Este intercambio de información permitirá la atención y garantía de derechos de las personas migrantes
Durante dos días, 18 defensores estuvieron reunidos en Cartagena para definir una ruta de atención conjunta para garantizar los derechos humanos de la población migrante.
En una declaración conjunta, los funcionarios acordaron el intercambio de información para crear un censo migratorio que permita abordar esta problemática con un enfoque humanitario. Definieron 10 puntos claves en la hoja de ruta que implementarán de ahora en adelante.
Trabajar conjuntamente en estrategias regionales y estatales de prevención, detección y atención especializada de los migrantes que han sido víctimas de violencia sexual, trabajo infantil, trata de personas, tráfico, explotación laboral y otras formas de abuso
Impulsar de manera coordinada medidas humanitarias concretas con el propósito de superar las situaciones o factores de riesgo en las zonas más peligrosas, con un enfoque de protección integral de la infancia y la adolescencia, en especial la no acompañada, y procurando siempre la reunificación familiar. Igualmente, promover la protección de niñas, las adolescentes, las jóvenes, mujeres gestantes y madres lactantes, así como personas mayores y personas con discapacidad.
- Establecer como principio rector de toda actuación defensorial el derecho a un trato igualitario y sin discriminación, que permita, desde un enfoque interseccional, comprender los efectos diferenciados de la migración en todos los grupos de personas migrantes, especialmente en niños, niñas adolescentes, mujeres, personas con orientación sexual e identidad de género diversa, personas pertenecientes a comunidades étnicas, personas con discapacidad y adultos mayores.
Incidir en los Estados a desarrollar e implementar procesos de regularización migratoria a efectos de garantizar el ejercicio de otros derechos consecuente, como el acceso a la salud, la educación, el trabajo, entre otros. Convocar una reunión de la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (RINDHCA), para discutir este asunto, basados en su mandato de defender los derechos humanos, y formular planes de acción concretos, con resultados y evaluaciones de impacto, haciendo uso del Protocolo de Actuación de la Federación Iberoamericana del Ombudsman para la Protección de las personas en Contexto de Migración.
Avanzar fehacientemente en la atención de las causas estructurales de la migración, con el propósito de promover y contribuir a implementar el desarrollo sostenible, inclusivo y equitativo, que conduzca a lograr un sistema regional de bienestar y justicia económica, social y ambiental.
Hacer un llamado contundente a nuestros Gobiernos para que se fortalezcan las medidas para implementar el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que reconoce la naturaleza transnacional y multidimensional de este fenómeno, a través de acciones concretas y basadas en el respeto de los Derechos Humanos de las personas migrantes y refugiadas con especial énfasis en las poblaciones más vulnerables como niños, niñas y adolescentes.
Estas acciones se deben traducir en resultados visibles que mejoren sustancialmente la situación de los migrantes y refugiados desde el origen durante el tránsito y en el destino. Debiendo además generar condiciones dignas y seguras para los migrantes que retornen a sus países de origen.
Invitar a la comunidad internacional para reforzar su apoyo a la labor que realizan las Defensorías del Pueblo en la defensa de los derechos de las persona migrantes, retornadas y refugiadas, en función de la magnitud de este fenómeno, sobre todo de los flujos de migración masiva. Solicitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que como sistemas internacionales y regionales de protección de los derechos humanos, apoyen a las Instituciones.
Fuente: caracol