Caterine Galaz
Cuando en 1969 se produjo una redada policial en el bar neoyorquino Stonewall Inn contra el colectivo gay que ahí se reunía -y que motivó al año siguiente la primera Marcha del Orgullo Gay- en Estados Unidos la homosexualidad era considerada un crimen que podía llegar a castigarse con entre 5 y 20 años de cárcel. Cinco décadas después, aún más de 70 países consideran un crimen la homo y transexualidad y cinco las castigan con pena de muerte, según la ONU.
La penalización de estas orientaciones sexuales y la patologización de la identidad de género ha provocado un fenómeno mundial, denominado “sexilio”, definido como la persecución política por identidad y orientación de género y sexual. Violencias que van desde las más cotidianas y comunes de negación y rechazo, hasta los casos más flagrantes como torturas y homicidios, van consolidando un escenario que empuja a las personas LGTBI + a dejar sus países.
La Agencia de la ONU para Refugiados (ACNUR) indica que, en las últimas décadas, el número de personas refugiadas y solicitantes de asilo LGBTI+ ha aumentado, y que la mayoría califica como “miembros de un grupo social determinado” en virtud de la Convención de Refugiados de 1951, que define el término ‘refugio’ y describe sus derechos y establece la ley y obligaciones de los Estados de protegerlos.
Chile no ha estado exenta de este fenómeno: entre las personas migrantes que llegan a nuestro país, varios llegan por “sexilio”. Sin embargo y según constatamos en los diversos testimonios que hemos recogido en nuestra investigación Fondecyt “Trayectorias de personas migrantes no heterosexuales en Chile: desigualdades, violencias y resistencias”, una vez en nuestro país no solo se les hace casi imposible recibir la categoría de refugiados/as, sino que además no logran escapar de todas las violencias de las que eran víctimas, pues en su experiencia “migrante” se condensan nuevas violencias en función de la xenofobia, el clasismo y el racismo vigentes en Chile.
En muchos casos la ilusión de un Chile acogedor se desmorona al primer contacto y se expresa en múltiples violencias: xenofobia explícita respecto de ciertas nacionalidades; clasismo, (porque algunas son personas en una situación socioeconómica vulnerable); racismo y por tanto discriminación por la fenotipia corporal y manifestaciones de homo/lesbo/trans-odio, producto de la heteronorma imperante.
El Estado de Chile no está protegiendo a muchas personas refugiadas, en general, y menos a aquellas de las disidencias sexuales. Asimismo, muchas entidades públicas trabajan bajo lógicas sectoriales (o bien de género/sexualidad o bien migración) que impide una lectura interseccional de las dificultades que cruzan las personas migrantes no heterosexuales.
En este nuevo Día Internacional del Orgullo de la Disidencia Sexual, llamamos a seguir avanzando en los derechos de la población LGTBI+, en general, y poner el acento en las personas afectadas por sexilio, emplazando al Estado y a la sociedad a proteger los DD.HH., entregar soluciones y apoyo concreto y erradicar la discriminación xenofófica y racista desde el aparato público a través de la educación de sus funcionarios/as.
Debemos comprender que la vulnerabilidad y las múltiples violencias vividas por estos colectivos no debe encerrarnos en una mirada victimista, sino que pensarles como agentes de cambio de sus propias realidades, cuya voz debe ser escuchada en cada propuesta que les involucre, aliándonos en mover las fronteras de la exclusión.
La autora es Investigadora Fondecyt y Académica Universidad de Chile.
Fuente: radio.uchile,
