“La OIM apoya a los esfuerzos del gobierno peruano en favor de las poblaciones más vulnerables. Junto a los países donantes estaremos apoyando la regularización de las personas que han ingresado al país de manera irregular, para lograr que la mayor cantidad posible de refugiados y migrantes pueden conseguir una calidad especial de residente”, señaló en el comunicado el jefe de misión de la OIM, Jorge Baca Vaughan.
Así, se busca que estas personas “puedan integrarse a la sociedad peruana y contribuir al desarrollo del Perú, que los ha acogido con los brazos abiertos”, indicó.
El acuerdo permitirá aumentar el número de módulos de atención al público, con puntos fijos e itinerantes, en los cuales se espera realizar el registro de datos biométricos de por lo menos 100.000 personas extranjeras que quieren obtener un documento que les posibilite su permanencia en el país de forma regular.
También se espera entregar por lo menos 40.000 Carnés de Permiso de Permanencia (CPP) durante la campaña de regularización que estará vigente hasta el 10 de noviembre de este año.
El convenio busca reducir las barreras, tales como la falta de recursos para el traslado, así como largos tiempos de desplazamiento y espera para la realización de trámites migratorios, que limitan a las personas extranjeras acceder a los servicios que ofrece Migraciones, especialmente los mecanismos relacionados a regularización.
De esta manera, mediante una cita previa, los usuarios tendrán la posibilidad de contar con un servicio cercano a su lugar de residencia, a través de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano (MAC), implementados y administrados por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
Los espacios móviles de atención se realizarán en los Puntos de Asistencia y Orientación a Personas Refugiadas y Migrantes, que implementará directamente la OIM en diversos lugares de Lima Metropolitana y Callao, y contarán con la participación de Migraciones a través de los “Migramóviles”, donde se darán servicios de información, orientación y regularización migratoria.
Según la Encuesta Dirigida a la Población Venezolana que reside en el país (ENPOVE 2022), el 35,3 % de refugiados y migrantes no cuenta con permisos de este tipo, lo que “les impide gozar plenamente de sus derechos humanos, acceder a servicios y al empleo digno, y contribuir al desarrollo de sus comunidades de acogida”.
Entre las causas para no acceder a la regularización se han identificado temas como la falta de información sobre los mecanismos vigentes y los permisos migratorios disponibles para permanecer en el país, a lo que se agrega no contar con medios electrónicos que les permitan acceder a mecanismos de regularización, expresó la organización. EFE
Fuente: Swissinfo
