Más de 300 venezolanos se encuentran varados en Curazao debido a la suspensión de dos vuelos humanitarios hacia Venezuela, desde el pasado 21 de diciembre. En la misma isla hay 33 migrantes en huelga de hambre, detenidos en la cárcel Barak di ilegal, conocida por ser un centro de reclusión para personas indocumentadas.
A finales de 2021, la situación de la migración venezolana en las Antillas Menores sigue generando alertas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Decenas de casos de malos tratos, separación familiar y detenciones arbitrarias hacia los venezolanos han sido reportados en lo que va de año en Curazao, especialmente desde organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y Human Rights Defense Curacao (HRDC).
En la pequeña isla llena de turpiales, los refugiados y migrantes que viajan unos 70 kilómetros desde la costa noroccidental de Venezuela se topan de frente con el rechazo de las autoridades curazoleñas y, posteriormente, con violaciones sistemáticas a varios de sus derechos fundamentales.
Durante octubre, Amnistía Internacional notificó que existían 17.000 connacionales indocumentados a los que no se les permitía laborar ni acceder a los sistemas de salud.
En ese entonces se pronosticó que el año cerraría con una cifra más alta, aproximadamente 21.000 personas que huyen de la aguda crisis económica y social de Venezuela hacia la isla, en precarios botes. En total, 5,7 millones de venezolanos habrían salido hasta ahora del país a distintas partes del mundo, apuntó AI.
Efecto Cocuyo identificó cinco claves para entender la realidad venezolana en Curazao:
1.- ¿Por qué hay venezolanos detenidos en Curazao?
En Curazao, todos los extranjeros indocumentados son objeto de deportación, de acuerdo con lo establecido en la ley de inmigración, la Ordenanza Nacional de Admisión y Expulsión (LTU). La detención de los venezolanos habitualmente comienza apenas entran en las costas de la isla, donde son interceptados por la guardia costera y posteriormente arrestados por la policía de inmigración.
Los migrantes son llevados a cuarteles para extranjeros en el Sentro di Detenshon i Korekshon Korsou (SDKK) donde se les disuade de solicitar protección y deben esperar los vuelos de deportación a su país de origen. Este proceso ha sido severamente criticado por las ONG debido a que en él se utilizan malos tratos psicológicos y físicos, que afectan la integridad de las víctimas.
Las denuncias más recientes sobre las condiciones de reclusión fueron realizadas por 33 venezolanos presos en la cárcel Barak di Ilegal desde el 22 de noviembre (22 hombres y 11 mujeres), que decidieron iniciar una huelga de hambre el 24 de diciembre de 2021. Señalan que es su forma de protestar por estar encerrados junto a criminales de alta peligrosidad, en oscuras celdas con agua estancada y plagas de zancudos, sin atención médica para personas de la tercera edad o medidas de bioseguridad.
Amnistía Internacional habría divulgado, en un informe publicado en octubre de este año, que el acceso a la asistencia legal es casi nulo en los centros de detención de Curazao. Inicialmente, docenas de migrantes venezolanos han confesado que les hicieron firmar ordenes de deportación escritas en neerlandés, sin presencia de un abogado o traductor.
El 18 de diciembre de 2021, AI señaló públicamente que el gobierno curazoleño rechazó recibir a sus representantes en Países Bajos y que prohibió explícitamente visitar los cuarteles de inmigrantes, bajo la excusa de que estos se encuentran en reparación.
2.- Violaciones al derecho de pedir asilo
Amnistía Internacional define a los solicitantes de asilo como «aquellos que han abandonado su país y buscan protección internacional, pero todavía no han sido reconocidas como personas refugiadas». Pedir asilo en un país es un derecho registrado en el artículo 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
No obstante, en Curazao las posibilidades de hacerlo son reducidas. Principalmente, aquellos que piden protección pueden ser detenidos por una interpretación arbitraria de la LTU, debido que se considera que igual están violando la ley de inmigración. Durante el tiempo que están en detención, los encargados de los centros intentan presionarlos para que no soliciten la protección del gobierno, informó AI.
El desconocimiento y la indiferencia de las autoridades frente a procesos legales provocan que los venezolanos a veces desistan sin intentarlo. En ninguna de las principales ciudades curazoleñas existe un sistema por el que se le conceda un abogado a los solicitantes: es necesario conseguir o pagar uno privado.
Considerando que la mayoría de los migrantes que llegan por mar a Curazao se encuentran en situaciones vulnerables, costear un experto legal es un gasto que no entra en sus planes.
Así mismo, cuando se introduce la solicitud de asilo inicia un largo proceso que puede extenderse más allá de un año. En 2019 entró en vigor un nuevo procedimiento de protección que se ganó la opinión negativa de los abogados defensores. Una de las criticas más reiterativas es la relacionada con las entrevistas que se les realizan a los venezolanos: en salas poco adecuadas, bajo el escrutinio de hasta cinco funcionarios y sin intérprete para entender lo que se dice en neerlandés.
