La Paz, 1 sep (EFE).- El Gobierno de Bolivia aprobó un decreto que permitirá “de manera excepcional” la regularización migratoria de extranjeros que se encuentren en territorio migratorio fuera de regla y que se prevé que beneficiará a una 3.500 personas.
La norma fue presentada este miércoles por el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo, y la defensora interina del Pueblo, Nadia Cruz, junto a otro decreto que crea una plataforma de monitoreo del flujo de migraciones en el país.
El ministro destacó que estas normas permitirán garantizar el “respeto a los derechos humanos de los migrantes” en Bolivia y al Estado tener una mejor información para “generar mayores políticas en beneficio de este grupo vulnerable que se encuentra en el país”.
Según Del Castillo, muchos extranjeros no pudieron regularizar su situación en 2020 “por razones ajenas” a sí mismos y tendrían que pagar multas equivalentes a entre 2.800 y 4.300 dólares.
“Producto de esta regularización migratoria, el Estado va a poder recaudar alrededor de 7 millones de bolivianos (poco más de un millón de dólares), situación que va a permitir mejorar las condiciones y el trato que tiene Migración con los ciudadanos bolivianos y extranjeros”, sostuvo.
Se calcula que la norma “va a beneficiar a alrededor de 3.500 personas”, añadió.
A su turno, la defensora interina destacó que esta “amnistía migratoria” será una oportunidad para que las personas que se encuentran en el país de forma irregular y que son “víctimas de malas prácticas, ilícitos o burocracia” normalicen su situación y puedan ejercer sus derechos.
La disposición alcanza a quienes hubieran ingresado a territorio boliviano de manera irregular hasta un día antes de la publicación de la norma, a quienes hubieran permanecido de manera irregular o fueran sancionados con una salida obligatoria.
La norma autoriza a que las personas extranjeras se acojan a una permanencia temporal de dos años, la cual podrán solicitar durante un plazo de 12 meses desde la publicación del decreto.
La solicitud de regularización se debe efectuar de forma personal con cualquier documento original que demuestre la identidad de la persona, incluido su pasaporte, documento nacional de identidad o certificado de nacionalidad expedido por su representación consular, entre otros requisitos.
El otro decreto crea una plataforma informática para monitorear el flujo de las migraciones, los arraigos, las alertas migratorias, las permanencias y residencias de personas extranjeras en el país con el fin de dar seguridad al Estado y a estas poblaciones, según la Defensoría del Pueblo.
Estos datos se pedirán a los operadores de servicios de transporte y agencias de turismo.
Cruz consideró importante que el Estado cuente con información estadística sobre estos grupos para generar políticas públicas diferenciadas por el tipo de población migrante, según un comunicado de la Defensoría.
También anunció que desde esta jornada se instalará una mesa técnica para elaborar las reglamentaciones de ambas normas entre la Defensoría, Migración y las organizaciones civiles que apoyan a los migrantes. EFE
Fuente:Swissfo
