Cuando van a cumplirse el quinto y el primer aniversario de los fallecimientos en Venezuela de Anjel Aldana y Txetxu Urteaga, nuestro más sentido homenaje a estos dos luchadores vascos a los que la muerte les alcanzó en la deportación, fuera de su tierra.
Un castigo como la deportación que ya va para cumplir cuarenta años desde que los Estados español y francés lo pusieran en marcha para acabar con la resistencia en Euskal Herria y que, en la práctica, ha supuesto una condena perpetua para los que la sufren. El que entonces se consideró como “mal menor” que aún sufren 8 vascos en varios países africanos y latinoamericanos, y del que se han desentendido completamente los dos Estados que la impulsaron.
Pero los deportados aún siguen ahí, esperando que su situación se resuelva como debiera ser en un escenario donde, al menos de una de las partes, la violencia ha sido superada, y amerita soluciones justas y valientes para ir cerrando de manera positiva las consecuencias de un conflicto que ha condicionado durante décadas la vida política y social de Euskal Herria.
El tiempo ha hecho mella en la situación de los deportados, y en general también de los refugiados, pues cuatro décadas son mucho tiempo como para que la salud o la misma naturaleza no vayan ya cobrando su tributo. Hoy los deportados y refugiados y refugiadas son en su mayoría personas de edad avanzada, algunos con estados de salud delicados, pero por el momento su situación no tiene ningún viso de solución a la vista para que se produzca su regreso a Euskal Herria con unas mínimas garantías.
El hablar de mínimas garantías supone que en muchos casos, el regreso a sus pueblos supondría su encarcelamiento hasta el final de sus vidas por estar inmersos sus casos en sumarios instruidos por la Audiencia Nacional española que de manera cínica ha ido cortando la prescripción de los mismos a través de mecanismos que sólo responden a un afán de venganza y de aplicación del código penal del enemigo. El objetivo es claro, manejar el tema de la prescripción de los sumarios para que se convierta en la práctica en una condena perpetua para los deportados y refugiados. Los casos de Anjel y Txetxu son paradigmáticos en ese sentido.
También para obstaculizar el regreso a Euskal Herria de deportados y refugiados, la Audiencia Nacional se ha negado hasta la fecha y de manera rotunda a permitir que los abogados de esas personas tengan acceso a la información existente en sus archivos sobre la situación jurídica que les afecta, impidiendo así el estudio de las posibilidades de regularizar su situación, lo que posibilitaría su regreso a Euskal Herria. La exigencia de la Audiencia Nacional es que los deportados y refugiados se presenten ellos mismos a solicitar información sobre los casos en los que pudiesen aparecer, pero esta propuesta trampa semeja más a una forma de acceder a sus detenciones y encarcelamientos que a una real voluntad de superar el conflicto y sus consecuencias de una manera justa y democrática.
La superación de las consecuencias del conflicto que ha enfrentado de manera virulenta a Euskal Herria con los Estados tiene mucho que ver con cuestiones políticas, sobre todo de las decisiones que se puedan tomar en aras de lograr una verdadera reconciliación en la sociedad vasca, donde todas las víctimas sean dignificadas. Pero también tiene que ver con el necesario cambio de actitud de legisladores y jueces a la hora de interpretar sus funciones y a la hora de tomar decisiones que afecten a los casos relacionados con deportados y refugiados, que sean guiadas por una real voluntad de superar y cerrar las heridas, y que pongan de una vez de lado las actitudes de venganza y confrontación que la mayoría de la sociedad vasca quiere dejar definitivamente detrás.
Debería ser fundamental para lograrlo eliminar los sumarios contaminados por la tortura que afectan a una buena parte de deportados y refugiados, y cuestión que es recogida en la legislación internacional y también en la del Estado español. Algo que cobra aún más sentido cuando en estos tiempos las evidencias de la aplicación sistemática de la tortura en las últimas décadas en Euskal Herria han sido notorias, como lo prueban los informes de las instituciones vascas, las innumerables denuncias de los y las afectados y afectadas o incluso, con las declaraciones públicas de algunos protagonistas policiales y militares de casos de tortura tan evidentes como en el caso Zabalza. El propio vice-Presidente del Gobierno español declaró públicamente que la tortura habia sido utilizada como “elemento procesal”.
Nadie podrá hablar de una Euskal Herria normalizada mientras existan presos, deportados y refugiados lejos de casa, porque mientras los haya, nuestra sociedad seguirá sin cerrar definitivamente las heridas. Ya es hora de que regresen todos y todas.
Anjel eta Txetxu gure memorian.
Fundación Pakito Arriaran
