Por Sebastián Astorga (*) – Una ciudad fronteriza dividida en dos países, en la que antes de la pandemia por el Covid-19 se transitaba sin pasar por aduanas o controles, está ahora dividida por vallados en los dos puentes que cruzan de Ecuador a Perú en sus cercanías, cercenando casi por completo la única actividad comercial de la que sobrevivía y agobiando aun mas la situación de los más de diez mil migrantes que están de paso, muchos de ellos a pie.
Apenas al bajar a un pequeño terminal de pasajeros, una decena de hombres del lugar se tiran a la puerta del autobus para ofrecer a quienes llegan a la ciudad lo mismo: “Perú, Perú, Perú”. El negocio del paso por la frontera no es nada complicado y cuesta entre 3 y 5 dólares estadounidenses para pasar por “trochas” o pasos irregulares lejos de los puntos de control militarizados por ambos países.
Uno de los coyotes que ofrecen el paso frente al vallado del puente principal que divide la ciudad, recuerda que “aquí está cerrada la frontera, pero estamos entrando por pasos clandestinos”. El hombre, que pidió no ser indentificado, justifica su labor ya que “la gente necesita hacer sus compritas tanto como allá y acá y tiene que pasar para ganarse la vida”. “En motito [se tardan] unos 8 minutos y se llega hasta allá al Perú para hacer sus compras y a la venida se los trae de vuelta” o “para llevar personas hasta un poco más allá para que sigan su camino”.
Todo esto se ha dado en medio de un momento en que la provincia ecuatoriana de El Oro haya quedado bajo un estado de excepción por un alto número de contagios nuevos de covid-19, sumado a la primera detección de casos de la variante Delta del virus en el país. El aislamiento que sufrió el pueblo del resto del país en los últimos meses causó que el pasado 2 de agosto, se declarara un paro de transporte que bloquea los accesos de camiones y vehículos por la autopista panamericana.
Los migrantes de Venezuela cruzan el bloqueo de la autopista panamericana impuesto
por el paro de transporte de trabajadores de Huaquillas. (Foto: Sebastián Astorga)
Sin embargo, desde hace años esta pequeña localidad fronteriza es testigo de un alto flujo de migrantes y refugiados, la mayoría de origen venezolano, pero también haitiano y colombiano, quienes han huído de sus países debido a la crisis humanitaria o remanencias del conflicto armado en Colombia. Desde el inicio de la pandemia por el Covid-19 a inicios de 2020, el número ha disminuído debido al cierre de la frontera. No obstante, el flujo irregular a traves de trochas es dificil de calcular.
Tal es el caso de Emerilda Torres. Una mujer de 67 años oriunda de Maturín, Venezuela, que decidió dejar Venezuela a pie y en solitario en febrero de este año en busca de su hijo, con quien perdió contacto y no sabe más nada de él excepto que se ecnontraría en Chile. Emerilda ha cruzado Colombia y Ecuador caminando, y ha sido víctica de acoso y robos en multiples ocasiones. Emerilda recurrió un día a finales del mes de julio al Servicio Jesuita a Refugiados de Huaquillas solo con una pequeña cartera en la que guarda su pasaporte, vencido, ya que la noche anterior le robaron la pequeña mochila que cargaba mientras dormía en una plaza antes de llegar a Huaquillas.
Emerilda Torres (derecha) recibió asistencia de la ONG Servicio Jesuita tras ser asaltada
varias veces en su camino caminando sola desde Venezuela a Chile. (Foto: Sebastián Astorga)
Según el Servicio Jesuita a Refugiados, actualmente el flujo de migrantes como Emerilda que cruzan a frontera diariamente es de más de 100 personas –al menos ese es el número de personas que asiste esta ONG–, pero que es imposible conocer realmente ese número debido a la falta de control de una frontera porosa e insegura para personas y familias vulnerables.
