Ha aumentado exponencialmente el número de brasileños que emigran ilegalmente al país norteamericano, mientras se incrementa el número de extranjeros que llegan sin papeles al gigante sudamericano y piden asilo
Un reciente informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil revela que unos 4,6 millones de brasileños viven en el extranjero. La mayor concentración se da en Estados Unidos, donde se establecieron 1,9 millones -con Nueva York a la cabeza- seguido por Portugal con 254.000 emigrantes, Reino Unido con 220.000 y Japón, con más de 206.000. Los datos se refieren a 2022, pero en realidad sólo ofrecen una imagen parcial de la particular situación migratoria que caracteriza a Brasil en los últimos meses.
Por un lado, ha aumentado exponencialmente el número de brasileños que emigran ilegalmente a Estados Unidos, muchos de ellos a través de la dramática ruta de la Selva del Darién, entre Panamá y Colombia; por otro, se incrementa el número de extranjeros que llegan ilegalmente al país latinoamericano y que casi siempre solicitan el estatuto de refugiado. Según un informe del Comité Brasileño para los Refugiados (Conare) y del ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, Brasil tiene 65.811 personas reconocidas como refugiados. En abril, la nacionalidad que más solicitó el reconocimiento de la condición de refugiado fue la venezolana, con 2.227 peticiones. Los cubanos ocuparon el segundo lugar, con 1.014.
En cuanto a los brasileños, el destino favorito en América Latina sigue siendo Paraguay, donde llegaron 246.000 sólo en 2021. Los que emigran ya no son solo los “brasiguayos”, o brasileños que se trasladaron allí durante años para cultivar soja, sino ciudadanos atraídos por las ventajas fiscales del país y las oportunidades de empleo, especialmente como mano de obra.
Más crítica, en cambio, es la situación de los emigrantes brasileños en Portugal que, según datos de 2022, representan el 30,7% de los extranjeros que viven en el país europeo. Muchos de ellos, sin embargo, atraídos por la posibilidad de una vida mejor, una vez allí han tenido que hacer frente a la crisis económica de Portugal, que registra la mayor inflación de los últimos 30 años y un aumento sin precedentes de los alquileres. De hecho, el mercado inmobiliario portugués se ha vuelto esquizofrénico debido a un visado de oro especial, ahora retirado, que permitía a quien invertía por lo menos 500.000 dólares en inmuebles tener la ciudadanía europea, lo que atrajo a muchos ciudadanos estadounidenses y británicos, pero también hizo que los precios de los inmuebles se dispararan. Por eso, muchos brasileños están pidiendo ayuda a consulados y ONG para sufragar los gastos de repatriación a su país de origen. Sólo en 2022 se produjeron 687 repatriaciones desde Portugal, facilitadas principalmente por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU.
En cuanto a Estados Unidos, la emigración ilegal desde Brasil también se está convirtiendo en un problema importante en las relaciones entre ambos países sobre el tema. Solo de enero a mayo de este año, ICE, la agencia de Inmigración y Aduanas, deportó a 597 brasileños, llevándolos de vuelta a casa en vuelos pagados por el gobierno estadounidense. Desde octubre de 2019, 8.969 personas han sido repatriadas a Brasil todas en el aeropuerto de Confins, Belo Horizonte, en el estado de Minas Gerais. El pico se alcanzó el año pasado con 42 vuelos que deportaron a 4.516 personas. Se trataba de brasileños ilegales o varados mientras intentaban cruzar la frontera con México. Todos los vuelos de expulsión han aterrizado en este aeropuerto porque la mayoría de esos brasileños son de Minas Gerais.
El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, dijo a la prensa local a principios de 2023 que esperaba que Estados Unidos volviera sobre sus pasos en relación con los vuelos de deportación. La respuesta del subsecretario adjunto del Departamento de Estado, Ricardo Zúniga, fue inmediata: “El aumento del número de vuelos se debe al espectacular incremento del número de brasileños que llegan a la frontera. Tenemos que asegurarnos de que las personas que se encuentran en situación irregular pasen rápidamente por la Justicia, para que si son devueltas a Brasil se haga de la forma más rápida, eficaz y segura posible. Ese es nuestro objetivo”. En respuesta, el Gobierno de Lula decidió reintroducir la obligación de visado de turista para los ciudadanos estadounidenses, canadienses y japoneses a partir de octubre, en nombre de la “reciprocidad”.
Pero los brasileños no abandonan su sueño americano, sea cual sea el precio. En junio, la Policía Federal del país sudamericano desmanteló una red delictiva de “coyotes” que introdujo clandestinamente en Estados Unidos a más de 250 brasileños a través del Río Grande, en la frontera con México, acompañadas de cientos de niños que, según los delincuentes, facilitaban la entrada. Para eso, la red proporcionaba a las víctimas documentos falsos que certificaban sus relaciones familiares. A cambio, pedían una comisión de hasta 25.000 dólares por persona, pero en la mayoría de los casos las víctimas fueron detenidas y deportadas por las autoridades estadounidenses. Además, hace tiempo que muchos brasileños ilegales llegan a Estados Unidos a través de la nueva ruta de Yucatán, que ha ido en aumento desde la pandemia.
