12.02.2021
Por Rodrigo Verdejo (desde Colchane)
La existencia de redes transnacionales dedicadas al tráfico de personas es el dato imposible de soslayar en medio de la crisis migratoria de Colchane. Hasta ahora nadie ha logrado desarmar esas redes, incluso las autoridades chilenas reconocen que no saben demasiado sobre ellas. Culpan a los migrantes por no hacer las denuncias, y quienes migran acusan que los coyotes los estafan y les roban. CIPER reconstruyó la ruta que recorren los miles de migrantes venezolanos que desde fines de 2020 abarrotan la frontera norte del país. Esta es una historia de voluntades de hierro y de viajes sin papeles.
—Aquí no estamos porque queremos. Estamos porque la situación del país está brava, hermano. Un sueldo mensual son tres dólares cuando un kilo de arroz te cuesta uno. ¿Cómo tú sobrevives con eso? —pregunta Junior José Zambrano (31), ciudadano venezolano, mientras está sentado en el pasto reseco de la Plaza Brasil, en Iquique.
Originario de San Cristóbal, ciudad ubicada en el estado fronterizo de Táchira, Junior llegó el domingo 7 de febrero al campamento migrante montado en Plaza Brasil, luego de cumplir siete días de cuarentena en uno de los albergues especialmente habilitados en la zona para recibir inmigrantes y así descongestionar la crisis migratoria en el punto de entrada: Colchane
Junior es alto, delgado y en su brazo derecho lleva tatuado el nombre de su hija pequeña: Anyelith Juliett. Viste una polera Nike negra, un buzo plomo moteado y un gorro cubo con tintes azules. Cuenta que viajó solo desde Perú, lugar en el que residió junto a su familia durante cuatro años. Arribó el 27 de enero a Pisiga -la ciudad boliviana más próxima a territorio chileno- y cuando estaba por cruzar por su cuenta el inhóspito desierto altiplánico para llegar a Colchane, lo pensó dos veces: “El frío y la oscuridad eran demasiado, hermano. Dije no me voy a perder en este desierto y me devolví”.
Esa encrucijada en la que estaba Junior en Pisiga es la misma que enfrentan los miles de migrantes que por estos días han llegado a Chile a través de pasos no habilitados, o trochas como les llaman ellos. CIPER conversó con ciudadanos venezolanos que han llegado a Colchane e Iquique, y reconstruyó la ruta que utilizan para viajar por Sudamérica con destino final Santiago.
Junior Zambrano (derecha), Wilfer Valera (centro) y Diego Mejías (izquierda).
Como las fronteras están cerradas por la pandemia del Covid-19, recurren a agencias de viajes o a personas que los ayudan a burlar la vigilancia de policías y militares. Se exponen a estafas, a ser detenidos y también a la muerte. Hasta US$1.800 dólares pueden cobrar las agencias por el viaje Venezuela – Chile utilizando caminos que no aparecen en el mapa.
Junior ya había viajado miles de kilómetros cuando, muy muy cerca de la frontera con Chile, debió tomar una decisión. Le quedaba dinero para pagar un hospedaje en suelo boliviano, y así lo hizo. En ese lugar, cuenta, decidió contratar a un guía. “Me dijeron ‘si quieres pasar ahorita por la trocha tienes que pagar un guía’. Y bueno, me tocó pagar porque uno no conoce”, confiesa. “Estos son como coyotes”.
Partió, junto a otro grupo de personas, a las cuatro de la madrugada. Los coyotes se mueven en las fauces de la oscuridad, conocen su zona, dice Junior. Le cobraban entre 70 y 80 pesos bolivianos (entre $7.000 y $8.000), pero a otros de sus compatriotas les han llegado a cobrar hasta $30 mil por persona. “El ejército estaba ahí apostado y nos mandaron a bajar, que nos metiéramos en una cuneta. Ellos (los guías) se paran y observan. ‘¡Párense!, ¡caminen!’ y caminábamos. Nos dejaron en una casita abandonada que estaba ya en territorio chileno (Colchane) y nos dijeron que venía una convey (furgoneta) que nos iba a cobrar $70 mil para llevarnos hasta Huara”, relata.
