Rocío Latorre
Con el cierre de las fronteras a propósito de la crisis sanitaria, el Servicio Jesuita a Migrantes (SJM) revela en su informe 2020 que mientras en 2019 se registraron 8.048 casos de ingresos informales, el año pasado la cifra llegó a 16.848. La directora de la entidad, Waleska Ureta, señala que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más precaria y vulnerable”.
Son principalmente ciudadanos venezolanos, pero también haitianos, peruanos, colombianos y bolivianos. Así se compone, a grandes rasgos, el flujo migratorio de Chile, si se analiza el período 2010 a 2020. Y esa es una de las conclusiones del “Anuario 2020″ del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), que en esta edición analizó los efectos de las regulaciones migratorias estatales en la población migrante y, en contexto de pandemia, las vulnerabilidades que se pueden haber intensificado a partir de la crisis sanitaria y las restricciones vigentes.
Así, y teniendo en cuenta el cierre de fronteras decretado a fines de marzo de 2020, la variación de ingresos migratorios a Chile cayó un 70% el año pasado respecto de 2019, lo que representa la mayor caída del período analizado en el estudio (2016-2020). Sin embargo, y según explica la directora de la entidad, Waleska Ureta, “las crisis sociopolíticas y humanitarias del continente, sumadas a la pandemia, han dado paso a una migración más precaria”. En ese escenario, los ingresos por pasos no habilitados se duplicaron durante 2020.
Si en 2019 se registraron 8.048 de estos casos, la cifra de migrantes detectados en esa condición creció a 16.848 el año pasado, ya sea por flagrancia, fiscalizaciones o autodenuncia en comisarías. Con estos números, Ureta asevera que “en pandemia no es que las personas hayan dejado de migrar, sino que la forma de hacerlo cambió a una más vulnerable: cruzando el desierto, caminando, una forma mucho más riesgosa para las personas”.
En mayor proporción, y atendiendo a la crisis humanitaria y política del país, son los venezolanos quienes lideraron durante 2020 las entradas por pasos no habilitados (12.935), seguidos por ciudadanos haitianos (1.089). “Los primeros pasaron de nueve registros en 2017 a un total de 12.935 en 2020, lo que implica un aumento del 143.622% en tres años (…). Los segundos pasaron de 12 registros en 2017 a 1.089 en 2020, lo que trae un aumento de un 8.975%”, detalla el informe.
Sin embargo, y según se analiza en el documento, con las medidas administrativas del gobierno y las expulsiones, la población haitiana en Chile registró en 2019, por primera vez, un saldo migratorio negativo -es decir, más salidas que entradas- cifrado en 2.963 habitantes menos. Y en 2020 ocurrió lo mismo con la colectividad venezolana, registrando una caída de 4.200 casos. En los números, entre 2018 y 2020 se emitieron 18.725 órdenes de expulsión, y en cuanto a nacionalidades, comienza a tener preponderancia la venezolana, constituyendo el 43% de estas en 2020.
Este es un aspecto que preocupa, señala Ureta. “La autoridad ya ha anunciado expulsiones en el contexto del Plan Colchane, ya ha habido en el verano, y lo han dicho públicamente: tienen pensada la expulsión de 3.800 a cuatro mil personas y hay 15 vuelos comerciales para ello”.
El profesor de la Escuela de Gobierno UC y experto en migración, Miguel Yaksic, precisa que “la evidencia en el mundo muestra que las políticas restrictivas que no comprenden la migración integralmente y que no la abordan regionalmente como un fenómeno que tiene que ser asumido junto a otros países terminan por producir efectos no deseados. Los cierres de fronteras bajan los números generales, pero son caldo de cultivo para ingresos ilícitos y trata de personas”.
Fuente: latercera