Entre las razones de esta nueva oleada migratoria sin precedentes y paradójica, dado que Brasil ha sido un importante destino para la migración de europeos durante décadas, está la cuestión económica, el desempleo, la inestabilidad política y, sobre todo, la emergencia de seguridad que ha alcanzado niveles dramáticos en muchas de las ciudades del país. Esta huida de Brasil también ha repercutido en los últimos datos del Censo Demográfico del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE), que registró la tasa de crecimiento demográfico más baja de su historia, con un aumento de apenas el 0,52% anual de media desde 2010.
Sin embargo, no sólo se marchan los brasileños que buscan mejores condiciones de vida, sino también las clases más adineradas. La consultora privada Henley & Partners estima que 1,2 mil millonarios brasileños emigrarán hasta finales de año. Brasil ocupa el quinto lugar en esta particular clasificación liderada por los millonarios chinos. Y los que no se van en persona envían su dinero fuera. Según datos del Banco Central, sólo en 2022, 4.700 millones de dólares (unos 22.500 millones de reales) fueron enviados por particulares al extranjero. La cifra representa un salto del 22% en comparación con 2021 y del 63% en comparación con 2019. Y este año, el número sigue siendo alto: más de mil millones de dólares (unos 4,800 millones de reales) fueron enviados al extranjero en el primer trimestre, acercándose al nivel del año pasado.
La otra cara de la moneda es la migración a Brasil impulsada por la desesperación. En los tres primeros meses de 2023, el país batió el récord de venezolanos, con la impresionante cifra de 51.838 según datos de la Operación ‘Acogida’, gestionada por el gobierno de Brasilia con la ayuda de ACNUR. “Este número de personas aumentó en los tres primeros meses del año porque hubo una devaluación del 300% de la moneda venezolana”, explicó a Diálogo Interamericano Alejandro Guzmán, director de relaciones institucionales de la ONG Casa Venezuela.
“El salario mínimo actual no alcanza ni para comprar 12 huevos en el mercado. Así que más gente ha decidido abandonar el país. Incluso se han tenido que abrir albergues que estaban cerrados para acogerlos”, afirma Guzmán, que ve con pesimismo la situación en Venezuela”. Roraima, fronteriza con Venezuela, se ha convertido en uno de los focos de esta emigración con una crisis humanitaria sin precedentes. En comparación con el primer trimestre de 2022, en el mismo periodo de 2023 entraron en el país un 64,3% más de venezolanos, a menudo contratados por la minería ilegal. También han aumentado los niños venezolanos no acompañados y las personas portadoras de enfermedades como la malaria. El padre Jesús de Bobadilla, uno de los líderes de la red brasileña de apoyo a los venezolanos en Pacaraima criticó duramente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva por su apoyo al dictador Nicolás Maduro, considerado uno de los responsables de la crisis en Venezuela. “La situación está empeorando y, a pesar de los esfuerzos de las instituciones, la solución al problema está en Caracas”, dijo.
También es dramática la situación de los refugiados afganos que han convertido el mayor aeropuerto de América Latina, el de San Pablo Guarulhos, en su refugio. Hasta finales de junio vivieron allí 123 afganos, algunos afectados por una enfermedad cutánea, la sarna, que después de meses y no sin polémica al final fueron trasladados en centros de acogida del litoral paulista. Mientras tanto, otros 62 han llegado y se han instalado en el aeropuerto, según informa la ONG Frente Colectivo Afgano. También ellos esperan un alojamiento digno. Hasta el 14 de junio de 2023, el gobierno brasileño ha concedido 11.576 visados humanitarios a afganos que huyen de su país tras la retirada de las tropas estadounidenses en agosto de 2021. Y aunque todavía no llegan flujos migratorios significativos desde las costas de África como en Europa a través del Mediterráneo, la historia de cuatro nigerianos escondidos en la parte inferior del timón de un carguero llenó las portadas de los diarios brasileños en julio. Los cuatro no sabían que habían llegado a Brasil y fueron recuperados sanos y salvos por la Policía Federal. Dos de ellos han solicitado el estatuto de refugiado. Por último, según datos del Observatorio Brasileño de Migraciones Internacionales, los vecinos argentinos también están emigrando más a Brasil a causa de la feroz crisis económica que atraviesa su país. Un aumento del 82% respecto a 2022 confirmado por las autoridades migratorias.
No faltan redes criminales que utilizan Brasil por la facilidad de obtener documentos falsos como base para el tráfico de personas con destino final en Norteamérica. En abril, la Operación Jano de la Policía Federal detuvo a un ciudadano iraní acusado de dirigir una red de tráfico de personas, por una tarifa de entre 30.000 y 60.000 dólares por persona. La investigación había comenzado en mayo de 2021 en Foz de Iguazú, después de que una alerta de Interpol descubriera a cuatro iraníes procedentes de Brasil que transitaban por la República Dominicana con pasaportes canadienses falsos.
Fuente: infobae