Los argumentos basados en evidencia, que sopesan los costos y beneficios de la migración venezolana, a menudo parecen no ser escuchados.
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En esta columna quiero hacer algunas reflexiones frente a los hechos ocurridos la semana pasada con respecto a los incrementos que hubo en redes sociales y los medios de comunicación frente a los mensajes de xenofobia – y en contra de esta- tras los hechos sucedidos en Bogotá. Para ello es importante comprender mejor por qué existe una brecha entre lo que la investigación ha demostrado sobre las tendencias de la migración, los resultados de la política de inmigración y lo que los votantes o funcionarios creen sobre por qué las personas están predispuestas a aceptar ciertas ideas y rechazar otras.
Así quiero abordar algunos elementos traídos de la economía del comportamiento, con el ánimo de entender por qué las personas ignoran, descuentan o desacreditan evidencia sobre temas controvertidos acerca de la migración de venezolanos y cómo los estudios no resuenan con el público en general, quien aún permanece muy escéptico a este fenómeno. Ulteriormente, concluiré con recomendaciones sobre cómo los funcionarios públicos pueden comunicar de manera más efectiva los costos y beneficios de la inmigración, como lo demuestra la investigación y evidencia que se ha visto en Colombia y en otros países.
Lo primero es decir que existen tres tipos de pensamiento que influencian la toma de decisión de las personas. El pensamiento automático, donde los individuos adoptan la mayoría de sus opiniones y de sus decisiones de manera automática y no deliberativa; el pensamiento social, donde se actúa o se piensa dependiendo de lo que hacen y piensan el resto de las personas alrededor; y el pensamiento basado en modelos mentales, donde los individuos de una sociedad determinada comparten una perspectiva común sobre el mundo que los rodea y sobre ellos mismos.
Se puede decir que la opinión pública sobre la inmigración se ha vuelto aparentemente impermeable a los hechos. Los argumentos basados en evidencia, que sopesan desapasionadamente los costos y beneficios de la inmigración, a menudo parecen no ser escuchados, mientras que las emociones, valores y tradiciones, propios del pensamiento automático, parecen tener una mejor resonancia con públicos cada vez más amplios -ya sea para una mayor apertura o restricción-. A la larga quienes migran y se convierten en migrantes, y quienes reciben migrantes y se convierten en comunidades receptoras, son personas.
Por lo tanto, la historia, el contexto social y el contexto político de ambos grupos de personas juegan un rol importante a la hora de moldear los pensamientos que terminan en un proceso de toma de decisión. Luego reconocer y comprender la historia de Colombia como país migrante, entendiendo que así como los venezolanos, los colombianos también son y han sido población migrante -incluso en la misma Venezuela-. Esto se puede convertir en una herramienta útil para los funcionarios públicos en cuanto a mensajes o el diseño e implementación de políticas públicas y programas de integración socioeconómica.
Sin embargo, algunos pensamientos automáticos de los funcionarios parecieran sugerir que este fenómeno migratorio supone un juego de suma cero, es decir, un proceso donde las ganancias acumuladas de todos los participantes son igual a la sumatoria de las pérdidas. Por lo tanto, a primera vista pareciera que en este juego de suma cero no puede existir un espacio de cooperación para que comunidades de acogida y migrantes puedan alcanzar un punto de mayor beneficio. Tampoco pareciera posible, bajo este esquema, que un migrante obtuviese alguna rentabilidad extraordinaria sin afectar a las comunidades de acogida y viceversa. En otras palabras, lo que ha ganado un actor proviene necesariamente de lo que ha perdido el otro.
Supongamos un escenario donde la población migrante y la población de acogida se ven “enfrentadas” en su territorio, ante la provisión de bienes y servicios provistos por algún programa de una alcaldía o gobernación. Al aproximarse a los beneficiarios, los gobiernos deben decidir si ambos grupos deben competir por los bienes o servicios a proveer, o si por el contrario, se debieran compartir entre migrantes y comunidades de acogida.