Guías, coyotes, asesores, chuteros, chamberos o trocheros. Todos nombres con que se denominan a quienes cumplen una misma función en los puntos limítrofes: pasar personas por pasos no habilitados en la frontera a cambio de dinero. Entre Pisiga y Colchane, la mayoría de estas personas son ciudadanos bolivianos.
Pero esa es la parte final del viaje. Para los venezolanos que llegan por miles a las fronteras chilenas, la ruta comienza mucho antes, 5.000 kilómetros al norte de Colchane, en Venezuela.
PARTIENDO EN CÚCUTA
“Tuve que vivir muchas cosas: trochas, ríos, agua, sol, lluvia. De todo, de todo un poco”, dice Edily Bahamondes (24), quien es una de las miles de migrantes venezolanas que desbordan las calles de Colchane desde el inicio del colapso migratorio. El sábado 6 de febrero, llevaba siete días en esta comuna fronteriza, ubicada a 237 kilómetros de Iquique, la ciudad chilena más cercana.
El 16 de enero abandonó Venezuela. Edily cuenta que en Cúcuta, frontera colombiana-venezolana, existen individuos que cobran y prometen a los migrantes trayectos por distintos países, a través de pasos no habilitados, hasta Chile. “Unas personas que están ahí en la frontera venden estos pasajes y se encargan de pasarte por todas las trochas. Sea por la de Colombia-Venezuela, Ecuador-Perú y aquí cuando llegas a la frontera con Chile te dejan a tu suerte, desde aquí se acaba todo y tienes que guerrear”, dice.
Ese trayecto prometido que ofrecen estas redes en las fronteras no siempre se cumple. “Me estafaron con el pasaje. Supuestamente compré un pasaje hasta Chile y me dejaron varada en Lima. Te dicen que llegas ahí, te hospedas, que al día siguiente sale el carro, cuando es mentira. Desde ahí tuve que tirar dedo, pedir cola a camiones y carros”, cuenta Edily.
Frontera Perú – Ecuador
El relato de la ciudadana venezolana coincide con lo que el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía local del Tamarugal, Hardy Torres, señaló a CIPER sobre cómo operarían estas redes de tráfico de migrantes en Latinoamérica. “Lo que existe es una red que viene desde Venezuela, atraviesa Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y llega finalmente a Chile. En Bolivia en realidad existen dos aristas: una que va directamente a Brasil y otra a Chile. Son redes que están interconectadas, que se van apoyando entre ellas, recepcionando migrantes en distintas zonas y encauzándolos al lugar donde van dirigidos. No es una red nacional sino que es una red internacional que se dedica a esto”, sostiene el persecutor.
Las tarifas de estas agencias clandestinas nunca son fijas y los precios dependen de múltiples factores. Diego Mejías Rodríguez (27), ciudadano venezolano y uno de los amigos que Junior conoció en su emigración, explica que los precios “dependen de la situación y de la persona. A veces se aprovechan de la necesidad de la gente, les ganan con la psicología, les dicen si pasan por tal lugar los van a matar y así la gente se atemoriza”.
“Habitualmente las agencias que operan en Venezuela y en el límite con Colombia cobran desde 800 hasta 1.800 dólares por hacer la travesía. Consiste en hacer la ruta Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, desde Perú cruzan por Desaguadero hacia Bolivia y una vez ahí llegan hasta Pisiga”, detalla el fiscal Torres.
Los migrantes que parten de Venezuela deben atravesar cinco fronteras para cumplir el ansiado “sueño chileno”. Las trochas muchas veces son costosas y peligrosas, cuentan, implican riesgos y no son una alternativa confiable. “La gente del desespero paga el dinero”, dice Junior.
Frontera Perú – Ecuador.
EN MOTO POR LA TROCHA
La temperatura marca 31º grados en Colchane y Nicarlin Sosa (27) se esconde del sol junto a su familia bajo la sombra de un paradero. Dejó Venezuela hace tres semanas, partió del estado de Zuria con seis de sus familiares: su pareja, hijo, dos sobrinos y dos primos. “En Santiago nos espera mi mamá y la madre de mis dos primos”, dice.
