El Servicio Jesuita a Migrantes denunció una nueva expulsión colectiva de personas, que involucra a cerca de treinta extranjeros y extranjeras, todos mayores de edad, que fueron detenidos y trasladados hasta un cuartel de la Policía de Investigaciones en Santiago.
Además, la organización reveló que otras siete personas fueron detenidas en Arica, y mientras eran trasladadas a la capital se conoció que la Corte de Apelaciones de esa ciudad acogió un recurso de amparo, por lo que habrían sido abandonadas en Chañaral.
Cristián Bravo, yerno de una de las detenidas, reveló que en 2014 la ciudadana intentó ingresar ilegalmente a Chile, pero fue devuelta, volviendo a entrar en 2019, por el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.
«Nos dijeron que ella estaba con orden de expulsión porque en 2014 ingreso por paso no habilitado, pero en ese momento, fue retenida, le retuvieron el pasaporte, le fue roto y la expulsaron en el mismo momento. En 2019 volvió con la hija, el 11 de diciembre, pero ingresa por el Aeropuerto, o sea legalmente», dijo Bravo.
Waleska Ureta, directora nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, pidió terminar con las expulsiones masivas y llamó a la empresa Sky Airlines a desechar el convenio que tiene con el Gobierno para concretar las deportaciones.
«Hacemos un llamado al Gobierno a escuchar a los distintos poderes del estado, el poder judicial ya se pronunció sobre esto. Hacemos un llamado a que se detengan las expulsiones de una vez por todas. Éstas son contrarias al derecho internacional, están violando el debido proceso. Y hacemos llamado a la línea Sky Airlines a desistir del contrato con el Gobierno», señaló la vocera del SJM,
El pasado viernes, el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, abordó las expulsiones masivas y sostuvo son “medidas prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, en general; y por la convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias, en particular”
