Organizaciones de la sociedad civil solicitaron un amparo contra las medidas del gobierno federal que desde enero pide a los venezolanos visa de turista para ingresar al país.
Los filtros migratorios que las Secretarías de Gobernación y Relaciones Exteriores implementaron para las personas procedentes de Venezuela, dejaron en la calle a cientos de migrantes que pretendían solicitar refugio.
La medida, que exige a los ciudadanos venezolanos una visa de turista para ingresar al país por no más de seis meses, preocupa a quienes buscan reencontrarse con sus familias y huir de la pobreza.
La disposición implica que ni siquiera se les permita a los venezolanos abordar un avión con destino a México, lo que les impide iniciar su trámite de Refugio, pues éste solo puede hacerse de manera presencial ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
“Tenemos una chica que había comprado un pasaje para venir a México, a finales de enero o principios de febrero; vendieron su casa, vendieron todo en Venezuela para completar el pasaje y llegar aquí, a casa de una hermana que no está bajo el refugio (…) entra lo de la visa y no pudieron viajar, se les perdió el vuelo, se quedaron en la calle”, relató a MILENIO, July Rodríguez, fundadora y directora de la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos.
Al argumentar que “más de 44 mil personas de esa nacionalidad transitan por México hacia un tercer país de forma irregular”, el pasado 21 de enero entró en vigor el Acuerdo “por el que se da a conocer la aplicación de visa en la condición de estancia de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas”, contra el cual la Clínica Jurídica para Refugiados y la organización Apoyo a Migrantes Venezolanos presentaron una solicitud de amparo el miércoles 30 de marzo.
“Es una forma en que el Estado está tratando de poner más trabas administrativas, pero en el fondo lo único que hace es alentar a que haya otras vías más peligrosas, que le da más posibilidades al crimen organizado de lucrar con estas personas”, afirmó Guerrero Navarro, director de la Clínica Jurídica para Refugiados.
Si bien, los refugiados pueden realizar el trámite de reunificación familiar a través de la Comar, no todos cumplen con los requisitos para traer familia a México, porque no tienen trabajos estables, recibos de nómina o trabajo formal, explicó la también fundadora de Apoyo a Migrantes que brinda asesoría legal gratuita a los venezolanos en situación de movilidad.
“Tenemos familias que me dicen: ¿cómo hacemos si yo no gano más de 5 mil o 6 mil pesos al mes?, vivo en un cuartito y necesito sacar a mi mamá y mi papá que están enfermos en Venezuela, se me hace mucho más caro enviar dinero que tenerlos aquí, pero no cuento con las exigencias que pide Comar.”
Para conseguir la visa, uno de los requisitos es comprobar ingresos que rondan los 700 dólares por mes o demostrar que el solicitante tiene cierta cantidad disponible en su cuenta de banco, pero en aquel país cuyo salario mínimo ascendió este mes a poco menos de 29 dólares, no todos corren con la suerte de tener un empleo.
Aunque afirman que son válidos los requisitos para tramitar la visa, sorprende a las organizaciones que México, un país que ha firmado convenios internacionales para recibir a cientos de personas solicitantes de refugio, le pida visa a una comunidad tan vulnerable.
“Todos los Estados pueden poner requisitos para el ingreso a su país, eso no se discute, pero estos requisitos deberían ser respetando la Constitución y los términos de los tratados internacionales”, abundó Guerrero Navarro.
“En el caso de los venezolanos esta visa ha creado muchos problemas; si bien es cierto que tenemos gente que viene a México para ir a Estados Unidos, nosotros estamos abogando por las personas que viven en México que quieren traer a sus familiares y no cumplen con los requisitos de la reunificación familiar que pide Comar”, refirió July.
Pese a que el amparo fue admitido por el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, el proceso para emitir un fallo podría extenderse hasta un año, tiempo en que la medida se seguirá aplicando mientras no se expida una suspensión.
“Nuestra gente tiene el desespero de salir de un país donde te violan todos los derechos humanos habidos y por haber (…) la población venezolana no está saliendo porque quiere, está saliendo por una necesidad específica, hay hambre, miseria, desnutrición, muertes…”, lamenta la activista July, originaria de Venezuela y mexicana por naturalización.
