El Ministerio de Salud, Usaid, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Uninorte publicaron una investigación sobre la situación de salud de las migrantes venezolanas en Colombia. Inseguridad alimentaria y acceso a medicamentos, entre los principales retos.
Juancho Torres
Según las cifras de Migración Colombia, en enero de 2021 había 1’700.000 personas venezolanas residiendo en Colombia, el equivalente a las poblaciones de ciudades pequeñas como Armenia, Pereira y Manizales. De estas, el 56,4 % tienen un estatus migratorio irregular y prácticamente la mitad de quienes llegan al país son mujeres: el 49 %.
Pero la situación de las venezolanas es particular: además del riesgo de discriminación por ser migrantes se le suma la vulnerabilidad por ser mujer en una sociedad patriarcal, los riesgos de sufrir violencia sexual y la vulnerabilidad económica que trajo la pandemia del COVID-19.
Para conocer qué es lo que necesitan las mujeres migrantes venezolanas, el Ministerio de Salud, Usaid, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad del Norte diseñaron una encuesta para conocer las necesidades en salud y medir el acceso a los servicios sanitarios de las migrantes venezolanas, sin importar si su estatus migratorio era regular o no.
La encuesta comenzó a diseñarse desde hace un año, y aunque le falta una segunda fase, ayer se publicó la primera, que consistió en un seguimiento telefónico de febrero a mayo de este año a 1.297 mujeres migrantes venezolanas entre los 18 y 45 años (es decir, en edad reproductiva), que tuvieran intención de permanecer en Colombia más de un año y que hayan ingresado al país por Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios o Puerto Santander (Norte de Santander).
La gran mayoría de las encuestadas (66 %) residen en Colombia y planean quedarse por más de un año. En cuanto a su estado civil, el 52,3 % (678 mujeres) están casadas o viven en unión libre, 43,4% son solteras y 4,3 %, viudas o divorciadas.
De las encuestadas, 143 mujeres (el 67,4%) tramitaron un Permiso de Protección Temporal, 34 un Permiso Especial de Permanencia (PEP) y 35 un salvoconducto de permanencia. Esto es importante, porque diversas organizaciones han denunciado que la atención en salud a migrantes venezolanas es a veces negada en centros de salud debido a la irregularidad de su estatus migratorio. La mayoría (el 52 %) viven en hogares de 5 o más personas, es decir, familias grandes, más que la media colombiana, en donde 3 o 4 personas trabajan (un 42 %). Sin embargo, sin importar con cuántas personas viven, el 98 % de las encuestadas sobreviven con menos de un salario mínimo y apenas 22 mujeres ganan más de $908.000 mensuales.
Un 65,7 %, equivalente a 852 mujeres, sí tienen acceso a servicios de salud, especialmente a urgencias, consulta externa y atención del parto. Las que no usan los servicios de salud colombianos es porque no los han necesitado (76,2 %) o porque no pueden pagarlo o no están afiliadas (10,1 %), y un 98,4 % de las que reciben servicios en salud lo perciben como “suficiente”.
En cuanto a la salud sexual y reproductiva, 86 están en embarazo o habían tenido sus hijos 4 o 6 semanas antes del inicio de la encuesta. Entre ellas, el 82,6 % (71 mujeres) asistieron a controles prenatales. En cuanto a educación sexual, el 54,7 % (448 mujeres) recibieron educación sexual y el 63,1 % (equivalente a 819 mujeres) dijeron haberla recibido alguna vez en la vida. Quien “instruye” sobre uso de preservativos, tener hijos o no y el uso de métodos anticonceptivos es, en su mayoría, la familia (73,6 %), luego las instituciones educativas (38,4 %) y luego los centros de salud (22,5 %). El método más usado actualmente entre las mujeres migrantes en Colombia es la esterilización femenina (un método que solo puede ser llevado a cabo con intervención médica), con un 42,8 %, y la mayoría de las que no usan anticonceptivos (27 %) es porque no tienen pareja (aunque una gran mayoría de encuestas, el 85 %, saben dónde conseguirlos).
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Apenas un 1,6 % de las encuestadas se habían realizado una citología cervical para detección temprana de cáncer de cérvix, una cifra muy baja si tenemos en cuenta que en Colombia el cáncer de cuello uterino es la principal causa de muerte por cáncer. En cuanto al autoexamen, el 67 % lo realizan cada mes.
La diferencia entre este y otra decena de estudios sobre la salud de las mujeres migrantes venezolanas en Colombia (como los de Profamilia, de 2020, y del Minsalud, de 2019) es que se ocupa de medir el acceso a servicios de salud mental, inseguridad alimentaria, síntomas depresivos e historial de salud familiar y laboral, contrario a otros estudios anteriores que se concentran únicamente en salud sexual y reproductiva de las migrantes (aunque, bien sea dicho, este estudio le dedica varias páginas a este asunto). También se diferencia en que no se ocupa del acceso al aborto, sino que está incluido en la salud sexual y reproductiva de las mujeres.
Esto, más que reducir la salud de las mujeres a su sexualidad o capacidad reproductiva, responde a los cambios en los patrones de migración de personas venezolanas a Colombia. Según Ana Durán, jefe de misión de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), “la migración ha evolucionado en el tiempo, ya no estamos esperando solo hombres que ingresen. Lo que vienen son familias, y el 49 % de los datos mostraban que quienes migraron eran mujeres con sus familias. Muchas vienen a tener sus hijos aquí, y el país necesita adaptarse a esas necesidades. Para eso es necesaria la información puntual para saber dónde actuar”.
Las enfermedades que más las aquejan son la hipertensión arterial (un 5,6 % la padece) y las enfermedades transmitidas por vectores. Unas 67 de esas mujeres no están recibiendo el medicamento que necesitan y la razón principal es que no pueden pagarlo. Por último, y según la encuesta, el sistema está en deuda con la salud mental de las migrantes venezolanas, dado que 923 (un 71,3 %) reportaron síntomas depresivos significativos, y con la seguridad alimentaria de ellas y sus familias: el 83,4 % aseguraron que su hogar estaba en inseguridad alimentaria severa.
“Entendimos que esta población tiene vocación de permanencia, que va a construir su vida aquí y que como gobierno no tenemos opción diferente que brindar las herramientas y el contexto que se integren de la mejor manera”, dijo Luis Alexánder Moscoso, viceminsitro de Salud.
Fuente: elespectador, Colombia