Organizaciones como el Servicio Jesuita, Cáritas o el Consejo Noruego para los Refugiados están actulamente presentes brindando apoyo a una población flotante que se estima en diez mil personas únicamente en la ciudad de Huaquillas. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, que causó el cierre de esta frontera, dos centros de asistencia a refugiados ubicados en las aduanas tanto de Perú como de Ecuador y administrados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y ACNUR, fue clausurado y actualmente se encuentra en estado de abandono. Según diversas fuentes consultadas de estas organizaciones, se trata de una maniobra por parte de Ecuador y Perú para desinsentivar el cruce de la frontera.
Los migrantes de Venezuela atrapados en Huaquillas asisten al Consejo Noruego para los Refugiados de la ciudad
para recibir cupones que pueden cambiar por comida. (Foto: Sebastián Astorga)
Huaquillas es una ciudad dedicada exclusivamente al comercio. A pesar de estar localizada relativamente cerca de algunas zonas de alta productividad agrícola, el clima seco hizo de la ciudad ecuatoriana un punto de paso entre un país dolarizado como Ecuador y Perú. El mercado, cientos de tienditas y vendedores ambulantes han trabajado en la ciudad desde hace mucho tiempo. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia y la posterior militarización de la frontera cerrada, se agudizó una crisis humanitaria que ya venía llamando la atención de organismos internacionales que ayudaban en el lugar: Miles de migrantes venezolanos, muchos a pie, quedaron varados en sus calles y plazas en su ruta hacia el norte o hacia el sur.
Según la coordinadora territorial del Servicio Jesuita en la provincia de El Oro, Silvia Campoverde, “hay muchos, cientos de pasos irregulares, pasos clandestinos. Para cruzar esos pasos irregulares ellos también tienen que pagar para pasar de un país al otro. Esto profundiza la militarización por parte de Perú, que en algunos casos se ponen más rigurosos con los controles y ahí vemos un represamiento en la frontera.”
Además, las personas migrantes a veces son engañadas y estafadas en su ruta, especialmente desde Venezuela. “Las personas a veces reciben un documento, les indican que con una cédula pueden tener acceso a alguna asistencia, pero no son cédulas regulares. Hay casos en los que incluso ofrecen carnets de refugiados, que es algo que no está regularizado y también les cobran por ese tipo de documentos”.
El centro de asistencia a los refugiados gestionado por el ACNUR y la OIM en el lado
ecuatoriano está cerrado y abandonado desde marzo de 2020. (Foto: Sebastián Astorga)
Para Campoverde, los migrantes que llegan a Huaquillas “son personas que están expuestas a la explotación laboral. Existen zonas lindantes del sector camaronero, minero y bananero. Pero ellos reciben remuneraciones muy inferiores de las que el gobierno establece. Estan expuestos a la explotación laboral, pero muchos de ellos saben que es una fuente de ingresos”.
Como consecuencia, la ayuda de parte de las organizaciones presentes no logran cubrir las necesidades de familias enteras que se quedan varadas en Huaquillas, ya sea de paso en su camino hacia Chile o Argentina, o para quedarse residiendo.
Ecuador tradicionalmente no es un país que incrimine oficialmente migrantes, pero que, tal como lo explican Christiaan Beyers y Esteban Nicholls en un artículo publicado por la Universidad de Cambridge, promueve la canalización de la población migrante fuera del país de manera indirecta, mediante métodos como la imposición de visados con costos muy elevados o el requerimiento de documentos que para muchos migrantes son casi imposibles de conseguir.
Para los investigadores de este estudio, esta política migratoria genera consecuencias parecidas a las que suceden en países con políticas migratoria estrictas que instruyen la deportación o la encarcelación de personas indocumentadas en las fronteras. El caso de Emerilda Torres, la mujer de 67 años que viaja sola con destino a Chile, es un caso aislado que logró recibir alojamiento temporal, asistencia psicológica y comida al llegar a Huaquillas luego de sufrir multiples acosos. Como ella, hay muchos más cruzando esos pasos irregulares, pero es dificil llevar un registro que, al menos, permita saber la verdadera magnitud de una crisis que no mengua.
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