La migración a través de América Latina y el Caribe crece desde hace una década e incluso bajo la vulnerabilidad exacerbada por la pandemia de COVID-19, decenas de miles de personas buscan un futuro mejor más allá de sus fronteras.
Al menos 30.000 menores —la mayor parte de ellos, menores de cinco años— están entre las más de 125.000 personas que este año arriesgaron sus vidas cruzando el selvático Tapón del Darién, entre Colombia y Panamá, una de las rutas irregulares más peligrosas del mundo para los migrantes que se dirigen a América el Norte.
Con los datos de 91.300 de esas personas, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) encontró que 62% eran haitianos, 14% cubanos, 13% chilenos o brasileros (niños nacidos en esos países con padres de otra nacionalidad) y luego, porcentajes menores de ciudadanos de países de África occidental y el sur de Asia.
En América del Sur, la migración intrarregional es la más importante, debido a los movimientos a gran escala de migrantes y refugiados venezolanos en los últimos cinco años, pero también ha aumentado la de América Central hacia el norte.
Además, ha crecido la diversificación de los desplazados, con numerosos migrantes procedentes del Caribe y de otros continentes, empujados por la falta de empleo, de oportunidades y de acceso a servicios, la violencia social, los conflictos políticos, desastres como terremotos y huracanes, degradación ambiental y efectos del cambio climático.
Así, la cifra de migrantes caribeños a América del Sur pasó de 79.000 en 2010 a 424.000 en 2020; la de africanos, de 22.000 a 43.000, y los migrantes asiáticos pasaron de 208.000 en 2010 a 302.000 en 2020, según agencias de las Naciones Unidas.
El informe señala que algunos ciudadanos de Haití, Cuba, República Dominicana y de países asiáticos y africanos que ya vivían en América Latina —y otros que llegaron más recientemente— fueron obligados a migrar o tomaron la decisión de marcharse al norte del continente para poder atender sus necesidades básicas.
Esa situación se acentuó por el impacto socioeconómico, sanitario y político del coronavirus, incluido un aumento de la xenofobia, que dificulta la posibilidad de acceder a servicios básicos, de acuerdo al texto de la OIM.
Pero también la mayoría de los Estados de América del Sur introdujeron reglas excepcionales de migración para personas provenientes de países del Caribe y de otros continentes en la última década, lo que permitió a centenares de miles de migrantes vivir en esos países de manera regular.
Otros factores que decidieron los desplazamientos fueron los desastres derivados de terremotos y huracanes, y el cambio en el gobierno de Estados Unidos.
Sin la opción de usar rutas migratorias regulares, muchos migrantes recurren a los traficantes, lo cual aumenta su nivel de vulnerabilidad y crea inquietud en torno a su seguridad, como en el caso de Darién, aunque otro ejemplo está en las peligrosas travesías por el Caribe en pequeñas y sobrecargadas embarcaciones.
Al margen de su alianza con Acnur (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados) para encarar el tema de la migración y acogida de venezolanos en países vecinos, la OIM solicitó apoyo con 75 millones de dólares para programas de atención a migrantes vulnerables en tránsito en la región.
La asistencia incluye alimentos, ropa, servicios sanitarios, apoyo psicosocial, albergues seguros y protección para víctimas y personas en riesgo de sufrir violencia basada en género y trata de personas, así como apoyo a los países de acogida para que atiendan el impacto del creciente arribo de migrantes.
La migración en Latinoamérica crece y es un factor a considerar en el futuro inmediato.
Fuente: eldiariodelarepublica.
