Ciudad de México, 5 ago (EFE).- En medio de las cifras récord de solicitudes de refugio en México y la consecuente saturación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), organizaciones civiles han tomado el liderazgo para acoger a los migrantes y acompañarlos en su proceso legal.
Con 74.764 solicitudes en el primer semestre del año, el coordinador general de la Comar, Andrés Ramírez, reconoció que esperan llegar hasta las 150.000 en 2023, lo que supondría la cifra más alta registrada en el país.
Uno de los principales problemas que este incremento ha supuesto para el organismo de la Secretaría de Gobernación (Segob), con un presupuesto escueto que limita su capacidad operativa, son los retrasos que ha provocado la acumulación de casos.
“El año pasado se terminaron de resolver casos pendientes de 2020, ahora todavía tenemos casos de 2021 y 2022 que siguen sin tener una respuesta, se están demorando muchísimo. Las solicitudes de asilo van en aumento y conforme más aumentan, más tardan en tener respuesta”, explicó en entrevista con EFE la directora de Asylum Access México, Alejandra Macías.
En lo que va del año, en sus siete oficinas distribuidas a lo largo y ancho del país, la organización ha atendido a cerca de 8.000 solicitantes de refugio, especialmente provenientes de Centroamérica.
Las labores de Asylum Access van desde el monitoreo de los centros de detención migratoria para localizar a posibles solicitantes de refugio hasta la representación legal de los migrantes en las diferentes etapas de su proceso ante la Comar, incluidos los litigios estratégicos en caso de los rechacen.
Los trabajos que realizan en Casa Mambré en Ciudad de México son más transversales, pues cuentan con un albergue con capacidad para medio centenar de personas donde, además de apoyo legal, también ofrecen servicios médicos y psicológicos.
LA VIDA DESPUÉS DEL REFUGIO
Las solicitudes de refugio en México crecen mientras aumentan las restricciones en Estados Unidos, que en mayo pasado reemplazó el Título 42, una norma sanitaria que expulsaba a migrantes con el argumento de la pandemia, con el Título 8 y mayores restricciones al asilo legal.
Ambas trabajadoras humanitarias coincidieron en un diagnóstico: México está convirtiéndose en un país de destino, y no solo de tránsito, para muchos migrantes, por lo que, además de fortalecer el sistema de refugio, es necesario garantizar su inserción social y laboral.
“El país puede estar preparado, o debería estarlo, pero no se hacen planes o políticas públicas para acoger a las personas, y se podrían crear estos mecanismos para que las personas puedan acceder a sus derechos”, incidió Macías.
Con su proyecto Ruta de la Hospitalidad, en Asylum Access colaboran con empresas para asegurar que los refugiados accedan a empleos formales y revaliden sus estudios.
“Buscamos que las personas, mientras están esperando el reconocimiento como refugiadas y después, puedan acceder a un empleo formal para reducir que puedan ser víctimas de algún delito grave como la trata y la explotación sexual o laboral”, subrayó.
En la misma línea, uno de los trabajadores de Casa Mambré se ocupa de elaborar currículos para migrantes y ayudarles a obtener el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), documento fiscal indispensable para trabajar formalmente. EFE
