Por Ana Paula Penchaszadeh (*)
La situación de la población migrante en la Argentina, que según estimaciones recientes representa el 4.9% de la población del país, se halla determinada por la combinación de múltiples factores, como la nacionalidad de origen, la edad, el género, el nivel de formación, el tiempo de residencia y la pertenencia étnico-racial, entre otros. En esta nota, sin embargo, nos detendremos en un factor clave a la hora de evaluar el nivel de integración: el tiempo de residencia.
En los primeros años, la migración está signada por graves procesos de desclasamiento económico y marginación social. A su vez, a medida que transcurre el tiempo de residencia, todas las variables de integración local mejoran de manera considerable y muchas brechas se acortan. A lo largo de los 14 capítulos del Anuario Estadístico Migratorio de la Argentina 2020, que sintetiza los principales resultados de la Encuesta Nacional Migrante de la Argentina (ENMA), se puede observar una relación directa entre tiempo de residencia y el nivel de acceso a derechos.
Quien conoce la idiosincrasia argentina, sabe de la importancia que tiene el DNI para acceder a todo tipo de derechos, servicios y beneficios. Ahora bien, durante el primer año de arribo al país, solo un 1 de cada 10 migrantes logra obtener el DNI, mientras que entre quienes ya cuentan con 1 a 2 años de residencia en el país son 6 de cada 10, mejorando claramente esta relación con el paso del tiempo. Lo mismo puede observarse a nivel de los principales indicadores de integración: en los primeros años, es clara una mayor incidencia del trabajo precario, informal y subcalificado que, entre cosas, redunda en una dependencia más acusada del sistema público de salud (mientras que el 81% de los migrantes con menos de 5 años de residencia acude al sistema público de salud, esta proporción es del 59% entre quienes cuentan con más de 10 años de residencia) y en la imposibilidad de acceder a soluciones habitacionales formales y regladas (el 75% de los migrantes con menos de 5 años de residencia en el país informó haber dificultades habitacionales, mientras que entre quienes tienen más de 10 años de residencia este porcentaje se redujo a 41%. Para coronar esta desventajosa situación, la ENMA muestra cómo las personas recién arribadas no cuentan aún con redes socio-comunitarias de contención y, a su vez, enfrentan grandes dificultades para acceder a la seguridad social.
(*) La autora de este artículo es licenciada en Ciencia Política, doctora en Ciencias Sociales (UBA), investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani e integrante de la Red de Derechos Humanos del Consejo.
Fuente: diarioelargentino.
