Con el 23 de septiembre como horizonte ya son muchos los pliegos que recorren la sociedad intentando sumar la rúbrica de medio millón de personas —que han de tener la nacionalidad española y ser mayores de edad, o al menos cumplir 18 años antes de la citada fecha— para que se concrete lo que el movimiento antirracista y sus aliados llevan peleando casi desde la irrupción de una crisis sanitaria que acrecentó la vulnerabilidad en la que viven tantas personas en el territorio, las mismas que en muchos casos desarrollaron los trabajos esenciales que permitieron garantizar los cuidados o la recolección de alimentos en los campos. Miles de personas que vieron sus expectativas de acceder a papeles —en un momento en el que en otros estados europeos se ensayaban formas más o menos ambiciosas de regularización extraordinaria— frustradas a pesar de los esfuerzos por llevar esta agenda a la legislación, y de la excepcionalidad de la pandemia.
Tras meses de trabajo y coordinación, quienes promueven este segundo intento, estarán presentes en las calles el próximo fin de semana, con una macrorecogida de firmas en 16 ciudades. Pretenden así influir en una sociedad que, consideran, no se puede permitir mantener a miles de personas fuera de la ciudadanía y de la protección del Estado.
“La irregularidad supone estar en una situación de vulneración de derechos permanente: no contar con derechos laborales, la explotación laboral, la trata de personas, la explotación sexual, la exclusión de servicios públicos básicos y esenciales como la educación, la sanidad y la vivienda”, recuerda la portavoz del Comité de Valencia de la ILP Regularización Ya, Hilda Pérez, quien resalta que son también unos 150.000 niñas, niños y adolescentes quienes se hallan en esta situación, implicando esto el abandono de un Estado que no respeta el interés superior del menor.
La exclusión de este medio millón de personas, recuerda, también tiene consecuencias negativas para el conjunto de la sociedad, si bien desde Regularización Ya insisten en la necesidad de escapar de argumentos utilitaristas, apuntan que el mantener indocumentados a estos trabajadores y trabajadoras supone “una gran pérdida de aporte económico y fiscal, porque impide contribuir dignamente con las capacidades que tenemos, con todos los saberes que traemos, con toda la capacidad productiva que tenemos al sostenimiento de la sociedad y de la vida”. También la invisibilidad de las personas migrantes en situación irregular les impide participar o ser tenidas en cuenta en el diseño de políticas públicas, o en la planificación de servicios públicos esenciales. “Si no existimos administrativamente de forma estadística, no se puede generar ningún tipo de política pública que responda realmente a las necesidades del conjunto de la sociedad”, concluye Pérez.
La estrategia para la ILP por la regularización extraordinaria responde a una mirada que, partiendo de la centralidad de las personas migrantes y racializadas como sujeto político, considera también esenciales las alianzas
Si bien son personas migrantes y racializadas quienes, articuladas en el movimiento Regularización Ya están liderando una vez más la pugna por la regularización, en esta ocasión lo hacen de la mano de la Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, REDES, Alianza por la Solidaridad y Solidaridad Internacional. Juntos componen el grupo promotor que lleva trabajando en traducir las demandas de regularización en una ILP desde mediados de 2021.
La estrategia responde a una mirada que, partiendo de la centralidad de las personas migrantes y racializadas como sujeto político, considera también esenciales las alianzas que, “son imprescindibles para empujar esta iniciativa, porque esta es una lucha de todos, de toda la sociedad, no es un problema marginal que solo atañe a las personas migrantes, tiene que ver con cómo entendemos una sociedad amplia, cómo entendemos una sociedad justa, cómo entendemos una sociedad de derechos”, apunta la también integrante de Regularización Ya, Marita Zambrana, desde Madrid.
Una mirada holística que no pierda de vista que “las políticas migratorias tienen que estar hechas para personas, no para seres que son instrumentalizados según convenga. Somos personas con memoria, con familia, con aspiraciones y con saberes que también tenemos dignidad y tenemos por derecho propio muchas cosas que decir y que se nos tienen que respetar”, defiende Pérez. Es desde esta premisa que se persigue un marco de políticas migratorias que abandone el dictado securitario y abrace el marco de los derechos humanos, una empresa nada fácil, para la que las instituciones ponen numerosos obstáculos.
