacta en su propia página web. No solo en presupuesto, sino también en personal, equipamiento, operaciones y funciones, entre las que destaca una preocupación cada vez mayor por la deportación de personas migrantes. En 2020 destinó a operativos de devolución 46 veces más dinero que a garantizar los derechos fundamentales de los migrantes retornados.
La lucha contra la inmigración irregular acapara cada vez más recursos, aunque los resultados no terminen de llegar y, por el camino, Frontex practique o ampare prácticas ilegales que vulneran los derechos humanos de migrantes y refugiados. Este fue uno de los grandes escándalos que sacudió a la agencia en 2021 y que obligaron a dimitir a su entonces director, Fabrice Leggeri, acorralado junto a la cúpula de Frontex por una investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) por presuntas irregularidades desde finales de 2020. Según varias investigaciones de grandes medios internacionales, los afectivos de Frontex estuvieron implicado en las devoluciones ilegales de casi 960 solicitantes de asilo, abandonados en precarias embarcaciones hinchables por la Guardia Costera griega en el mar Egeo.
Según este análisis, el gran impulso de la UE a su agencia de fronteras comenzó en 2018. Desde ese año y hasta 2022, Frontex ha recibido casi 2.400 millones de los 3.770 millones que ha costado desde su fundación. O lo que es lo mismo: en los últimos cinco años, Frontex ha recibido el 63% de todo el dinero que la Comisión Europea y los Estados miembros han destinado a la agencia en sus dos década de vida.
En qué se gasta el dinero este guardián europeo es difícil de saber con precisión, apunta este trabajo. Su presupuesto de 2020 apenas consta de cinco páginas sin demasiado detalle, a pesar de que ese año –el último del que hay datos desglosados– consumió casi 460 millones de euros.
El grueso de los costes se va en las diferentes operaciones –propias o cooperativas– de vigilancia aérea, marítima y terrestre; entrenamientos e investigación. En 2020, destinó a estas tareas 327,6 millones, el 71% de su presupuesto.
Gran aumento de presupuesto para deportaciones
La segunda partida más abultada es la destinada a la política de deportaciones de migrantes o retornos voluntarios, una de las nuevas prioridades de la UE. En 2020, Frontex reservó 69 millones para el Centro Europeo para el Retorno, que da apoyo operativo, técnico y financiero a los Estados miembros o a terceros países para llevar a cabo expulsiones de migrantes irregulares. Era el 21% de todo su presupuesto anual.
El informe destaca el enorme crecimiento de esta partida, que era inexistente en 2015. En 2018, el dinero de Frontex para tareas de retorno ya aumentó hasta 47,8 millones, creció hasta los 59,4 en 2019 hasta sumar otros diez millones en 2020. En las cuentas de 2021 y 2022 aún no están desglosadas estas partidas, aunque Frontex participó en la deportación de 24 850 migrantes irregulares en 2022 y 18.300 en 2021.
Ambas fueron cifras récord en sus respectivos años, aunque representan un reducido porcentaje del total de personas llegadas de forma irregular a la UE. En 2022, los retornos de migrantes apenas superaban el 8% de las más de 300.000 personas que llegaron, mientras que en 2021 se deportó al 9% de los menos de 200.000 migrantes que cruzaron a la UE irregularmente. Se trata de operación poco transparentes, según denuncian los autores del informe, en las que es imposible certificar que se hayan respetado los derechos fundamentales de los expulsados.
Por otra parte, las misiones de la agencia incurren, en opinión de numerosas organizaciones, en “expulsiones colectivas prohibidas por el artículo 4 del Protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos”. El informe recuerda que las expulsiones colectivas solo pueden llevarse a cabo si previamente se ha realizado un examen individual de cada solicitud de asilo.
Solo 1,5 millones para la Oficina de Derechos Fundamentales
El crecimiento exponencial de Frontex y su despliegue en aguas y fronteras europeas han ido aparejado de un aumento de las denuncias de prácticas ilegales que vulnerarían derechos básicos de migrantes y solicitantes de asilo. Ante el clamor mediático y de numerosas organizaciones de derechos humanos, en 2018 se creó la Oficina de Derechos Fundamentales (FRO, por sus siglas en inglés), que empezó a operar en 2019.
“La propia FRO reconoce serias limitaciones a la hora de ejercer su mandato”, advierten
La misión de la FRO es investigar y analizar de forma independiente las actividades de Frontex, incluso con visitas en terreno, para detectar riesgos o, directamente, violaciones de derechos cometidas por la agencia. Sin embargo, el presupuesto de esta oficina es irrisorio comparado con cualquiera de las diferentes partidas. En 2018, el presupuesto para la FRO representó el 0,17% del total, subió al 0,21% en 2019 y hasta 0,31% en 2020.
Apenas cuenta con un millón de euros para fiscalizar las actividades de una plantilla de más de 5.000 agentes que, en 2027, se espera que llegue a los 10.000, ya “con capacidad de usar la fuerza y de tener y usar armas de fuego“, advertía Koldobike Velasco Vázquez, de la campaña Abolish Frontex y la Red Canaria por los Derechos de las Personas Migrantes, durante la presentación de informe en La Palmas de Gran canaria este jueves.
Según recuerda este informe, “la propia Oficina de Derechos Fundamentales reconoce serias limitaciones a la hora de ejercer su mandato, encuentra dificultades en el acceso a todas las áreas y actividades desempeñadas por Frontex, afirma disponer de acceso insuficiente a documentos operacionales; así como la imposibilidad de entrevistarse con las personas migrantes y con el personal de Frontex situado en determinadas áreas operacionales sin la presencia de autoridades nacionales”.
Entre los ejemplos de “deficiencias” en cuanto a la fiscalización de Frontex, el informe destaca que en 2021 se contrató únicamente a tres observadores monitorear las operaciones de retorno en las que Frontex participaba. Pudieron supervisar 18 operaciones de ellas, aunque no se el número total de operativos. En 2022, en cambio, la agencia informó de 136 operaciones de retorno forzoso de las que “104 contaban con supervisores a bordo”, aunque no está claro el perfil de esos observadores.
Esta falta de control también afecta a las actividades de Frontex en España, donde participa en las operaciones Indalo, Hera y Minerva. En concreto, la operación Indalo ha pasado de contar con 69 oficiales de Frontex desplegados a 257 en 2021, y su presupuesto creció un 118,5% entre 2017 y 2018, señala el informe. En 2019 se incorporan por primera vez medios navales y aéreos de las Fuerzas Armadas españolas, lo que consolida, a juicio de los expertos, una “militarización de la cuestión migratoria”. Desde 2021, Frontex también está desplegado en Canarias, actual epicentro de la mayor crisis migratoria.v
Fuente: publico.es