Analicemos la siguiente matriz de pagos o de posibles beneficios:
| COMUNIDADES DE ACOGIDA | |||
| MIGRANTES Y REFUGIADOS | Decisión de las Alcaldías | Competir por recursos | Compartir los recursos |
| Competir por recursos | -3 ; -3 | 2 ; 0 | |
| Compartir los recursos | 0; 2 | 1;1 |
¿Qué podemos ver de la matriz anterior? Aunque la realidad tenga más tela de dónde cortar, el ejemplo es un reflejo del manejo que le dan los funcionarios públicos al fenómeno de la migración, derivado del pensamiento automático y de nuestros modelos mentales compartidos. Se ha escuchado a menudo, en algunos sectores del debate público, que existe la necesidad de una “competencia de recursos” en donde decidimos que debemos otorgar una relativa ventaja a un grupo de beneficiarios y no al otro. Pero en realidad, como lo deja ver el cuadro anterior, lo que deben hacer los funcionarios y ciudadanos de este país, es entender la importancia de “compartir los recursos”. Esto aplica tanto para temas como las vacunas del covid, como los bienes y servicios que se pueden proveer en un determinado municipio, o incluso la manera como se debe ponderar el lenguaje, los mensajes y las acciones del Estado a la hora de hablar sobre el crimen y la violencia en el territorio.
Como se evidencia en la tabla anterior, el sistema de pagos cuando se comparten los recursos es igual a 1. Lo que esto significa es que si se opta por esta decisión, los municipios del país estarían no solo proveyéndole un servicio a dos grupos que lo necesitan, sino avanzando al mismo tiempo en un proceso de integración de la sociedad.
Termino así esta breve reflexión con algunas recomendaciones para los funcionarios públicos, tanto quienes gobiernan, como quienes están del otro lado.
En primer lugar, los datos suelen no ser tenidos en cuenta por la población. Por ejemplo, hay cifras que dicen que la migración aumenta el Producto Interno Bruto. Hay otras que señalan que la llegada de migrantes venezolanos incluso ha ayudado a reducir las tasas de violencia en las ciudades al ser una población que comete crímenes en menor proporción que el resto de la población. La prevalencia de los argumentos basados en los costos y beneficios económicos de la migración ignora en gran medida el hecho de que éste es sólo uno de los múltiples enfoques a través de los que las personas ven este tipo de cuestiones, que puede que ni siquiera sea el lente más importante. Una manera de explicarle a las comunidades receptoras la importancia del tema de la integración de los migrantes venezolanos es haciendo alusión, no a porcentajes económicos confusos, sino haciéndoles entender las cosas en común que se tienen con los migrantes. Incluso lo mismo debe decírsele a los migrantes venezolanos, haciendo alusión a que los nuevos lugares de acogida en Colombia son con personas que hablan español, que seguramente profesan la misma religión que ellos practicaban en su país de origen, y con un sistema de valores similar. Son más las cosas culturales que unen a los venezolanos y a los colombianos, que las cosas que los separan.
Una segunda recomendación para los funcionarios es evitar argumentos que puedan ser considerados como ataques personales. Los esfuerzos por medio de la crítica de forma directa para convencer a una persona de cambiar su opinión con respecto a una temática -incluso si estas creencias se basan en información verdadera- pueden hacer que las personas se sientan a la defensiva y radicalicen sus posiciones, haciendo aún más difícil que el mensaje del funcionario público sea escuchado a largo plazo. Ya que las creencias están entrelazadas con las identidades propias y colectivas, para sustituir eficazmente la información falsa por hechos es mejor: evitar los mensajes que puedan considerarse un ataque directo a la identidad de la sociedad y de los individuos, y reconocer la valía de las personas en otros ámbitos para prevenir que se pongan a la defensiva. En otras palabras, si al comunicar un programa que brinda una ayuda a la población migrante y al tiempo se les reconoce como un problema, o a la situación en general se le denomina como una problemática, haciendo hincapié constantemente en los efectos negativos, la integración puede ser aún más difícil tanto para las comunidades receptoras como para los venezolanos. De esta manera, en este momento se está atacando la identidad del migrante, asociando directa y automáticamente lo “venezolano” con una problemática. Esto puede llevar a que los migrantes venezolanos prefieran mantenerse en las sombras y aislados de la comunidad receptora, o que las comunidades receptoras pongan cada vez mayores trabas para su integración.
