Desde que fue detenida en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) el 7 de octubre de 2015, Enith Martínez Rodríguez acusa una estigmatización constante por su nacionalidad, género y orientación sexual. Ahora, el Instituto Nacional de Migración (INM) le niega la residencia que le corresponde por ley e incluso amenaza con deportarla.
Hace siete años, Enith visitaba México desde Colombia y fue detenida por la supuesta introducción de un fármaco psicotrópico al país. De acuerdo con su relato, al pasar los filtros de migración, le pidieron revisar su maleta sin encontrar nada. Después, la condujeron a un lugar apartado, donde los oficiales de turno insistieron en que sí traía un químico psicotrópico y la trasladaron a la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO).
Tras ser interrogada y sin poder leer su declaración, fue obligada para firmarla bajo la amenaza de que le harían daño a sus hijos y familia. Por el mecanismo de prisión preventiva oficiosa, ese mismo día fue privada de la libertad en el Cefereso 4 de Tepic, Nayarit, para después ser trasladada, el 17 de diciembre de 2015, al Cefereso 16, en Morelos.
Cuatro años después de permanecer privada de la libertad, finalmente se le dio una sentencia condenatoria. “Me dieron 10 años de prisión, y esto fue en el 2019. Con participación, buena conducta, etcétera, tramité (reducir) el 50%, que fue un beneficio que se abrió para delitos como el que yo traía; ante un sistema jurídico fui culpable porque, desafortunadamente, cualquier cosa que pudiera hacer para demostrar mi inocencia fue nula; entonces, al tener la sentencia firme, tramité el 50% y el 17 de abril de 2021 salí en libertad”, relata en entrevista.
La libertad condicionada que se le otorgó el año pasado está sujeta al cumplimiento de diversas obligaciones, como firmar de manera trimestral en el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en la Ciudad de México, acreditar actividades en las áreas laborales, educativas y deportivas, acciones a favor de la comunidad y el establecimiento de un domicilio.
Enith cuenta cómo ha seguido todos los pasos necesarios para su reinserción: además de que su buen comportamiento le permitió salir de la cárcel de manera condicionada, hoy estudia la carrera de Derecho en Morelos, tiene un trabajo en el que le dan permiso para ir a firmar cuando debe hacerlo e incluso es voluntaria en un grupo para mujeres en rehabilitación.
Ahora, casada con una mexicana aún privada de la libertad, tiene derecho a legalizar su estancia en el país mediante el trámite de regularización de situación migratoria por vínculo familiar. Hasta ahora, su permanencia en México está sujeta a una condición de estancia temporal que el INM le renueva cada 45 días. Por ello, en mayo de 2021, acudió a sus oficinas en Morelos para solicitar su residencia. Sin embargo, las autoridades migratorias se la negaron porque “derivado de sus antecedentes en México o en el extranjero se compromete la seguridad nacional o la seguridad pública”.
Reinserción social, un principio de la política migratoria
Enith relata que está por cumplir la sentencia por el delito que se le imputó, por lo que no puede seguir siendo considerada culpable toda la vida. Además, el artículo 2 de la Ley de Migración establece que debe ser un principio de la política migratoria “facilitar el retorno al territorio nacional y la reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias, a través de programas interinstitucionales y de reforzar los vínculos entre las comunidades de origen y destino de la emigración mexicana, en provecho del bienestar familiar y del desarrollo regional y nacional”.
Su esposa, afirma Enith, es su familia, depende de ella y tiene derecho a permanecer cerca. “Estudio, trabajo, soy voluntaria en un centro de rehabilitación, practico deporte; cumplo con todos los estándares, porque eso me lo exige el juzgado también, y al final terminé haciendo mi vida aquí, y para ellos nada de esto es valioso”.
“¿Cuál es el punto conmigo en específico, por mi nacionalidad, por mi orientación sexual o cuál es el tipo de discriminación que están usando en este caso conmigo? Son muy recurrentes, lo agarran como excusa o como justificación, o no sé cómo llamarlo, porque es muy insistente el hecho de estar diciéndome sobre el delito que cometí… Yo siento que no le corresponde a la entidad administrativa, porque ya lo jurídico hizo lo que le competía, verdad o mentira, culpable o inocente, ya se hizo lo que a la ley correspondía, y ya no puedo seguir cargando con eso todo el tiempo, menos porque les estoy pidiendo algo que me corresponde”, señala Enith.
En este momento, además, ya no solo se trata de poder tramitar su residencia por vínculo familiar, sino que incluso corre el peligro de ser deportada. Está por cumplir el 75% de su sentencia, el próximo octubre, por lo que podría acceder al beneficio de la libertad anticipada, con lo que quedaría a disposición de las autoridades migratorias que, inmediatamente, podrían tomar la decisión de deportarla, como se lo han hecho saber de manera reiterada.
“Migración se ha empeñado en señalarme, se han atrevido a hacerme acusaciones muy fuertes como que la empresa para la que trabajo la voy a usar como plataforma para traer migrantes. Es una acusación fuerte, es una calumnia, porque al final del día yo soy yo y la empresa es la empresa, cada quien que responda por los actos individualmente, pero no me pueden señalar por su dicho ‘Es que los colombianos están haciendo…’. Es un tema de nunca acabar, es una situación súper incómoda, realmente fastidiante”, lamenta Enith.