Un ejercicio de perseverancia
Hace apenas un año y medio que la Propuesta No de Ley por la regularización, diseñada, defendida y peleada por el movimiento Regularización Ya en cooperación con la Plataforma Obrim Fronteras y ocho formaciones políticas que apoyaron la iniciativa, fue descartada en el Congreso. Atrás quedaban meses de organización en red y colectiva, que también se había expresado con movilizaciones en la calle, en los meses posteriores al confinamiento total, cuando viajar entre comunidades autónomas requería de salvoconductos, y las manifestaciones estaban sujetas a rígidas medidas resultantes de la crisis sanitaria. El bloqueo de la PNL en el Congreso supuso para quienes la promovieron una oportunidad perdida que si bien no les sumió en el derrotismo, les obligó a “ajustar las expectativas”, apunta Pérez.
Y es que la PNL era “contundente”, junto a la regularización, exigía demandas históricas de los movimientos migrantes que incluían el cierre de los CIE, el refuerzo de las oficinas de extranjería para evitar las recurrentes caídas de las personas migrantes en la irregularidad sobrevenida como resultado de la desidia burocrática de la administración, la facilitación de algo tan central como la reagrupación familiar, o mejorar la situación de los menores no acompañados. Un texto muy ambicioso, pero también no vinculante, apunta Pérez: “Aún así, entendimos que era el camino más expedito para poder hacer esa petición urgente y establecer lo que pudieran ser las bases para una eventual derogación de la Ley de Extranjería”. Las resistencias a este reconocimiento de derechos se escudaron en el argumento de que la Unión Europea impedía una regularización en estos términos, algo que fue desmentido por las propias instituciones comunitarias meses después.
El camino legislativamente transitable pasa por la modificación de una disposición transitoria presente en la Ley Orgánica 4/2000 del 11 de enero. Una norma creada ad hoc, explica Pérez, para posibilitar procesos de regularización. Y es que, recuerda la activista, son ya seis las regularizaciones extraordinarias que ha realizado España, todas ellas con motivación económica, para dar respuesta a la demanda de mano de obra en momentos como la burbuja inmobiliaria. La apuesta es sencilla, consiste en modificar la fecha de la disposición: la ILP defiende una regularización extraordinaria, pues, para todas las personas extranjeras que se encontraran en territorio español antes del 1 de noviembre de 2021.
Conseguir el medio millón de firmas es solo la primera parte del desafío: una vez llegue la iniciativa al Congreso, se necesita que haya el suficiente acompañamiento por parte de las fuerzas políticas para que la propuesta prospere
Conseguir el medio millón de firmas es solo la primera parte del desafío: una vez llegue la iniciativa al Congreso, se necesita que haya el suficiente acompañamiento por parte de las fuerzas políticas para que la propuesta prospere, de momento, ya tienen el precedente de las ocho formaciones que se sumaron a la PNL. Para ello planean hacer presión en la sociedad y en el hemiciclo, pues, si bien el horizonte son medidas de más amplio calado como las que contemplaban en la PNL, “con el hecho de regularizar a 500 mil personas, estamos dando un paso histórico adelante. El paso histórico de que se está haciendo desde la fuerza, la conciencia, las voces migrantes, y que esas voces y esas conciencias, esa fuerza migrante, está teniendo calado dentro de lo que viene siendo el espacio de toma de decisiones de toda la sociedad”, se esperanza Pérez.
Para ello, tienen ocho meses por delante para “ilusionar a nuestras comunidades migrantes y racializadas, y generar conciencia en nuestras vecinas, vecinos, amantes, empleadores, a todas esas personas con las que compartimos barrio, cuyos hijos comparten las aulas con los nuestros”, apunta Pérez. En una sociedad donde se agita el fantasma de la ultraderecha, la centralidad de la agenda antirracista es indiscutible, explica por su parte Zambrana: “Estamos en una batalla de ideas, en una batalla cultural donde la extrema derecha y la derecha ya tienen un lugar bien ganado ahí porque bebe de años, de siglos de una manera de entender el mundo donde somos nosotras las personas racializadas, las que siempre estamos en el parte más baja de la jerarquía. Poner el antirracismo como foco de lucha es imprescindible para lograr un cambio sistémico hacia una igualdad real”.
