Informe anual 2020
Sin importar de dónde sean o a donde vayan, las niñas, niños y adolescentes tienen derechos y éstos viajan con ellos. Son muchas las causas que han provocado el fenómeno migratorio del cual hemos sido testigos: la violencia que se vive en las comunidades o países de origen, la situación de pobreza que limita las oportunidades de crecimiento de las personas, la reunificación familiar, los desastres provocados por fenómenos naturales que obligan a poblaciones enteras a desplazarse, entre otras razones. Quienes han decidido migrar tienen como común denominador la búsqueda de una mejor calidad de vida en un país que les ofrezca desarrollarse plenamente y gozar de una protección integral a sus derechos, es decir, tener acceso a educación, seguridad social, servicios de salud y nutrición adecuados, protección contra la violencia y, sobre todo, la salvaguarda de su integridad.
México es un país de destino, tránsito y retorno de población migrante, principalmente procedente de países que componen al Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras). Desde finales de 2018, con la presencia de las caravanas migrantes ocurrió un aumento del flujo migratorio en las fronteras norte y sur del país, alcanzando cifras que antes no se podían imaginar. Esta situación se sumó al Protocolo de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés) del gobierno de Estados Unidos, que obligó a miles de personas en situación de migración a esperar en México mientras su solicitud de asilo en aquel país se resolvía. Aun con la pandemia de la COVID-19 y las restricciones de movimiento, en 2020, la migración no se detuvo.
Si bien el año pasado hubo una reducción en los flujos de niñas, niños y adolescentes migrantes, también se observó un aumento en los retornos de niños y niñas mexicanos desde Estados Unidos. En 2020, 11,514 niñas, niños y adolescentes extranjeros fueron detectados por las autoridades migratorias, 93% provenían de países centroamericanos, mientras que cerca de 12,549 niños y adolescentes mexicanos fueron repatriados de Estados Unidos a México1.
Con la finalidad de promover y proteger los derechos de estos miles de niñas, niños y adolescentes en situación de migración, UNICEF, a través de sus oficinas en Tapachula, Chiapas, y Tijuana, Baja California, brindó apoyo técnico a las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de estas entidades fronterizas sobre la gestión de casos, es decir, la identificación de necesidades especiales de protección en caso de que algún niño o niña requiera de asistencia para la restitución de sus derechos, la reunificación familiar o, bien, ayuda para iniciar el proceso de solicitud de asilo en México. Asimismo, UNICEF colaboró con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) para el fortalecimiento de capacidades del personal sobre la identificación de casos que requieran poner en marcha mecanismos de protección especial considerando el Protocolo Binacional de Manejo de Casos.
En 2020, UNICEF realizó seminarios en línea sobre el Protocolo de Protección Integral para Niños Migrantes, Solicitantes de Asilo y Refugiados en los estados de Baja California, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Jalisco, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas, con el objetivo de impulsar las reformas de la Ley de Migración y de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político. Como fruto del trabajo conjunto de incidencia política entre UNICEF, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU DH) y organizaciones de la sociedad civil, se logró la aprobación de dichas reformas en las que se destaca: el principio de no detención de niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad en estaciones migratorias para que en su lugar se les brinde alternativas de cuidado; el reconocimiento del interés superior de la niñez como elemento central de la protección de derechos; y la regularización migratoria de niños, niñas y adolescentes para garantizar ante todo sus derechos y evitar su retorno expedito.
A principios de 2020, aproximadamente 2,200 personas que estaban en el registro del MPP vivían en Matamoros, Tamaulipas en un campamento informal, llamaron la atención de UNICEF, particularmente por la necesidad de proporcionar asistencia humanitaria a los niños, niñas, adolescentes y sus familias que se encontraban en ese lugar. Entre febrero y marzo de 2020, UNICEF llevó a cabo un plan de respuesta a emergencias centrado en proteger a los niños y niñas de la violencia en albergues y/o en sus campamentos detectados en Matamoros, la dotación de agua potable, artículos de higiene y servicios de apoyo psicosocial (actividades de contención para contrarrestar el estrés y la ansiedad). En Matamoros, se instalaron tres espacios seguros y amigables para la niñez a fin de proporcionar apoyo psicosocial con actividades recreativas y de apoyo emocional, beneficiando a 449 niños y niñas, y a 91 padres y madres; por su parte, junto con el ACNUR, se brindó asistencia técnica a las autoridades para establecer mecanismos derivados para necesidades de protección en estos lugares.
