Por:Juan Esteban Ángel
En décadas pasadas Venezuela fue uno de los territorios más prósperos de Suramérica. Por cuenta de esto, según estudio de la Universidad del Rosario cerca de 720 mil colombianos emigraron buscando nuevas oportunidades, siendo acogidos por nuestro vecino, convirtiéndolo en el segundo destino más atrayente para los colombianos, luego de Estados Unidos.
En justicia con esta historia de éxodo de colombianos a Venezuela, con la solidaridad que siempre debe primar a nivel internacional y como una postura ética para el manejo de la migración masiva, el gobierno del presidente Iván Duque firmó el Estatuto Temporal de Protección; medida similar que luego fue también anunciada por el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos, que ha abierto la regularización a los venezolanos en ese país.
Hacer de la migración un proceso positivo para Colombia en el mediano plazo es un generoso acto humanitario, además de una decisión estratégica. Se trata de una respuesta de responsabilidad fraterna y colectiva necesaria para que los más de 1,7 millones de venezolanos que permanecen en nuestro territorio, según cifras de la Cancillería, encuentren soluciones a sus profundas carencias.
Como colombianos, la integración de la comunidad venezolana en nuestro país, la búsqueda para ofrecerles servicios mínimos para su bienestar y una adecuada convivencia social nos llama a amplias dosis de esfuerzo y solidaridad. Pero también a un compromiso y respuesta positiva por parte de los beneficiarios venezolanos.
La regularización masiva de migrantes permite mejorar su la calidad de vida, reducir los riesgos latentes y evitar trampas de pobreza, gracias al acceso a la prestación de servicios básicos.
En suma, es lo que busca el Estatuto de Protección, reconociendo y atendiendo una realidad en la que los migrantes venezolanos en Colombia, al menos en un 56% lo está de forma irregular. Esto los deja expuestos a fenómenos de victimización, fuera del sistema laboral, educativo y de salud, pues ante la falta de los mínimos requisitos legales, la ausencia de regulación anula la posibilidad de acceso a estos servicios e imposibilita la vinculación al mercado laboral.
Además del inmenso aporte humano, una adecuada incorporación de la población inmigrante también podría traer importantes beneficios económicos. Según un estudio reciente del Banco de la República el crecimiento del PIB se aceleraría entre 2015 y 2030 hasta 0,17 puntos porcentuales, explicado por aumentos en productividad y consumo interno. La regularización del estatus migratorio permitiría igualmente la vinculación del capital humano de los migrantes bajo condiciones de mercado, su incorporación en el Régimen Contributivo y los aportes tributarios.
La mayoría emigra por razones económicas y busca realizar actividades laborales que les permita percibir ingresos. Si lo logran, ellos a su vez demandarán bienes y servicios en el lugar de destino, haciendo que el consumo agregado se eleve. También es común que en las comunidades donde se sitúan los migrantes se creen redes de servicios para satisfacer la demanda propiciada por ellos y se generen negocios propios de migrantes emprendedores.
En ese sentido una integración efectiva, social y laboral de los venezolanos, sería beneficiosa no solo porque podría ser solución a las dificultades sociales que la migración genera, sino porque podría hacer bien a la economía e indudablemente es parte de la responsabilidad fraterna que, considerando la historia propia, debemos adoptar.
Fuente: El Pais
