La ayuda enviada por parte del gobierno a Haití se enmarca en un proceso de deportación colectiva viciada y unilateral que no desarrolla un análisis de las circunstancias individuales de cada migrante.
El sismo de 7,2 en la escala Richter acaecido en Haití este sábado 14 de agosto ha dejado un total de mil 297 personas fallecidas y 5 mil 700 heridos según el último informe del Servicio de Protección Civil del país. Una tragedia de magnitudes indeterminadas en el territorio que suma 9 réplicas de magnitud superior a 4 posteriormente al terremoto.
El movimiento cuyo epicentro se produjo en la localidad de Los Cayos- a 160 km de la capital de Puerto Principie- provocó el desmoronamiento de 3 mil viviendas, mientras que 5 mil estructuras evidencian daños considerables, entre las que se cuentan escuelas, edificios, iglesias, comisarias y otros servicios públicos.
El terremoto ha movilizado la ayuda humanitaria internacional para efectos de solidarizar con el país que además se encuentra amenazado por la tormenta tropical Grace con la que se esperan lluvias torrenciales e inundaciones en la zona, según lo informado por el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos. Eso en el marco de una crisis de orden y seguridad pública por el reciente magnicidio del presidente Jovenel Moise y la renuncia del juez Mathieu Chanlatte a la investigación judicial del caso, por motivos que se asocian a la intimidación de bandas armadas.
Así, el gobierno chileno hizo llegar esta mañana a Haití una batería de recursos como medicamentos, kits de higiene, alimentos y artículos de primera necesidad, además de la disposición de transporte aéreo para efectos de que Panamá y Costa Rica hagan llegar sus ayudas al país afectado.
No obstante, el gesto solidario del Ejecutivo ocurre al mismo tiempo que se han registrado varias deportaciones colectivas en el que hasta a la fecha se han expulsado a 479 personas de distintas nacionalidades, por medio de procesos viciados y unilaterales que no desarrollan un análisis de las circunstancias individuales de cada migrante.
Una contradicción desde todo punto de vista, en la medida que la fraternidad que manifiesta el gobierno dista de la disposición que ha manifestado en su política migratoria. Así lo expresó la Doctora en Ciencias Políticas y académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, María Cristina Escudero, en conversación con el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, en la primera edición de Radioanálisis.
“A mi me parece que ha sido un error por parte del gobierno hacer esto de llenar aviones con migrantes y dar una señal política con respecto a la migración, porque detrás de eso hay situaciones humanas y situaciones jurídicas que han sido vulneradas. No lo digo como una opinión sino que ha sido la Corte Suprema la que ha dicho que se han vulnerado los derechos de los migrantes en Chile y que no se les ha permitido plantear su situación antes de subirlos a un avión. Creo que eso ataca el espíritu solidario chileno en general, no nos podemos decir un país solidario siendo un país que no respeta las normas internacionales de los migrantes que están en el país“, señaló.
Por su parte el Doctor en Educación, académico de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile y analista político, Ernesto Águila, valoró positivamente la ayuda humanitaria por parte del gobierno, no obstante, consideró que la verdadera contribución sería regularizar la situación de buena parte de la migración haitiana en Chile.
“Después del terremoto es muy claro que para la comunidad haitiana regresar es muy difícil y que en estos momentos lo que necesitan es poder enviar recursos a sus familias. Necesitan mejorar y estabilizar su situación acá, si uno quisiera ser realmente solidario debería haber un gesto a la comunidad haitiana chilena en términos de favorecer su inserción laboral, sus condiciones de vida, porque eso repercute allá. Eso sería concreto, solidario, latinoamericanista, más allá de la retórica y de pararse al lado de un avión con ayuda humanitaria”, afirmó.
En esa línea, Escudero coincidió en que es relevante ejecutar la ayuda humanitaria, en cuanto Chile tiene una capacidad instalada para hacer operaciones de paz, pero que en términos de política migratoria y en atención al sismo que azotó al país, se vuelve muy complejo el proceso de retorno de los ciudadanos haitianos en Chile. “Debería analizarse en qué están las familias, esa debería ser la política pública que debiese proyectarse y hacer una revisión de la política migratoria en términos generales, no solo a haitianos“, consideró.
Las organizaciones haitianas en Chile
Avanzar en materia de migración es lo primordial si de ayuda humanitaria se trata, consideró Yvenet Dorsainvil, ciudadano haitiano en Chile, en la medida de que el bienestar de las familias haitianas depende en gran medida de los recursos que el resto de sus integrantes puedan enviar desde el trabajo que desarrollan en otros países.
“Nosotros creemos que es muy importante porque si quieren ayudar humanitariamente a nuestro país, esa es una forma de ayudar. La diáspora haitiana en Chile es la tercera comunidad, después de Estados Unidos y Francia, que envía más dinero a Haití“, señaló.
Por este motivo y en atención a la crisis que golpea a la nación caribeña es que la Plataforma de Organizaciones Haitianas en Chile solicitaron por medio de una carta al gobierno que flexibilizara los criterios de migración con la finalidad de que las personas que obtuvieron su visa a través del primer proceso de regularización y que no han salido del país desde esa fecha, puedan tener la oportunidad de usar el mismo certificado de antecedentes para realizar sus trámites migratorios.
“El primer punto tiene que ver con que la persona que quiere postular al proceso de regularización tenga la posibilidad de hacerlo sin los antecedentes penales que se están pidiendo y que hace mucho tiempo no se pueden entregar, están esperando. De hecho el 17 de octubre termina el proceso y nosotros tenemos miedo a una expulsión, es decir que expulsen a la persona al país que está siendo tan afectado”, explicó Dorsainvil.
Otro requerimiento es que se habilite la alternativa de postular para la permanencia definitiva y al actual proceso de regularización migratoria, usando los pasaportes vencidos en atención a la dificultad del Estado haitiano para la renovación de estos documentos.
“Creemos que esto validaría el principio de igualdad contemplado en el artículo 19 número 2 de la Constitución chilena y al mismo tiempo, poner en práctica la Declaración de Cartagena de 1984″, especifican en la misiva.
Asimismo se busca que las solicitudes de reunificación familiar se realicen desde Chile, a través del gobierno chileno, “respetando el tiempo indicado por el decreto presidencial del 2018, y considerar la urgencia que requiere la revisión de las solicitudes de visa pendientes de hace más de un año”, detallan en la carta, agregando en que confían a que no procederá ningún proceso de expulsión en un contexto tan difícil.
“Si hay tanta humanidad entonces no tiene sentido que las personas que estén acá les llenen un documento para hacer sus cosas, para ir a una institución, para ir al banco a sacar su dinero tranquilamente. No tiene sentido que las personas estén indecisas pensando en que la pueden deportar después del 17 de octubre”, criticó Dorsainvil.
La carta enviada al presidente Piñera fue firmada por la Unión de Haitianos de San José de Maipo, ONG Buen Samaritano, ASMAEL, Movimiento de Trabajadores Haitianos de la Agricultura Chilena, MONTHAGRICH, Haitian Culture, Somos Historia, Haitianos de San Miguel, Quilicura en Vogue, Organización Mejor Futuro, 4 Sou Tab Lajenès y Premiere Eglise Baptiste Haitienne au Chili.
Fuente:radio.uchile.