Al igual que la mayoría de sus coterráneos que emprenden la travesía migratoria, Nicarlin contrató guías en cada frontera: “Tú sabes, por trochas. No metiéndonos por la vía o carretera principal, sino por montañas, ríos, ¿me entiende? Porque ahorita las fronteras están todas cerradas”.
En Colombia pasaron por Maicao, Riohacha y luego de un viaje de 1.261 kilómetros, llegaron a Cali. Para llegar a Tulcán, la ciudad ecuatoriana más próxima a Colombia, primero hay que arribar a Ipiales. “Hay ciertas personas en cada frontera que guían y nos dicen ‘vamos, yo cobro tanto’. Todos te caen encima para trasladarte porque hay muchos, entonces tú eliges a la persona que veas más honesta, porque no se puede confiar de todo mundo”, afirma. De acuerdo con el relato de los migrantes, la tarifa de los coyotes en esta zona es de al menos cinco dólares por cada moto que se aborde en el trayecto.
Nicarlin Soza.
Nicarlin cuenta así el trayecto luego de Cali: “Agarramos para Ipiales, ahí hicimos el cruce de frontera y nos dejaron en el terminal de Tulcán. La trocha estaba por detrás de una montaña. Bueno, esa frontera fue como las más pasiva, menos riesgosa que la de Perú”.
Creada a principios de 2015, la Brigada Investigadora de Trata de Personas (Bitrap) de Iquique es la unidad encargada de investigar delitos asociados al tráfico ilícito de migrantes en la región de Tarapacá. La comisaria Katherine Vásquez, jefa de dicha brigada, detalló a CIPER que “estamos estableciendo que el modus operandi es a través de agencias de viaje. Paralelamente en Colombia hay una investigación producto de la agencia Vive Online y aparte de esa -que es la más llamativa-, tenemos otras agencias identificadas. Hay dos formas: quien paga el viaje completo para que quede instalado en Chile y otra, que es quien va pagando por tramos. Pero esto no es nada nuevo, es algo que viene de hace mucho tiempo a la fecha”.
Lorena Zambrano, vocera de la Asamblea Abierta de Migrantes y Promigrantes (AMPRO) de Tarapacá, coincide en ese último punto: “Esta práctica viene de hace muchos años. Hoy se ve exacerbada por la contingencia de los compañeros venezolanos, pero esto siempre se ha conocido, siempre se ha denunciado y no entendemos por qué las autoridades no han hecho control. Ellos saben desde qué hora se ponen, saben que es en la madrugada, pero lamentablemente no sabemos por qué no se ha frenado este coyoterismo en la frontera”, se pregunta y aventura una hipótesis: “Tiene que haber una mafia detrás que no permite que esto se acabe”.
BALAZOS EN LA CAMARONERA
Desde Tulcán (Ecuador), Nicarlin y su familia llegaron directo hasta Guayaquil. La ciudad peruana más próxima para continuar el viaje hasta suelo chileno es Tumbes. Cruzar por ahí, cuenta, “fue todo un proceso”.
El primer obstáculo que tuvieron que sortear en la trocha de la frontera peruano-ecuatoriana fue una cañada, un lugar por donde pasa un río con caudal temporal. La cruzaron arriba de una tabla que instalan los mismos coyotes. “Ese el primer paso”, dice, “para llegar a unas moticos (motocicletas) que se montan de a tres personas y atrás tú tienes para subir los bolsos. De ahí empezamos un recorrido que también era como un desierto, había muchos montes”.
Cuenta que después esa moto los dejó en un sitio de la frontera y que ahí otro vehículo los llevó hasta un río. Con los niños en brazos, Nicarlin y su pareja vadearon el río por una zona con caudal bajo: “El agua nos llegaba hasta como por la cintura. Ahí agarramos otra moto que nos dejó en el terminal de Tumbes”.
Rodolfo Vásquez (42), venezolano e ingeniero civil, relata que para cruzar esta frontera le tocó arriesgar la vida. Atravesó un riachuelo también a través de una tabla. Pero él, a diferencia de Nicarlin, tuvo que correr por detrás de una empresa camaronera de la zona, esquivando las balas de los guardias que lo confundieron con un delincuente. “Es algo muy fuerte, muy fuerte. Imagínate el miedo que uno vive ahí”, dice sobre esa trocha que los guías del lugar ofrecían pasar por 20 dólares.