En tercer lugar, los funcionarios -de lado y lado- deben buscar darles a las personas una salida en lugar de tratar de demostrar que están equivocados. Las personas no reaccionan bien cuando se les dice que están equivocadas, en lugar de tratar de refutar una información que ya ha sido ampliamente aceptada como fáctica en una sociedad, los funcionarios públicos deberían cuidar el honor de las personas, reconociendo sus preocupaciones y mostrándoles al mismo tiempo cómo ha salido a la luz la nueva información o cómo han cambiado las circunstancias. Un ejemplo interesante que dejó el país fue cuando se llevó a cabo el primer registro de migrantes en condición irregular (Ramv). El pensamiento automático del migrante venezolano que se encontraba en condición irregular fue asumir en aquel entonces que acercarse a cualquier tipo de registro terminaría en deportaciones, no solo partiendo de supuestos, sino porque con anterioridad habían ocurrido -aunque en pocas ocasiones- ese tipo de prácticas . El proyecto de registro liderado entonces por el anterior gobierno, en vez de decirle a los venezolanos que estaban equivocados, asumió la validez de este temor en la población migrante y anunció que no participaría Migración Colombia o la Policía Nacional del proceso de registro. En cambio, invitó al Ministerio Público y a las agencias de Naciones Unidas a participar del proceso. Así con este ejercicio de construcción de confianza, no se le dijo a los migrantes que estaban equivocados, sino que se les ofreció una salida.
Un cuarto punto para considerar es que los funcionarios públicos deberían evitar la repetición de ideas falsas, incluso para refutarlas. El simple hecho de repetir la información errónea -incluso para corregirla- puede aumentar la probabilidad de que la gente la recuerde erróneamente como verdadera. Una mejor estrategia puede ser centrarse en la creación de una nueva narrativa. Por ejemplo, en lugar de decir que los migrantes venezolanos no están aumentando la inseguridad -repitiendo así el rumor-, una táctica más efectiva podría ser dar ejemplos de los trabajos que hacen los venezolanos.
Una quinta recomendación puede ser involucrar a mensajeros creíbles a lado y lado del pasillo. Los mensajeros con posiciones tan marcadas son fácilmente desacreditados. Es más probable que la gente escuche y absorba información inesperada, proveniente de los mensajeros dentro de sus propios círculos de identidad. Utilizar personas de las Secretarías de Integración Social para que se distribuyan mensajes al interior de las alcaldías del país ayudaría a transmitir la información de manera más certera. Por la cercanía entre las Secretarías y los migrantes se podría aumentar los niveles de confianza entre unos y otros.
Finalmente, es importante empezar a construir una cultura de pensamiento crítico a priori dentro de las alcaldías y gobernaciones. Esperar hasta la mitad de una crisis para introducir nuevos hechos resulta a menudo demasiado tarde. Una vez una crisis ya ha avanzado tanto, las opiniones de la sociedad y los migrantes sobre sus funcionarios seguramente ya estarán estrechamente ligadas a sus identidades personales y habrá poco espacio para un debate reflexivo que pueda cambiar significativamente sus opiniones y orientarlas hacia los hechos más allegados a la realidad. En cambio, la mejor inoculación contra la desinformación puede ser fomentar el hábito de la comprobación de los hechos y el pensamiento crítico entre los funcionarios y los miembros de la sociedad como parte de la vida cotidiana.
Fuente: lasillavacia
