Amnistía Internacional (AI) denunció, a través de su reciente informe «Regularizar y Proteger», que Colombia, Ecuador, Perú y Chile incumplen las obligaciones internacionales de proteger a las personas que huyen de Venezuela.
Asimismo, confirma que de los más de 7,3 millones de ciudadanos que migraron de Venezuela, casi el 70% están residenciados en esos cuatro países, lo que afecta a las naciones de la región y representa un éxodo que sólo se equipara al de los que huyen de la guerra de Siria,
Según la investigadora de AI, Adeline Neau, en los países receptores se presentan graves problemas comunes, que tiene que ver con las limitantes de servicios básicos, lentitud de los trámites migratorios para regularizar a los desplazados y la falta de protección para estas poblaciones que pasan a la categoría de refugiados (según Declaración de Cartagena de 1981).
Señaló que en Perú, el sistema está saturado y casi cerrado. En Chile durante 2022 solamente cuatro personas fueron reconocidas como refugiados, lo que refleja que se ha bloqueado el acceso a asilo y se están violando los derechos humanos.
Tampoco hay coordinación en los gobiernos de la región. Chile, por ejemplo militarizó, cerró sus fronteras, al igual que Perú y Bolivia, lo que ocasionó que muchos migrantes quedaran atrapados en las fronteras en condiciones precarias, cuando en su mayoría requieren protección internacional.
Ante tal situación, Amnistía Internacional pide a la región redoblar esfuerzos, dar respuestas adecuadas y respetar los DDHH ante la grave crisis de refugiados, al tiempo que recomienda a los Estados recibir a los venezolanos y garantizarles el derecho de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiados.
Fuente: lavoceditalia