Acusa, también, que los militares replegados en la frontera peruano-ecuatoriana son los más violentos con quien les tocó tratar. “Las fuerzas armadas peruanas son las más brutas: usan armas, disparan, llevan tanques de guerra. ¡Cómo tú vas a llevar tanques donde ves pasar a unas personas con bolsos y sin armas! Veían a las mujeres gritar y ellos seguían haciendo esas cosas”, dice Rodolfo.
En Tumbes, Jenny Molina (28) y Jendry Murillo (31), pareja venezolana, dicen que los guías o asesores ya en esa zona se abalanzan encima de los migrantes para ofrecerles su servicio: “Te acosan cuando llegas al terminal. Ahí nos robaron dos bolsos con ropa, yo me imagino que fue esta misma gente”.
Jenny y Jendry pasaban las trochas por su propia cuenta. No pensaban pagar los 100 dólares que llegaban a cobrar los coyotes por su servicio. Y tampoco confiaban en ellos ni en su negocio.
Las razones para el recelo migrante ante el mercado de los trocheros son múltiples: “Ni siquiera los llevan al lugar prometido, sino que los dejan tirados a la deriva. A veces es porque quieren más dinero, por eludir controles militares o porque buscan retribuciones sexuales o de otro tipo. Por eso es importante el llamado a los compañeros que denuncien (el tráfico ilícito)”, sostiene Lorena Zambrano.
La ausencia de denuncias es uno de los principales escollos a los que se enfrentan las investigaciones en torno a estos delitos. “Ellos no se consideran víctimas. Hay que mirar más allá, en el sentido de que estas personas les facilitan el ingreso a Chile. No los ven como delincuentes. Entonces, tú te acercas a los migrantes y nadie te quiere decir que viajó por alguna agencia de viajes, nadie te va a decir que le pagaron a alguien. No se sienten vulnerados”, explica la jefa de la Bitrap, Katherine Vásquez. Desde el Ministerio Público, detallan que durante el 2020 registraron 19 denuncias por tráfico de migrantes en la región de Tarapacá.
Según confirmó a CIPER la Fiscalía local del Tamarugal, sólo hay 9 formalizados en las 30 causas vigentes que investiga el Ministerio Público por tráfico ilícito de migrantes en la región de Tarapacá. Mientras que, según estimaciones del fiscal Hardy Torres, desde el 2015 hasta la fecha se registran al menos 20 condenados por este tipo de delitos.
Hasta ahora solo han atrapado a individuos que hacen de guías en las trochas. Por ejemplo, el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio se prepara para el juicio contra una mujer haitiana acusada de cobrar $125.000 por ingresar a Chile, desde Bolivia, a un niño de 7 años para que se reencontrara con su madre. Son casos puntuales, no hay señas de que se hayan desbaratado redes transnacionales que se dediquen al tráfico de personas.
Recién ahora, cuando el colapso migratorio en Colchane se hizo público, el ministro de Defensa, Andrés Allamand, anunció que se activó un trabajo diplomático con Perú, Bolivia, Ecuador y Colombia para detener las redes internacionales que lucran con la migración sin papeles.
Para Romina Ramos, investigadora del Núcleo de Estudios Criminológicos de la Frontera (NECFRON) y académica de la Universidad Arturo Prat, el tráfico ilícito de migrantes no es un fenómeno reciente ni poco conocido, pero que se agudiza en contextos de restricciones limítrofes. “Con este tipo de medidas de cierre de fronteras vía disposiciones administrativas lo que ocurre, entre otras cosas, es que proliferan ciertos delitos transnacionales, como el tráfico de migrantes y la trata de personas. En la medida que tú aumentas la restricción en la frontera, la migración no se detiene, sino que se precariza. El resultado es el surgimiento de estas redes que muchas veces se aprovechan de la desesperación de las personas migrantes”.
