Colombia en la encrucijada: desplazamientos forzados continúan en aumento

Colombia se enfrenta a una crisis humanitaria a medida que el país lucha por abordar el alarmante número de desplazados internos. Según Giovanni Rizzo, director del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) en Colombia, esta problemática se ha convertido en una de las más apremiantes del país. Rizzo ha instado a los nuevos alcaldes y gobernadores del país a tomar medidas significativas durante el período 2024-2027 para mitigar los efectos devastadores del conflicto armado en Colombia, que continúa forzando a miles de personas a abandonar sus hogares.

El informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) reveló una estadística impactante: desde la implementación del acuerdo de paz en Colombia hasta septiembre de 2023, se ha producido un desplazamiento masivo o confinamiento cada dos días en el país. Esto marca un aumento dramático en comparación con los primeros años posteriores a la firma del acuerdo de paz en 2017.

El aumento de los desplazamientos forzados es tan significativo que el número de víctimas de desplazamientos masivos y confinamientos se ha cuadriplicado en 2023 en comparación con 2017. Este crecimiento evidencia la magnitud de la crisis y la urgente necesidad de abordarla de manera efectiva.

Por su parte, Giovanni Rizzo resaltó que una de las barreras clave para abordar esta problemática es la insuficiencia de recursos. En muchos departamentos del país, los presupuestos no alcanzan para brindar una atención adecuada a las víctimas de desplazamiento forzado.

Rizzo expresó su intranquilidad al respecto, señalando para Noticias RCN que “es preocupante que los presupuestos municipales o departamentales sigan siendo insuficientes para atender la realidad de las emergencias recurrentes causadas por el conflicto armado”.

Colombia tiene un incremento en desplazados, ya que, entre enero y agosto de 2023, 245.672 personas fueron sacadas de sus territorios – crédito Colprensa

Esta problemática se ha agudizado en zonas rurales de municipios como Roberto Payán, Tumaco, Buenaventura, Olaya Herrera y Magüí Payán, donde se registran desplazamientos masivos cada 60 días desde la firma del acuerdo de paz. Además, la situación sigue siendo alarmante en varios departamentos, incluyendo Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Chocó, Arauca, Antioquia y Norte de Santander, donde la población continúa siendo víctima de la violencia y el desplazamiento.

El informe del NRC también subraya que las víctimas en áreas rurales a menudo deben esperar meses o incluso años para recibir una respuesta inmediata o de emergencia. Esta situación no solo es contraria al espíritu y las obligaciones descritas en la Ley de Víctimas de Colombia, sino que carece de solidaridad y humanidad, según Rizzo.

Numerosos defensores de la paz tienen la esperanza de que las actuales conversaciones entre las facciones guerrilleras y el Gobierno nacional tengan un impacto positivo en la protección de las comunidades locales y sus proyectos agrícolas, evitando así el desplazamiento forzado. Sin embargo, el reciente secuestro del padre de Luis Díaz por parte del ELN podría obstaculizar este proceso.

Cabe destacar que el foro de ONG Humanitarias en Colombia registró que entre enero y agosto de 2023, 245.672 personas se vieron forzadas a desplazarse como consecuencia del conflicto y la violencia en el país. Esta cifra es una creciente en solo ocho meses.

Ante esta situación, Giovanni Rizzo hizo un llamado urgente a las autoridades departamentales y municipales del país. Ha instado a los funcionarios a identificar y garantizar los recursos humanos y financieros adecuados en sus planes de desarrollo.