La desestimación de las solicitudes es, evidentemente, común. Esto trae como consecuencia que cada vez más migrantes sin documentos prefieran esconderse o se resignen a ser devueltos a Venezuela.
Por otro lado, en marzo de este año, el ministro de Justicia de Curazao, Quincy Girigorie, dijo en conferencia de prensa que el gobierno otorgaría un permiso de residencia temporal a todos los venezolanos que ingresaron a Curazao ilegalmente antes del 13 de marzo del 2020 y que se encontraran empleados. No obstante, la pandemia del coronavirus ha retrasado la medida, cuya fecha límite es el 31 de diciembre de 2021.
3.- Sin garantías
«En los últimos 3 años, al menos 60 personas han muerto ahogadas o han desaparecido cuando trataban de llegar a Curazao por barco. La mayoría de las personas venezolanas no reúne los requisitos fijados por el gobierno para obtener la residencia legal, por lo que se ven obligadas a vivir de forma irregular en la isla», indicó Amnistía Internacional en su informe «Sin Seguridad Todavía».
Embarcarse hasta la isla, territorio autónomo del Reino de los Países Bajos, es entonces un viaje sin garantías. Al llegar sin documentos a las azules playas no hay nada que pueda asegurar que los migrantes no serán deportados o víctimas de malos tratos que trasmutan en sucesos traumáticos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) estableció a mediados de año que la falta de acceso a un estatus legal, expone a los venezolanos al abuso, la explotación sexual y laboral, riesgos que aumentan exponencialmente por la prevalencia de la pandemia del COVID-19.
Por ejemplo, el 8 de agosto de 2021 la Corte Conjunta de Justicia condenó a cuatro personas que manejaban una red de tráfico y explotación sexual de venezolanas en Curazao. La mayoría de ellas traídas desde Punto Fijo, en el estado Falcón, al noroccidente de Venezuela.
4.- Poca protección Estatal
Los venezolanos que no poseen documentos o cuya situación es irregular en la isla saben que no cuentan con la protección Estatal, así que apelan a las ONG que funcionan allí. Para principios de 2021, 9.000 migrantes se beneficiaban de paquetes de comida donados por organizaciones sin fines de lucro.
El primer caso de COVID-19 en Curazao fue documentado el 13 de marzo de 2020 (el mismo día que Venezuela registró los suyos), y a partir de allí centenares de personas venezolanas perdieron sus empleos, según reportó la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
La Matriz de Seguimiento de Desplazamiento de 2019 perteneciente a la OIM, arrojó datos sobre las edades de los migrantes venezolanos antes de la pandemia: el 46% tenía entre 31 y 45 años, y un 43 % estaba en un rango entre 18 y 30. AI aclaró que, actualmente, una de las principales necesidades de este grupo es generar ingresos, pero que la ausencia de papeles les imposibilita la integración en el mercado laboral formal.
En el caso de los menores de edad, estos pueden acudir a la escuela. Pero, a pesar de ello, no se les permite obtener un diploma, porque para ello necesitan, obligatoriamente, un documento de identidad oficial de Curazao.
5.- A la espera de vuelos humanitarios
La pandemia del COVID-19 ha causado que miles de connacionales decidan volver a Venezuela, como consecuencia de la pérdida de empleo y la crisis económica que la pandemia ha dejado a su paso en varios de los países receptores de migrantes.
Una medida tomada desde el gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, es la de los vuelos humanitarios, que permite a los venezolanos retornar por aire hasta el país. El 21 de diciembre de 2021 estaba programado el primero de dos vuelos desde Curazao a Caracas, que fue cancelado por el gobierno venezolano, bajo la excusa de la propagación de la variante omicrón y la necesidad de crear nuevas medidas de seguridad para viajar.
La suspensión dejó al menos a 300 personas varadas en Willemstad, la capital curazoleña. 48 de ellos provienen de Bonaire, una isla vecina de Curazao que queda a 80 kilómetros de distancia. Algunos denuncian que tuvieron que vender pertenencias para costear los más de mil dólares del pasaje y que ahora se encuentran desconcertados, puesto que no hay directrices sobre lo que hará el estado venezolano al respecto.
«Lamentablemente, a última hora, el Gobierno de Venezuela no autorizó los vuelos pautados para el los días 21 y 22 de diciembre de 2021. El Ministerio de Justicia, el Directorado de Relaciones Exteriores, El Consulado de Venezuela en Curazao y Laser Airlines han hecho todo lo posible para poder salvaguardar estos vuelos. Incluso estaban pendientes dos vuelos para el día 22 de diciembre de 2021 con la cooperación de Laser Airlines. A pesar de todos los esfuerzos, no se ha logrado la salida de estos vuelos hacia Venezuela», explica el comunicado publicado por el gobierno de Curazao el 22 de diciembre.
Para el lunes 27 de diciembre de 2021, aún se espera la autorización venezolana para activar los vuelos de repatriación mientras varias personas continúan en Willemstad, en albergues o alojamientos improvisados a cuatro días de que termine el año.
Fuente: EfectoCocuyo
