“El estado de excepción permitirá la colaboración entre las Fuerzas Armadas y la policía con dos focos: Combatir el tráfico de drogas y el tráfico de migrantes”, explicó Delgado desde la ciudad de Antofagasta.
Fue precisamente el fallecimiento en esta región de un camionero el pasado jueves lo que gatilló las protestas de los últimos dos días, con cortes de carretera en varios puntos del país y el bloqueo de un aeropuerto regional y varias faenas mineras.
De la misma manera, el Gobierno anunció la puesta en marcha de la nueva ley de migraciones, promovida por el conservador Sebastián Piñera, que busca endurecer las fronteras y “ordenar la casa”.
Pese a que la norma entró en vigor en 2021, faltaba la aprobación del reglamento, que fue publicado esta mañana en el diario oficial y permitirá a partir de este sábado agilizar las expulsiones e incluso hacer “devoluciones en caliente”, sin un procedimiento judicial.
“La gente que quiera entrar a Chile lo debe hacer por la puerta, no por la ventana, sincerando las verdaderas razones del ingreso”, agregó el ministro.
Las provincias que estarán militarizadas son Arica, Parincota, Tamarugal y El Loa, en las frontera con Perú y Bolivia, donde también se reforzará el control con medios aéreos y terrestres: radiopatrullas de carretera, motos, helicópteros y un avión vigía, informó Delgado.
Pese a la pandemia y la crisis social de 2019, Chile sigue siendo uno de los países más atractivos para migrar dentro de América Latina por su estabilidad política y económica.
Los inclementes pasos altiplánicos del norte siguen formando la principal ruta de ingreso irregular, un paso en el que han perdido la vida al menos dos personas en lo que va de año y una veintena desde que se inició el flujo masivo en febrero de 2021.
En Chile hay 1,4 millones de migrantes, lo que equivale a más del 7 % de la población, y los venezolanos son los más numerosos, seguidos de peruanos, haitianos y colombianos. EFE
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Fuente: Swissinfo