DEL TITICACA A PISIGA
A los pies del lago Titicaca y a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, se encuentra una de las últimas fronteras que los migrantes venezolanos o de otros países de Latinoamérica deben cruzar antes de llegar a territorio chileno: Desaguadero (Perú).
Ana Camacho (19) y José Alexánder Hernández (31), ambos venezolanos, se conocieron en febrero del 2020 en Ecuador. Él llevaba cuatro años viviendo en ese país y ella, un par de semanas. Comenzaron una relación, se fueron a vivir juntos, se casaron y en noviembre decidieron que partirían a Chile.
Pasaron por las mismas ciudades fronterizas que sus compatriotas. Y una vez en Desaguadero padecieron el clima del sur del continente: “Un frío terrible, chamo. Horrible, horrible”, dice José. Bajo ese tiempo, se subieron a una balsa que los llevó hasta suelo boliviano.
Cruzar el Titicaca es un tramo obligatorio para todos quienes deseen pasar, sin ser detectados, por esa zona de la frontera peruano-boliviana.
Nicarlin cuenta que los trocheros entre Perú y Bolivia cobran 200 soles ($40.000) por el trayecto. “Nos llevaron por unos botecitos, unas lanchas que te pasan por el lago, y de ahí uno se monta para ir a La Paz”.
Edily lo relata parecido: “La de Perú-Bolivia fue un poquito fuerte porque tuvimos que pagar también plata que no teníamos, estábamos desesperados. Un bote nos pasó hacía Bolivia y ahí te cobran un pasaje a La Paz”.
Rodolfo Vászquez y Brender Dali, integrantes del Grupo Cero, colectivo de venezolanos que se encargó de mediar entre sus compatriotas y las autoridades chilenas en Colchane (vea reportaje en CIPER), cuentan que el precio en esa frontera por el servicio que ofrecen los guías es de 75 soles ($15.000) por persona. También dicen que el trayecto en lancha dura 15 minutos.
Luego de llegar a la capital boliviana, la mayoría se traslada a Oruro. Desde ahí se encaminan -algunos a pie, otros en buses- hacia la última frontera antes de Colchane: Pisiga.
FRENAR EL TRÁFICO
«Se sabe que si existe el ingreso masivo de migrantes también debe existir el tráfico de personas, el tráfico de migrantes”, dice sentado en su oficina el teniente de la subcomisaría de Colchane, Erick Marchant.
Mientras se toma una pausa de la labor que lo tiene ocupado desde hace semanas, recepcionar las casi 350 auto denuncias por día que hacen los migrantes para ser trasladados a residencias sanitarias, el teniente cuenta que han adoptado distintos procedimientos para intentar frenar el tráfico de personas.
“En el sur del complejo de Colchane, sector de Bofedales, con personal a mi cargo sorprendimos a un ciudadano boliviano transportando personas a pie, quienes al momento de fiscalizarlos denunciaron que dicho ciudadano a cambio de dinero los estaba ingresando a Chile. Una ciudadana chilena los esperaba con su vehículo al costado del sector, para trasladar a estas personas desde la frontera hasta Iquique. O sea, era una banda que estaba organizada en el país y en Bolivia”, relata y agrega que “está trabajando acá en el sector personal del OS-9, quien tiene bastantes investigaciones sobre esta materia”.
También en agosto del 2020, la Fiscalía de Alto Hospicio formalizó a dos ciudadanos haitianos por el delito de tráfico ilícito de personas. Los acusan de haber ingresado por pasos clandestinos en la frontera de Colchane a 18 adultos y cuatro niños de su misma nacionalidad. Según la Bitrap (la brigada de la PDI especializada en perseguir estos delitos) los 184 kilómetros de frontera en Colchane, y el acabado conocimiento que poseen los coyotes de la zona, hacen que este negocio sea fructífero a pesar de las restricciones fronterizas.
Entre las policías chilenas que custodian la frontera existen antecedentes que apuntan a que el negocio de los coyotes logra perdurar y mantenerse rentable también por otro factor: militares bolivianos estarían recibiendo sobornos a cambio de dejar transitar a los coyotes por la zona. Lorena Zambrano, vocera de AMPRO, comparte esas sospechas: “Esto es un secreto a voces”.
Fuente: Ciperchile
