El docente investigador en la Universidad de Lanús (UNLA), que en junio fue designado como miembro experto del Comité de Trabajadores Migrantes de la ONU, analizó las deudas pendientes en materia de derechos humanos para
La situación de vulnerabilidad de los trabajadores migrantes está al tope de la agenda de los derechos humanos en todo el mundo. Esta problemática aborda el abogado Pablo Ceriani Cernadas, docente investigador en la Universidad Nacional de Lanús (UNLA), donde dirige la Especialización en Migración y Asilo desde una perspectiva de los Derechos Humanos, que en junio fue designado miembro experto del Comité de Trabajadores Migrantes (CMW) de Naciones Unidas (ONU).
En una entrevista con el Suplemento Universidad, el abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires (UBA) destacó que uno de los retos “más importantes” que tiene el Comité es trabajar sobre la “falta de voluntad” de una amplia mayoría de los países en esta problemática y advirtió que de 197 Estados, solo 56 ratificaron su compromiso con la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.
– ¿De qué se ocupa el Comité que integra como miembro experto?
– Cada tratado internacional que se conforma dentro del ámbito de las Naciones Unidas incluye también la creación de un órgano colegiado que se encarga de supervisar el cumplimiento de ese tratado y a su vez de establecer directrices sobre cómo hacerlo funcionar. Lo que hacemos desde el Comité es supervisar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares que se conformó en 1990 para, como dice su nombre, fortalecer los derechos de este grupo. El órgano supervisor está integrado por 14 especialistas que duran cuatro años en su mandato y se renueva, de a siete, cada dos años.
Cada país que firmó este tratado tiene que enviar, cada 5 años, un informe que explica cómo ha cumplido con la Convención y qué medidas, legislaciones y políticas aplicó. También tiene que demostrar ese trabajo con datos y nosotros tenemos que analizarlos. Después nos reunimos con los representantes de cada Estado y se hacen recomendaciones sobre la base de esos datos. Una segunda función son las observaciones generales que es la letra chica de las convenciones. Se establecen lineamientos para saber cómo hacer cumplir ese tratado. A la hora de leer la Convención, estos lineamientos acompañan de manera más detallada y actualizada. Lo que es importante de destacar es que no somos un tribunal de Justicia, por lo que no podemos imponer una sentencia frente a algún incumpliento, pero rige el principio de buena fe.
– ¿En qué va a enfocar su tarea dentro del Comité en los próximo años?
– Todavía falta reunirnos con los demás integrantes para empezar a planificar el trabajo a futuro, pero algo que me interesaría plantear es la elaboración de directrices, a nivel global, para que los Estados sepan qué tienen que hacer para trabajar en la prevención de la xenofobia. En ese mismo sentido, poder ayudar en la elaboración de políticas que contribuyan a erradicar la xenofobia dentro del ámbito escolar y comunicacional para lograr una ciudadanía más inclusiva. Y otra de las directrices en la que me gustaría profundizar tiene que ver con la educación y la salud en condiciones de igualdad para personas migrantes dentro de los países en los que se encuentran.
– ¿Cómo analiza el compromiso de los Estados en función a esta Convención?
– Uno de los retos más importantes que tiene el Comité es trabajar en la falta de voluntad de una amplia mayoría de los Estados. Las evidencias nos dicen que de 197 países que integran las Nacionales Unidas, solo 56 ratificaron su compromiso con esta Convención. Esto nos limita para poder supervisar lo que pasa en los 141 países restantes, de los cuales muchos son grandes receptores de personas migrantes.
Proteger los derechos de estas personas es uno de los desafíos más importantes, a nivel global, en cuestión de justicia e igualdad. Considero que la presencia de una construcción de identidad, basada en la nacionalidad y construida por oposición a quienes no son nacionales, contribuye de manera preocupante a situaciones de odio y desigualdad. La experiencia de Argentina me sirvió como un lente para ver lo que pasaba en otras partes del mundo porque nuestro país, con sus dificultades, ha sido uno de los que ha avanzado mucho en materia de derechos de migrantes.
– Señaló a la xenofobia como un derivado de las desigualdades que padece el migrante, ¿cómo analiza eso en Argentina?
– Acá hemos tenido diferentes etapas preocupantes que marcaron hitos complejos, en términos de uso de discursos de xenofobia, por parte de personas con cargos importantes. Un ejemplo que se me ocurre es cuando se culpó a la población migrante de todo lo que nos había ocurrido en 2001. Otro ejemplo, cuando entre 2015 y 2019 se habló de la migración como lo que desató la criminalidad en el país. Argentina nunca ha tenido una política de Estado contra la xenofobia, nunca ha tenido una política para la integración de la población migrante y creo que tiene que ver con una falta de compromiso político. Aún hoy hay una deuda pendiente y creo que una manera de saldarla sería por medio de una política migratoria integral, desde el barrio, la escuela, la salud y otros ámbitos de la cotidianidad. También es muy importante trabajar en la construcción de un fuerte consenso entre la sociedad para no bajar de algunos derechos y reconocimientos que se han logrado a lo largo de la historia. En conclusión, me parece que falta un compromiso mayor y la aplicación de políticas de Estado, porque en definitiva la xenofobia nos daña a todos.
– ¿Cómo comenzó su interés por los derechos humanos de la población migrante?
– En la juventud tuve la posibilidad de conocer a personas vinculadas a movimientos de Derechos Humanos en Argentina, sobre todo a los de memoria y justicia. Ahí decidí estudiar Derecho porque quería dedicarme a trabajar en estos temas y tuve la oportunidad de acompañar, como voluntario, algunas iniciativas sociales. Antes de terminar mi carrera, comencé a trabajar en el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y se dio la oportunidad de desempeñarme en lo que después se conoció como la Conferencia Mundial Contra el Racismo. En ese momento, me tocó trabajar con población migrante, refugiada, con pueblos indígenas… y eso me llevó a entender lo que estaba pasando en nuestro país con el racismo y la xenofobia, que había crecido mucho en los años 90. Desde ahí no me pude ir nunca más del tema porque es un reto único que nos interpela como personas.
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