Debido a la pandemia por COVID-19, UNICEF tuvo que adaptar su estrategia en torno a la atención y protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y sus familias en las ciudades fronterizas del país, sin dejar a un lado la implementación de la Ruta de protección integral de derechos de niñas, niños y adolescentes en situación de migración. En las oficinas de UNICEF en Tapachula y Tijuana, como parte de las acciones de respuesta ante la pandemia, se continuó brindando apoyo a los albergues localizados a lo largo de las dos fronteras y se distribuyeron kits de higiene personal e insumos de limpieza, cubrebocas, termómetros digitales y gel antibacterial, así como material informativo y de orientación sobre la prevención de la COVID-19, a través de los cuales se beneficiaron más de 3,000 personas en Baja California y más de 4,000 en Chiapas. Desde UNICEF se proporcionó asesoría técnica a las autoridades de protección de la infancia en la gestión de 652 casos relacionados con niños y niñas en situación de migración; además, con el apoyo de organizaciones aliadas como Fútbol Más, La Jugarreta y el Instituto Mexicano para la Psicología de Emergencia (IMPE) se respondió a las necesidades psicosociales de 3,181 niños, niñas y adolescentes y a 1,059 de sus cuidadores/as en 29 albergues en Baja California, Chiapas, Chihuahua y Sonora, brindándoles apoyo en materia de salud mental y psicosocial mediante actividades físicas, recreativas y deportivas bajo una modalidad virtual. Para que esto fuera posible, se dotó a los albergues con todos los recursos necesarios (televisiones tipo SmartTV y módems para la conexión a servicios de internet). También, con la finalidad de alcanzar a una mayor cantidad de población migrante en todo el país, se proporcionaron de forma remota 57 Webinars en tiempos de COVID-19, una serie de capacitaciones sobre salud mental, emocional y apoyo psicosocial que alcanzaron a alrededor de 5,000 personas que trabajan en la primera línea en protección de la infancia, ya sea en las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estatales, albergues administrados por los Sistemas DIF, Centros de Asistencia Social, autoridades del Instituto Nacional de Migración, organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
En 2020, UNICEF también apoyó los esfuerzos de la Secretaría de Salud para desarrollar planes nacionales para la atención de salud mental dirigidos a población en situación de migración durante situaciones de emergencias y, a raíz de esta colaboración, se creó una lista de expertos en apoyo emocional y psicosocial que pueden brindar este tipo de asistencia en futuras emergencias.
El confinamiento derivado de la pandemia por COVID-19 también impactó el trabajo de UNICEF en materia de cuidados alternativos para niñas, niños y adolescentes migrantes, ya que algunos de los albergues cerraron sus puertas. Como respuesta a esta situación, UNICEF adaptó su estrategia y brindó orientación a 300 funcionarios del Sistema DIF Nacional y DIF estatales, Centros de Asistencia Social y refugios sobre cómo adaptarse ante una situación de emergencia sanitaria como lo es la COVID-19 y también se organizaron seminarios virtuales sobre buenas prácticas para la no detención de niñas, niños y adolescentes migrantes.
Adicionalmente a su labor en materia de migración y respuesta al COVID-19, la oficina de UNICEF en Tapachula, junto con un equipo de respuesta en Tenosique, Tabasco proporcionó asistencia a las afectadas por el huracán Eta en noviembre de 2020 con kits de higiene personal e insumos de limpieza a 9 municipios de Chiapas que beneficiaron a 1,583 personas, de las cuales 187 eran adolescentes y 521 niños y niñas. Por su parte, la oficina de Tijuana realizó un estudio sobre el desplazamiento forzado de niñas, niños, adolescentes y sus familias mexicanas en la frontera norte con la finalidad de comprender las causas de esta situación e incidir en una futura ley en la materia.
Gracias a la labor que se ha hecho en torno a la protección de la niñez en situación de migración y la respuesta ante la emergencia por COVID-19, la oficina de UNICEF en México recibió el Premio Nacional de Protección Civil 2020.
1 SEGOB. Unidad de Política Migratoria. Boletín mensual de estadísticas migratorias. Diciembre 2020, Disponible en Boletin_2020.pdf (politicamigratoria.gob.mx)
Fuente:unicef.org