Discriminación sistemática y triple condena
La organización CEA Justicia Social decidió acompañarla en su defensa legal y asegura que la resolución del INM, al negarle la residencia, “es infundada y discriminatoria, ya que el motivo de fondo (y que recurrentemente se le recrimina a Enith por parte de personas operadoras del mismo Instituto Nacional de Migración) es que estuvo privada de la libertad y que actualmente se encuentra en libertad condicionada”.
Aunado a esto, acusan que el día que Enith se presentó a las oficinas del instituto en Morelos, fue detenida en el área de deportación por más de 10 horas, donde estuvo aislada, incomunicada y sin poder acceder a sus pertenencias. De manera constante, ha recibido tratos discriminatorios y la amenaza de ser deportada del país.
Por otro lado, se ha enfrentado a contradicciones y obstáculos por parte de las mismas autoridades, pues mientras la jueza le solicita cumplir con diversas actividades, el INM dificulta su acceso a documentos esenciales para continuar con sus estudios y trabajo, como la CURP.
De acuerdo con CEA Justicia Social, se le han negado de manera sistemática el acceso a derechos básicos como la salud, el principio de igualdad y no discriminación, e incluso el libre tránsito dentro y fuera del país, lo que le imposibilita visitar a su familia en Colombia con el riesgo de que su reingreso a México le sea negado. A ello se suma la amenaza que ha recibido por parte de agentes del INM de detener a su familia en el momento que quieran llegar de visita de Colombia.
Para Angela Guerrero, coordinadora general de CEA Justicia Social, hay una triple condena hacia Enith: la primera, la prisión preventiva oficiosa que la mantuvo cuatro años privada de su libertad esperando sentencia; la segunda, la serie de medidas que, lejos de acercarla a un proceso de reinserción social, la ajustan a una dinámica totalizadora que limita sus alternativas de vida y donde las autoridades solo están esperando a que dé un paso en falso, y la tercera, la postura del INM que, en lugar de cumplir su función administrativa y facilitar un vínculo de reunificación familiar, funge como una autoridad juzgadora más para Enith, como si fuera el Poder Judicial.
El INM, en cambio, tendría que ajustarse a una política de reinserción que no solo contemple el acceso a servicios, sino que incluya a todas las personas y todos los perfiles, también a los migrantes, pues, de lo contrario, se sigue afectando a las mujeres de manera desproporcionada. Otro factor a destacar, de acuerdo con Guerrero, es el alto nivel de discriminación sistemática en el INM —en específico a Enith, por ser mujer, extranjera, madre soltera, exprivada de la libertad y lesbiana—, mediante el cual su opinión se convierte en ley, lo cual se llama arbitrariedad.
La activista advierte que faltan poco más de 20 días para evitar que Enith corra la suerte de muchísimas mujeres que se han visto obligadas a regresar a sus países ante la falta de coordinación entre las instituciones que, en lugar de facilitar procesos de acceso a la justicia, estigmatizan. Hoy, para Enith, su preocupación y temor principal es ese: ser deportada.
“Ya son unos pocos días para definir mi situación jurídica, y si no hay una solución migratoria, no lo voy a hacer (tramitar la libertad anticipada) porque me siento expulsada; nada más están esperando cualquier cosa para regresarme y no veo la razón. Lo único que pido es mi residencia, no pido otra cosa… Solamente quiero establecerme aquí; tengo muchos motivos por los cuales no regresar a Colombia y uno de ellos está aquí, que es mi esposa; quiero esperar porque su situación jurídica no se resuelve, y para mí se convirtió en mi familia, en lo que tengo, en lo que somos aquí. Aparte tengo mi escuela, mi trabajo fijo”, sostiene Enith.
Estos momentos la hacen recordar lo difícil que es empezar de cero, una experiencia que ya conoce: “Cuando salí, fue solamente con la ropa que traía puesta y porque me la regalaron allá (en el Cefereso); no es por venir a hacerme víctima del asunto, sino que realmente así salimos todos, sin una base, muchos sin familia porque la mía estaba toda en Colombia, toda, y dije: ‘Qué voy a hacer’”.
Por fortuna, dice, contó con el apoyo de una de sus hermanas y de su papá. Después, consiguió trabajo con un jefe que la apoya al 100%. “Me costó muchísimo levantarme, no solo económicamente, sino emocionalmente, enfrentarme a enfermedades porque sales muy vulnerable de todo, y ni siquiera podía tener acceso a la salud porque resulta que Migración no podía darme una estancia correcta para poder tener acceso”, lamenta.
La amenaza de deportación es para ella como si estuvieran a punto de aventarla otra vez a empezar de cero, cuando no está pidiendo nada que no sea su derecho. Ha leído y releído la ley, asegura, para saber si existe algún candado o impedimento para que una persona con sus antecedentes y características pueda acceder a la residencia, y no lo ha encontrado. “No sé si estoy equivocada, pero igual voy a seguir en la pelea por demostrar que no pido algo que no me corresponda”, concluye.
