En busca de una vida mejor, vecinos desembarcan en una región trastornada por la minería ilegal y con poca infraestructura
Eran poco más de las 7 a. m. cuando el auto de la aplicación estacionó afuera de un hotel en Boa Vista. El conductor era un conductor venezolano. El viaje hasta el albergue Waraotuma a Tuaranoko, el más grande de América Latina para migrantes indígenas, tomó alrededor de 20 minutos. Entre conversación y conversación, la radio sonaba canciones de artistas tradicionales del país vecino, como Mirla Castellanos y Diosa Canelas -en la capital, el español se ha convertido prácticamente en una segunda lengua-.
Un camino de terracería conduce al albergue, donde viven casi 1.100 indígenas venezolanos, la mayoría warao. En la entrada, los niños corren a abrazar a sus padres que acaban de llegar. Otros llevan víveres y objetos a las unidades habitacionales de emergencia, instaladas por la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) en espacios mantenidos en alianza con el gobierno federal en Roraima, a través de la operación Acolhida.
Sulverio Jesus, de 58 años, vino a Brasil con toda su familia tras perder a su hija por falta de atención médica. “No pudimos obtener la medicina adecuada para su enfermedad y, desafortunadamente, no hubo suficiente tiempo para venir antes de que muriera. Muchos hermanos venezolanos decían que aquí tendríamos acceso a la salud”, dice él, quien tiene otros ocho hijos.
Los Warao viven en la región nororiental de Venezuela, cerca de la frontera con Guyana, en el delta del río Orinoco. Según Jesús, la localidad tiene mucha riqueza natural, y su gente vivía de la pesca, la caza y la agricultura. Sin embargo, dada la crisis que atraviesa el país, casi el 90% de los indígenas se han ido de la región. “La inflación es cada vez más alta y nadie puede controlarla”, dijo.
Además de la crisis humanitaria del pueblo yanomami, Roraima vive desde 2016 con la tragedia económica que lleva cada día a miles de venezolanos a abandonar su país. Este es el caso de la artesana Arjenia Centeño, de 43 años, también indígena Warao. Los padres huyeron de la crisis en 2019 y ella tuvo que venir definitivamente a finales de ese mismo año, cuando su madre enfermó. Para sobrevivir creó una cooperativa de artesanías a base de fibra de burití y hoy alimenta a casi 20 familias. Aunque están lejos de su tierra natal, Arjenia dice que la comunidad busca mantener vivas las tradiciones de su gente: “Tenemos nuestra cultura, como la danza, la música, la creencia, además de la lengua warao”.
Vulnerabilidad social
Según el oficial de campo responsable de coordinar los albergues de ACNUR, Rafael Levy, los Warao fueron unos de los primeros venezolanos en llegar a Brasil. “Muchos se mudaron precariamente y llegaron con mala salud e incluso con desnutrición”, explica.
La mayoría de las solicitudes de refugio se concentran en Pacaraima y Boa Vista. ACNUR y las Fuerzas Armadas gestionan 11 albergues en la capital y otros dos en el municipio interior, donde viven unas 6.300 personas, de las cuales 2.500 son menores de edad. Según la subcomisión federal para la recepción, identificación y control de inmigrantes, en diciembre vivían en el país 414.502 venezolanos y casi 14 mil personas ingresaron a Brasil.
“Vine a buscar una nueva oportunidad en la vida”
El refugio más grande de Boa Vista, Rondón 1, tiene más de 1900 personas que provienen de diferentes orígenes, pero enfrentan dificultades similares. Este es el caso de Manuel Castillo, de 56 años, quien era chofer de PDVSA, empresa petrolera estatal y considerada la más grande de Venezuela. “Ganaba muy bien, pero con el tiempo ya no alcanzaba ni para comer. Vine a buscar una nueva oportunidad en la vida y ahora me voy a Goiânia a trabajar como chofer”, dice. Es parte de un proyecto de interiorización, en el que los venezolanos son conectados a trabajos en otros estados. “Me da mucha tristeza”, dice Paulo Figuera, de 39 años, quien vino con su esposa, Ester Malaver, de 52, y su hija de 14 años. Dice que el aumento de la violencia también contribuyó a la decisión de salir de Venezuela.
Bajo la copa de los árboles de la plaza que se hizo conocida a nivel nacional por haber albergado a miles de personas al inicio de la crisis migratoria venezolana, el ingeniero mecánico Bernardo Lopes, de 62 años, y su esposa, Sunilde Bolívar, de 63, comparten un trozo de tela en la medio de la hierba. La pareja vive en un refugio cerca de la estación de autobuses y solo pueden entrar de noche. “No quieren contratar a nadie como nosotros”, dice, refiriéndose a su edad. A unos metros, Jenifer Campo, de 28 años, intenta vender bocadillos en el semáforo, con su hija de 9 meses en el regazo. Llegó con su madre y su prima hace dos semanas y desde entonces duermen en la calle. “Ya no se puede comprar comida (allí)”, lamenta.
