El nuevo informe de Human Rights First (HRF), titulado “Un historial vergonzoso: el uso de las políticas de Trump por parte de la administración Biden pone en peligro a las personas que buscan asilo”, encontró al menos 8.705 informes de secuestros, tortura, violación y otros ataques violentos contra individuos expulsados al peligro en México o bloqueados para buscar asilo de protección en la frontera durante el primer año de la presidencia de Biden.
“La administración Biden es muy consciente del grave daño que sufren los solicitantes de asilo cuando son enviados a México, sin embargo, ha seguido utilizando una política condenada por expertos en salud pública, autoridades internacionales, líderes de derechos civiles e incluso miembros salientes de la administración del presidente Biden”, dijo Kizuka.
El uso de las dos políticas conocidas como Título 42 y Permanecer en México, que los activistas no han podido borrar de los libros aún, han perpetuado su crueldad inherente, el desorden y el racismo arraigado, sostienen.
Por ahora, la administración está defendiendo el Titulo 42, que niega la entrada por razones de salud y apoya la expulsión en la corte federal, con la próxima audiencia por una demanda que impugna las expulsiones de familias en la Corte de Apelaciones del Circuito de D.C. programada para el 19 de enero de 2022.
Asimismo, en diciembre de 2021, la administración Biden también comenzó a devolver a México a cubanos, nicaragüenses, venezolanos y otros solicitantes de asilo y migrantes bajo una política ampliada de “Permanecer en México” (RMX).
Si bien un tribunal federal ordenó al DHS que reiniciara RMX, después de dos intentos de cancelarlo administrativamente, la administración Biden optó por expandir las nacionalidades potencialmente sujetas a esta política mortal.
En una carta de diciembre de 2021, decenas de miembros del Congreso condenaron la reimplementación de RMX e instaron a la administración a revertir su expansión, pero no ha ocurrido.
De acuerdo con las organizaciones que ayudaron al reporte, los cárteles y otros grupos de delincuencia organizada en México han adaptado sus empresas criminales para atacar y sacar provecho de estos migrantes y solicitantes de asilo, que son vulnerables en base a estas características y son vistos por los cárteles como presa fácil para secuestro y extorsión, incluidos los que se cree que tienen familiares estadounidenses.
Entre los casos se encuentra el de un solicitante de asilo nicaragüense que fue secuestrado y torturado por electrocución mientras recibía golpizas durante tres semanas en Reynosa. Eso ocurrió un mes después de no pasar una entrevista, en noviembre de 2021, de no devolución de RMX y por lo cual se le regresó a Ciudad Juárez. El hombre informó a Human Rights First que fotos y grabaciones de audio de los secuestradores golpeándolo le fueron enviados a su tía en Estados Unidos, exigiendo un rescate de $5.000 y amenazando con “cortarlo en pedazos”, si ella no pagaba.
Asimismo, CBP devolvió por error a un solicitante de asilo venezolano a Ciudad Juárez en diciembre de 2021, aunque en dos ocasiones había sido extorsionado y amenazado por oficiales de migración mexicanos. Los mismos oficiales de migración mexicanos amenazaron con detenerlo y deportarlo si se negaba a pagar. Varias horas después de que el individuo fue devuelto a México, el DHS se comunicó con el albergue donde se hospedaba y le ordenó al hombre que regresara a Estados Unidos.
No obstante, no respondieron a las solicitudes escritas de Human Rights First para explicar cómo el hombre fue erróneamente regresado a México.
Los activistas hacen sugerencias para lograr cambios en la frontera de México y Estados Unidos, entre ellas el establecimiento de rendición de cuentas por violaciones de la ley de refugiados de EE.UU y obligaciones de tratados y daños a refugiados, incluidos los efectos nocivos de la política de expulsión, medición, detención prolongada, así como realizar visitas oficiales a las ciudades fronterizas de México, Guatemala y Honduras de donde son los que piden asilo y han sido expulsados, las instalaciones de CBP y las estaciones de la Patrulla Fronteriza en el sur de Estados Unidos, los centros de detención de inmigrantes, tribunales de inmigración y organizaciones humanitarias en la región fronteriza ayudando a los solicitantes de asilo y migrantes, para garantizar que el DHS no continúe violando sus derechos.
